La ley extremeña contra la exclusión social se tramitará por vía de urgencia

El Pleno de la Asamblea ha debatido este jueves este cambio en la tramitación de la norma, que contempla, entre otras medidas, la universalización de la sanidad pública, la agilización de la renta básica y de las ayudas para mínimos vitales, así como plantear soluciones habitacionales y evitar desahucios para quienes no pueden pagar.

De este modo, y tal y como ha avanzado tras la votación la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, los portavoces de los grupos parlamentarios acordarán un calendario para la tramitación de la norma al término del Pleno.

No obstante, y pese él acuerdo unánime, durante el debate se han puesto de manifiesto las críticas de la oposición a la actuación de la Junta en esta materia, y en concreto por el retraso en la puesta en marcha en estas medidas tras un año de legislatura, que no haya abierto un diálogo sobre la misma con anterioridad, al tiempo que han criticado el riesgo de que algunas de estas medidas sean inconstitucionales, como así han advertido informes consultivos como el del Consejo de Estado.

En su exposición, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha subrayado que las últimas cifras de la encuesta de condiciones de vida del INE, que indican que el 29% de los extremeños está en riesgo de pobreza (siete puntos por encima de la media nacional), justifican la adopción de "medidas excepcionales" y hacerlo además con la "agilidad" parlamentaria necesaria, por lo que ha agradecido la propuesta tanto de Podemos como del PP para que la tramitación se realice por la vía de urgencia.

Riesgo de inconstitucionalidad

Por otro lado, ha justificado el retraso de las medidas por la aprobación el pasado 1 de abril de los Presupuestos Generales de la Junta, al mismo tiempo que remarcado los esfuerzos de la Junta por "asegurar la calidad" de la norma.

En este sentido, se ha referido a las advertencias del Consejo de Estado con respecto a la posible inconstitucionalidad de la norma por razones de incompentencia en lo que se refiere tanto a la universalización de la sanidad pública como a las ayudas para mínimos vitales.

En cuanto al primer motivo, Vergeles ha remarcado que la Junta ha decidido seguir adelante con la norma por una razón de "salud pública", y atendiendo a las competencias que le atribuyen el Estatuto de Autonomía de Extremadura dentro del territorio extremeño, y que asimismo responde a las leyes de salud o a la Ley General de Sanidad.

Sobre los mínimos vitales, se ha preguntado si sería "serio" que un Gobierno en funciones como el actual planteara un recurso de inconstitucionalidad contra una norma que pretende garantizar el suministro de agua a familias que no lo pueden pagar, teniendo en cuenta las cifras de la citada encuesta del INE.

Vergeles ha explicado algunas de las medidas que contempla el decreto aprobado por la Junta, que a partir de ahora recibirán las propuestas de los diferentes grupos parlamentarios a través de sus enmiendas, y para lo cual tanto el gobierno como la oposición han acordado abrir un diálogo.

Agilidad

Según el consejero extremeño, además de establecer la universalización de la atención sanitaria en la comunidad, para poder atender también a los inmigrantes en situación irregular, se adoptarán medidas para agilizar la tramitación y concesión de la renta básica, manteniendo siempre abierta la convocatoria, eliminando plazos para el reconocimiento de los plazos y el pago o estableciendo el silencio positivo de la administración.

También recoge medidas contra la pobreza energética, que según ha señalado Vergeles la Junta ha aprendido de las medidas de urgencia del pasado invierno, de modo que se sustituirán las ayudas directas a las familias que tengan derecho a las mismas por convenios con las distribuidoras. Asimismo se establecen cambios en la adjudicación de viviendas sociales, como su adjudicación por criterios sociales y no por sorteo, para que recaigan sobre las familias con mayores necesidades.

Diálogo

El diputado del Grupo Popular José Ángel Sánchez ha tendido la mano de su formación para dialogar y mejorar esta ley, si bien ha reprochado al consejero el intento de la Junta por aprobar sin acuerdo estas medidas mediante un "decretazo".

Asimismo ha recordado que el presidente del PP, José Antonio Monago, ya ofreció el pasado viernes un "diálogo sincero" al respecto, y ha insistido en que su formación trabajará por mejorar una norma que en su opinión puede tener "los días contados" si tras su aprobación el Gobierno, atendiendo al informe del Consejo de Estado, plantea una cuestión de inconstitucionalidad.

Sánchez Juliá ha señalado asimismo que tal y como está planteada también supone un "retroceso" y un "recorte" en los derechos de los extremeños, al enteder que elimina el pago retroactivo de la Renta Básica y al elevar de tres a seis meses el plazo máximo de tramitación. En cuanto al silencio positivo que recoge, asegura que es una burla, puesto que contempla asimismo una revisión por parte de la Junta --que podría conllevar la denegación de la ayuda--, para la que no se fija un plazo máximo.

Por otro lado, ha reprochado que en materia de vivienda la norma perjudique a los ciudadanos que cumplen con la ley frente a quienes no lo hacen. En concreto, considera que los cambios en esta materia son una "invitación a pegar una patada en la puerta" para ocupar una vivienda social.

Por todo ello, ha aceptado la invitación al diálogo y ha tendido su mano para salvar estos "escollos" que suponen un "recorte" en los derechos de los ciudadanos.

Ley más amplia

Por su parte, el diputado de Podemos Daniel Hierro ha dado la bienvenida a los cambios introducidos en esta materia y ha avanzado que su formación "empujará" para que esta Ley sea "lo más amplia posible".

No obstante, ha puesto en duda las intenciones de la Junta, debido a que considera que desde que la toma de posesión de hace un año se han sucedido varios "incumplimientos" en la materia. Así, ha señalado que aún no se ha resuelto el "lío" de la Renta Básica que tiene su origen en la anterior legislatura, con el retraso acumulado de seis meses en el pago de las prestaciones ya reconocidas a unas 3.400 familias, y que el consejero ha anunciado que se abonarán en la última semana de mayo o en la primera de junio.

Por todo ello, ha advertido que si dentro de seis meses continúa esta "situación vergonzosa y patética" en la que se retrasa el pago de un derecho reconocido, denunciará este "paripé" y será la "gota que colma el vaso".

La diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, también ha apostado la tramitación por vía de urgencia de un proyecto de ley que ha definido como un "cajón desastre", por contemplar una "amalgama" de medidas de diferentes ámbitos.

Así, ha reprochado a la Junta que estos cambios "llegan tarde" tras iniciarse su tramitación nueve meses después de la toma de posesión del ejecutivo de Guillermo Fernández Vara, así como el intento de aprobarlo en solitario mediante un decreto pese a no contar su grupo parlamentario con la mayoría de la Cámara.

Por último, la diputada del Grupo Socialista Estrella Gordillo ha defendido la urgencia de estas medidas para atender las necesidades de una "parte muy importante" de la ciudadanía, así como los esfuerzos del ejecutivo regional socialista por "recuperar derechos" en Extremadura.