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Juan Soriano
Lunes, 6 de junio 2016, 00:36
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La reforma fiscal que prepara la Junta de Extremadura limita su impacto este año. La propuesta del Gobierno regional, pactada con el PP durante la negociación de los Presupuestos autonómicos para 2016, consistía en una revisión de mínimos que sólo suponía 7,5 millones de ingresos para las arcas regionales. Pero el retraso en la tramitación reducirá su efecto a unos 3 millones de euros.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública inició en marzo la tramitación de la Ley de medidas tributarias, patrimoniales, financieras y administrativas con la exposición al público del anteproyecto. La norma contempla eliminar una deducción del IRPF (lo que aportará 483.000 euros) y rebajar el mínimo exento en el Impuesto de Patrimonio (con lo que la Junta ingresará 1.050.000 euros). Pero ambas cuestiones no tendrán efecto hasta el próximo año, cuando se hagan las liquidaciones de 2016.
Para el presente ejercicio sólo tendría impacto la revisión de dos tipos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (6 millones de euros), la supresión de las bonificaciones para donaciones creadas el pasado año (1 millón), la subida de la tasa para máquinas recreativas (940.000 euros), el incremento de la ecotasa en la modalidad de transporte de energía, telefonía y telemática (500.000 euros) y el aumento del Impuesto sobre eliminación de residuos en vertedero (450.000), a lo que se añade un pellizco de 25.700 euros por cuatro tasas.
Pero la ley también plantea rebajar el canon de saneamiento al dejar sin cobrar los dos primeros metros cúbicos de consumo, con lo que la Junta dejaría de ingresar 1,5 millones. En total, las medidas aportan algo más de 7,4 millones para las arcas regionales.
Sin embargo, el tiempo juega en contra de estas previsiones. El texto debe pasar primero por el Consejo de Estado, que aún no ha emitido su dictamen. En su última sesión, del pasado jueves día 2, no aparece la norma extremeña en la relación de asuntos tratados. Su propuesta no es vinculante, pero es imprescindible para que el Consejo de Gobierno de la Junta pueda aprobar el proyecto de ley y remitirlo a la Asamblea para su aprobación.
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