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Anticorrupción ve indicios de delito en los cursos de formación

La Fiscalía ha remitido la denuncia al Juzgado de Instrucción nº 1 de Badajoz por una diferencia contable de 2,4 millones entre los gastos justificados y los importes abonados a la patronal Creex y los sindicatos UGT y CCOO

Ángela Murillo

Lunes, 9 de mayo 2016, 14:56

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La Fiscalía Anticorrupción ve indicios de delito en los fondos de los cursos de formación en Extremadura. El Ministerio Fiscal ha presentado este lunes una denuncia ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Badajoz para que investigue un presunto fraude en las subvenciones, por la supuesta falsificación de facturas de cursos de formación para ocupados en la región. Las entidades investigadas son la Confederación Regional Empresarial Extremeña Creex- y los sindicatos UGT y CC OO. La Fiscalía considera que estas entidades podrían haber cometido delitos continuados de fraude en la subvenciones y falsedad documental.

Anticorrupción precisa que se han detectado diversas irregularidades "al existir discrepancias y distorsiones entre los gastos justificados ante la Administración, a efectos del cobro de las subvenciones, y los importes realmente pagados como costes de actividad, siendo los primeros muy superiores a estos últimos". El importe de las subvenciones cuestionadas sería de 1.7 millones de euros en el caso de la Creex; 400.133 euros, en el de UGT; y 311.897, en el de CC OO.

Anticorrupción inició sus investigaciones a raíz de la comparecencia de Miguel Lozano, director gerente del Sexpe del anterior gobierno regional de José Antonio Monago, quien puso en conocimiento de la Fiscalía la existencia de posibles irregularidades detectadas en el proceso de justificación de gastos llevados a cabo por los beneficiarios de las ayudas públicas derivadas de la convocatoria de 2011 de la Consejería de Igualdad y Emplo, destinada a la realización de planes formativos intersectoriales dirigidos a trabajadores ocupados en Extremadura.

Asumidas las diligencias por parte de la Fiscalía, se recabó documentación sobre "más de 600 actividades formativas, 10.000 alumnos y más de 500 docentes". En la investigación colaboraron la Intervención General de la Junta, en funciones de auditoría, la Agencia Tributaria, suministrando datos de contraste fiscal, y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Tras estas actuaciones, el escrito del Ministerio Fiscal sostiene que hay indicios relevantes que evidencian la existencia de posibles infracciones penales cuyo tratamiento requiere su "ineludible la judicialización para maximizar las garantías de los investigados y completar la búsqueda de la verdad".

CCOO ha reaccionado al respecto, mostrando su confianza en que esta investigación aclare de manera definitiva que la actuación del sindicato fue "totalmente correcta". Por su parte, el PP ha emitido una nota defendiendo la actuación del Ejecutivo presidido por Monago al denunciar el presunto fraude.

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