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¿Qué ha pasado hoy, 28 de marzo, en Extremadura?

La alcaldesa de Guijo de Coria, a juicio por ofrecer trabajo a cambio de votos

Hoy arranca la vista oral en la que la Fiscalía reclama cinco años de inhabilitación para la regidora, Cristina Vicente

Celestino J. Vinagre

Jueves, 14 de julio 2016, 07:09

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Comienza en Plasencia el juicio contra Cristina Vicente Paule, alcaldesa de Guijo de Coria (unos 239 vecinos), acusada de ofrecer puestos de trabajo a cambio de votos. La vista oral en el juzgado de lo Penal número uno placentino, a la que irán una decena de testigos, se produce dos años después de que saltara el caso, aunque los hechos se remiten a las vísperas electorales de mayo de 2011.

Vicente, después de ocho años de regidora por el PP, sigue en el cargo ahora bajo las siglas de la Agrupación Independiente de Guijo con el apoyo de los ediles populares que están en la Corporación.

La Fiscalía considera que Vicente cometió delito electoral al haber ofrecido supuestamente puestos de trabajo municipales a cambio de votar al PP en los comicios de 2011. Le pide cinco años de inhabilitación para ejercer como edil o alcaldesa. También que no pueda votar durante ese periodo de tiempo y que, además, pague una multa de 1.680 euros. Además del fiscal hay acusación particular, representada por Iván Álvarez, que en la pasada legislatura, cuando era portavoz del PSOE, puso la denuncia en el juzgado de Coria.

El escrito de acusación del fiscal estima que en 2011 Cristina Vicente, «movida por el propósito de obtener votos para la candidatura de su partido», ofreció unas semanas antes de las elecciones a un vecino la posibilidad de continuar con su actividad laboral en el Ayuntamiento de Guijo a cambio de que él y su esposa votaran a favor de la lista del PP que entonces ella encabezaba. Votos gestionados por correo.

«Para garantizar la efectividad de su propósito, la acusada se encargaría de rellenar de su puño y letra» los datos correspondientes para que el matrimonio pudiera solicitar el voto por correo, «como así hizo de hecho, para posteriormente introducir la papeleta electoral de su partido una vez recibida la documentación, limitándose simplemente aquellos a depositar los sobres, ya cerrados, en Correos», señala el fiscal. Para el Ministerio Público esos hechos son delito electoral.

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