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La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en primer plano, y la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, durante la rueda de prensa ofrecida en Mérida
La Junta renuncia por ahora a la exención del IBI sanitario

La Junta renuncia por ahora a la exención del IBI sanitario

El Consejo de Gobierno elimina la medida del proyecto de Ley de Medidas Tributarias

Juan Soriano

Martes, 12 de julio 2016, 13:09

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La Junta de Extremadurarenuncia por ahora a dejar de pagar el IBI por los hospitales y centros de salud de la región. La medida ha sido retirada del proyecto de Ley de Medidas Tributarias, que hoy ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno para iniciar su tramitación en la Asamblea. Pero no descarta recuperarla en el futuro.

La propuesta legal contenía la modificación de la Ley de Patrimonio de Extremadura para que los edificios del Servicio Extremeño de Salud (SES) pasen a ser considerados servicios educativos. Esto supondría una exención en el pago, tal como recoge la Ley de Haciendas Locales. La medida tenía un impacto previsto de 2,3 millones, de los cuales en torno a la mitad corresponde al Ayuntamiento de Badajoz.

La consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Blanco-Morales, ha señalado que no hay motivos legales que impidan aplicar esta reforma, con la que se volvería a la redacción original de la Ley de Patrimonio de 2008, que fue modificada en 2012 durante el Gobierno de José Antonio Monago. Según ha indicado, tanto el Consejo de Estado como la Abogacía General de la Junta respaldan la legalidad de esta medida.

Sin embargo, ha señalado que, ante las alegaciones mostradas por algunas de las entidades locales afectadas, y en busca de un mayor consenso entre las administraciones públicas, se ha decidido renunciar a esta medida. El diálogo también abarca al PP extremeño, con el que pactó el resto de la ley y que se había mostrado en contra de su aprobación si incluía la exención del IBI sanitario.

Junto a esto, Blanco-Morales ha apuntado que no se descarta volver a plantear esta reforma a lo largo de la legislatura. Pero ha recalcado que la Junta quiere plantear un debate nacional sobre la financiación de las entidades locales, y por extensión de las comunidades autónomas, y sobre la modificación de la Ley de Haciendas Locales. También ha insistido en su compromiso de pagar a los ayuntamientos la deuda de la Junta por el IBI, que cifró en más de 20 millones de euros.

En cuanto al resto de la ley, mantiene la revisión que se anunció en febrero y que se pactó con el PP para la aprobación del Presupuesto 2016. La consejera de Hacienda ha recordado que se trata de una reforma de bajo calado, que plantea eliminar algunas bonificaciones, así como algunas medidas para mejorar la gestión de la Junta y luchar contra el fraude. También ha subrayado que se enmarca en los compromisos de la Administración regional de cumplimiento del déficit.

La modificación legal tiene un impacto de recaudación de cerca de 9 millones de euros al año. Sin embargo, las reformas que afectan al IRPF y al Impuesto de Patrimonio no tendrán efecto hasta el próximo ejercicio, ya que se aplicarán a la campaña que se tramitará en primavera. Además, el resto de medidas dependerá de la recaudación que se produzca a partir de la aprobación de la ley, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de octubre.

La ley contempla la modificación de dos tipos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, lo que reportará a la Junta 6 millones de euros. También plantea la reducción del mínimo exento del Impuesto de Patrimonio de 700.000 a 500.000 euros, lo que reportará algo más de 1 millón de euros; y eliminar la deducción del IRPF por la adquisición de segunda vivienda en el medio rural, lo que supondrá 483.000 euros. Asimismo, se suprimen las bonificaciones aprobadas el pasado año en el Impuesto de Donaciones (lo que aportará 1 millón de euros), se suben las tasas a máquinas tragaperras (975.000), se revisa al alza el gravamen por transporte de energía eléctrica de la ecotasa (500.000), se aumenta el Impuesto sobre eliminación de residuos en vertederos (450.000) y se crean nuevas tasas y precios públicos (25.700). Pero también se introduce un mínimo exento de dos metros cúbicos en el canon de saneamiento, lo que reducirá la recaudación en 1,5 millones de euros.

En cuanto al resto de asuntos del Consejo de Gobierno, se ha autorizado a Gisvesa la prestación del servicio de protección a las familias en riesgo de ejecución hipotecaria y de otros procedimientos de desahucio en la región, así como la contratación de los profesionales para esta oficina de intermediación bancaria por un importe total de 425.464 euros.

Asimismo, se ha aprobado un decreto de ayudas para fomentar la formación de jóvenes aprendices en los talleres artesanos con el objetivo de asegurar el relevo generacional y evitar que desaparezcan oficios. Consiste en una subvención directa por importe de 30.000 euros, que serán abonadas en tres anualidades de 15.000, 10.000 y 5.000 euros, respectivamente, para el primer, segundo y tercer año de contratación.

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