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La dotación de la renta básica en los presupuestos llegará a 86 millones en 2018

Pleno de la Asamblea de Extremadura
Pleno de la Asamblea de Extremadura / HOY
  • Las peticiones de renta básica deberán resolverse en tres meses

Las solicitudes de renta básica deberán resolverse en un plazo máximo de tres meses. Superado ese periodo, se aplicará el llamado silencio positivo, según el cual la demanda será atendida aunque no se haya resuelto el procedimiento. Será una de las principales novedades de la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social, que ha sido aprobada por la Asamblea de Extremadura con el voto a favor de PSOE y Podemos y la abstención de PP y Ciudadanos.

Además de este punto, que sustituye la propuesta inicial de la Junta de elevar el plazo de resolución a seis meses, en el nuevo texto legal también se incluirán compromisos presupuestarios para las ayudas contra la exclusión social. En concreto, según una propuesta del PSOE apoyada por Podemos, la renta básica contará con 86 millones de euros en un periodo de dos anualidades, peor lo que se alcanzará este compromiso en 2018.

Esta medida también se extenderá a los mínimos vitales, que llegarán a 12 millones en dos años, y las ayudas a contingencias, que contarán con 3 millones. Asimismo, el gas natural formará parte de las ayudas a mínimos vitales. El texto inicial garantizaba ya el derecho a tener cubierto el suministro de 100 litros de agua potable al día y 6 kw/hora al día de consumo eléctrico.

Vía enmienda también se ha incorporado que la ayudas para contingencias estén sujetas a una única convocatoria anual abierta todo el año. Para acceder a ellas, se ha delimitado hoy que es necesario estar empadronado en alguno de los municipios de Extremadura con una antigüedad de seis meses.

El Parlamento regional ha acogido hoy el debate de la Ley de Medidas contra la Exclusión Social, derivado del decreto-ley que fue aprobado por la Junta de Extremadura y que se transformó en proyecto para que se pudieran incluir enmiendas de los grupos parlamentarios.

El proyecto recibió 96 enmiendas, de las que tres fueron retiradas y otras diez vetadas por la Junta debido a que suponen un aumento del gasto en el Presupuesto autonómico de este año.

Las 83 enmiendas restantes se han sometido hoy a debate, aunque durante la tramitación una decena ha sido retirada y 16 han sido transaccionadas por el resto de grupos. En su mayor parte se trata de iniciativas de Podemos que han sido modificadas por el PSOE, lo que ha facilitado el acuerdo entre ambos grupos.

En la votación final más de 40 enmiendas han sido aprobadas (las siete que seguían vivas del PSOE, 24 de Podemos, diez del PP y la única de Ciudadanos), lo que da una idea del grado de acuerdo entre los grupos, aunque lo cierto es que se han producido votaciones de todo signo. La fórmula más repetida es el acuerdo entre PSOE y Podemos, pero también han salido adelante enmiendas del PP con el apoyo de Podemos y Ciudadanos.

La propuesta legal aprobada hoy contempla la universalización de la sanidad para atender a extranjeros no residentes, la reforma de la renta básica, la regulación de las ayudas a mínimos vitales y contingencias y modificaciones en materia de vivienda, como considerar que la ocupación no será motivo de exclusión en procesos de adjudicación si el interesado acredita que solicitó previamente un piso social.