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Juan Soriano
Miércoles, 18 de mayo 2016, 07:16
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No a la supresión del IBI sanitario, pero sí a la posibilidad de que los ayuntamientos de la región creen bonificaciones para que la Junta no tenga que pagar este tributo municipal. El PP extremeño ofreció ayer esta alternativa al Gobierno regional, que insiste en ahorrar ese dinero para mejorar la financiación de la sanidad extremeña.
El anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, que contiene la reforma fiscal que han pactado PSOE y PP, recoge una modificación de la Ley de Patrimonio para que todas las dependencias, instalaciones y edificios del Servicio Extremeño de Salud (SES) tengan la afectación a servicios educativos. Esto eximiría del pago del IBI a 13 hospitales y 109 centros de salud del organismo autonómico, que ahorraría así cerca de 2,4 millones de euros.
Con esta modificación se pretende volver a la redacción original de la Ley de Patrimonio, que fue aprobada por el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara en su primera etapa al frente de la Junta. Esta disposición fue derogada en el año 2012 por el gobierno del popular José Antonio Monago, quien pagó el IBI con efecto retroactivo.
El PP extremeño, cuyo voto será necesario para aprobar la Ley de Medidas Tributarias debido a que la reforma fiscal no contenta a Podemos, se ha mostrado en contra de esta medida al considerar que mermará los ingresos de los principales ayuntamientos de la región. Para conocer su impacto y si se plantean compensaciones, presentó una pregunta en la Comisión de Hacienda de la Asamblea, que ayer fue respondida por la secretaria general de la consejería, María Ascensión Murillo.
Según dijo Murillo, en el caso de que la propuesta salga adelante la compensación sería para todos los ciudadanos de la región gracias a la mejora del servicio sanitario, concretamente con la reposición de celadores en centros del medio rural.
El diputado popular Luis Alfonso Hernández Carrón replicó que la medida no sólo afecta a la financiación de los ayuntamientos, sino que incumple la ley. Para ello, recordó que la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda indicó en 2011 que la Administración regional no puede eximirse del pago de tributos municipales. Por ese motivo, pidió que la Asamblea no apruebe la medida que pretende aplicar la Junta de Extremadura.
Hernández Carrón recalcó que el dinero que reciben los ayuntamientos por este concepto sirve para asumir servicios relacionados con el funcionamiento de los centros sanitarios, como limpieza viaria y recogida de basura.
Por todo ello, pidió a la Junta que retire su propuesta y que en su lugar trate de llegar a acuerdos con los municipios afectados para que planteen bonificaciones para los edificios del SES.
Argumentos a favor
En su segundo turno de intervención, Murillo indicó que también hay argumentos legales que respaldan la iniciativa de la Junta. Por ejemplo, indicó que la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias estipula que todos los centros sanitarios se pondrán a disposición para la obtención de los títulos oficiales y que por tanto estarían afectos a servicios educativos.
Pero apuntó que la Asamblea no es el lugar donde dirimir cuestiones jurídicas, sino que se plantea una actuación política que pretende solventar los problemas de financiación de la sanidad. «Queremos que sean solidarios los ayuntamientos que un día tuvieron la suerte de ver en su suelo una instalación que les ha reportado miles de puestos de trabajo, con miles de arrendamientos, consumo, gastos de hostelería, etc.», apuntó.
La secretaria general de la Consejería de Hacienda subrayó que las cantidades que se ahorren se destinarán a servicios sanitarios, especialmente en municipios de zonas rurales «que nunca tuvieron la suerte de tener un hospital».
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