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Aeefor irá a Fiscalía por adjudicaciones "irregulares" en la anterior legislatura

  • El PP advierte que esta amenaza responde a su petición de que se investiguen las declaraciones de Castañares y otros responsables de la asociación respecto a posibles fraudes en la venta de madera quemada del incendio de Gata

La Asociación Extremeña de Empresas Forestales y de Medio Ambiente (Aeefor) ha anunciado que llevará a la Fiscalía "graves irregularidades" cometidas en la adjudicación de obras y servicios forestales en la pasada legislatura al resultar beneficiadas, según denuncia, empresas vinculadas a altos cargos del Gobierno de José Antonio Monago.

En concreto, menciona a las sociedades "Ambienta" y "Puebla y Estéllez", pertenecientes a las familias de quienes en aquella época eran director del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex), Germán Puebla Ovando, y del director general de Medio Ambiente, Enrique Julián Fuentes.

En un comunicado, señala que estas dos empresas recibieron subvenciones de distintos departamentos de la Administración autonómica, principalmente de la Consejería de Agricultura.

En concreto, menciona el aprovechamiento de las subvenciones a la regeneración de terrenos adehesados que regula el Decreto 22/2013, que gestionaba la propia Dirección General de Medio Ambiente a través del Servicio de Ordenación Forestal.

Se trataría de subvenciones dirigidas a los propietarios de terrenos adehesados que iban destinadas a la realización de distintas mejoras de las dehesas extremeñas.

La asociación, según indica, tiene conocimiento de que "buena parte" de estas obras habrían sido diseñadas, presentadas, ejecutadas y cobradas por empresas del sector forestal que operan en la región.

Según su información, las dos empresas citadas "podrían haber resultado beneficiarias de buena parte de esas subvenciones, al haber ejecutado y cobrado buena parte de las mismas".

Añade que según los datos extraídos de la página web de una de ellas, la gestión de esas subvenciones habría alcanzado más de 3.500 hectáreas de superficie en el caso de "Ambienta" y, según fuentes del propio Servicio de Ordenación Forestal, aún más en el caso de "Puebla y Estéllez".

"Como quiera que estos hechos pudieran ser constitutivos de delito, Aeefor los va a poner en conocimiento del Fiscal", asevera la asociación en su nota.

En estos hechos implica además al ex consejero de Agricultura José Antonio Echavarri, "que fue quien otorgó las subvenciones" a propuesta de la Dirección General de Medio Ambiente y el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, así como al jefe de este último departamento, José Luis del Pozo, que sigue ejerciendo el mismo cargo en la actualidad "a pesar de ser de libre designación y especial confianza política".

El PP también acusa

El portavoz del PP en la Comisión de Investigación sobre el incendio en Sierra de Gata, Saturnino López, ha reclamado hoy a la AEEFOR que “no huya hacia adelante” en relación a las irregularidades cometidas en la contratación de las obras del post incendio de sierra de Gata y desveladas por sus propios miembros, en declaraciones ante la citada comisión.

En este sentido, el diputado del PP ha enmarcado las “amenazas” de Aeefor de trasladar a la Fiscalía presuntas adjudicaciones irregulares de la pasada legislatura al hecho de que el PP ha pedido que se deduzca testimonio de las declaraciones del presidente de la asociación, Francisco Castañares, y de otros integrantes de esta entidad por si fueran constitutivas de un posible delito y para que se eleven a la Fiscalía.

Saturnino López ha preguntado al presidente de Aeefor si también llevará a la Fiscalía a los actuales responsables de la Consejería de Medio Ambiente del gobierno socialista, al haber dicho ante la comisión de investigación que “se estaba cometiendo un fraude en la venta de la madera quemada”.

El diputado 'popular' ha detallado que en la comisión de investigación del incendio “ha quedado acreditado” que en el proceso de contratación de las obras de acondicionamiento de las zonas afectadas, de las seis empresas adjudicatarias, cuatro pertenecen a Aeefor y que, a su vez, estas empresas subcontrataron también con otras que son miembros de esta misma asociación, en base a criterios de reparto y de facturación que son “totalmente contrarios a lo que dice la Ley de Contratos”.

El importe de las adjudicaciones ascendió a casi cinco millones de euros, ha concretado, y ha explicado que todas estas contrataciones de la Dirección General de Medio Ambiente se realizaron de manera directa, a través de llamadas telefónicas a las empresas beneficiarias.