El fiscal acusa a Mateos de falsear cuentas de una empresa

Esta empresa se dedicaba a la construcción y promoción inmobiliaria y Mateos era consejero desde el año 2004. Su dimisión como tal se registró el 7 de diciembre de 2011. La empresa trasladó su sede de Navalmoral a Madrid, y fue un juzgado madrileño el que decretó su concurso de acreedores en 2012.

Mucho antes, dos socios de Área CyO acusaron a Rafael Mateos y a otros seis miembros del consejo de administración, entre ellos el también concejal moralo Miguel Ángel Sierra, de la empresa de haber hecho desaparecer activos de la compañía por un importe de hasta 16 millones de euros. En el año 2008 se abrieron diligencias judiciales contra los siete miembros del consejo de administración. Se les acusó de estafa y fueron absueltos tras celebrarse un juicio.

En 2011, los mismos socios de Área CyO fueron acusados de nuevo pero esta vez de haber cometido un delito societario. Mateos y Sierra fueron imputados por el juzgado de instrucción número 2 de Navalmoral en abril del 2015, pero en octubre del mismo año la Audiencia Provincial echó para atrás el procedimiento por defectos formales. Este procedimiento es el que seguiría ahora en marcha. Según la acusación particular, que representa a los dos socios de la empresa constructora supuestamente engañados, los siete se quedaron dinero de la empresa al falsear las cuentas, y por supuestas irregularidades contables relacionadas con dos ventas de terrenos.

En el escrito de la Fiscalía, esta no observa indicios suficientes de que se produjera engaño en esas dos operaciones de los años 2005 y 2010, pero sí ve irregularidades en las cuentas anuales presentadas por la empresa.

Asimismo, la Fiscalía no acusa a los siete consejeros como se le solicitaba, sino a cinco. Entre ellos se encuentran el exalcalde de Navalmoral de la Mata y senador en la breve legislatura que acaba de finalizar (vuelve a ser candidato en las filas del PP para el 26 de junio) y Miguel Ángel Sierra, antiguo edil durante el mandado de Mateos.

El fiscal cita, para acusarles, el artículo 290 del Código Penal, conocido como 'de delito contable', que castiga con pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses a «los administradores, de derecho o de hecho, de una sociedad constituida o en formación que falseen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a ella, a alguno de sus socios, o a tercero».

El procedimiento judicial se va a dilatar ya que la Fiscalía pide que se vuelva a tomar declaración a un testigo. La grabación de su testimonio en el juicio que se celebró prácticamente no se oye.