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La nueva ley está en tramitación, pero hasta su aprobación es imposible sancionar
Un vacío legal anula 450 denuncias a bares que incumplen la hora de cierre

Un vacío legal anula 450 denuncias a bares que incumplen la hora de cierre

La Ley de Seguridad Ciudadana obliga a la Junta a legislar en esta materia, pero nueve meses después el nuevo texto sigue sin aprobarse

Evaristo Fernandez

Martes, 29 de marzo 2016, 00:25

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Casi 450 denuncias impuestas por los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil en Extremadura contra bares y discotecas que incumplen el horario de cierre o funcionan sin licencia quedarán en papel mojado tras la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

La razón está en que ese nuevo texto legal, de aplicación obligada en todo el territorio nacional, no incluye el artículo referido a esta cuestión que sí aparecía en la Ley de Seguridad Ciudadana y Espectáculos Públicos de 1992.

La ley aprobada en la década de 1990 indicaba con claridad cuál debía ser el castigo que se impusiera a los establecimientos de ocio que incumplieran las normas en vigor. Pero en el año 1995 fueron transferidas a las comunidades autónomas las competencias en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, donde se incluye el control de horarios.

Aquel cambio quedó recogido en una ley, pero fueron pocas las comunidades autónomas que decidieron legislar sobre la nueva competencia que se les había transferido porque podían seguir aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992.

Hasta 2015 no hubo ningún problema y los bares o discotecas que incumplían los horarios eran sancionados de acuerdo con la antigua normativa.

Pero esa situación cambió el 1 de julio de 2015 con la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, en la que ya no aparecen los artículos que castigaban el incumplimiento en materia de horarios.

El jefe de servicio de Interior y Espectáculos Públicos de la secretaría general de Administración Local de la Junta de Extremadura, Víctor García Vega, explicó ayer a HOY que el gobierno de José Antonio Monago trató de solucionar ese problema sacando adelante un decreto ley regional en el que se recogían las infracciones y la tabla de sanciones que debían imponerse a los locales de ocio en caso de incumplimiento.

Su intención era aprobar el decreto antes del 1 de julio de 2015. Pero García Vega ha explicado que el Consejo Consultivo de Extremadura no informó sobre ese decreto ley por entender que no era conveniente pronunciarse en período electoral.

Los comicios regionales se realizaron el pasado 24 de mayo, hubo cambio de gobierno, y cuando entró Guillermo Fernández Vara se retomó el proceso de aprobación del decreto ley tal y como había sido redactado por el gobierno anterior.

Pero en ese momento el Consejo Consultivo sí dictaminó que lo conveniente era que esos artículos se recogieran en una ley ordinaria y no en un decreto ley, figura que se utiliza cuando existen razones de urgencia o de extrema necesidad que obligan a legislar de forma rápida.

La imposibilidad de que el decreto ley saliera adelante obligó a trasladar el texto del decreto ley a un anteproyecto de ley que pasó por el pleno de la Asamblea de Extremadura el pasado 10 de marzo. Ese día recibió la aprobación de los parlamentarios y fue elevado a una comisión que lo estudiará antes de que vuelva al Parlamento regional para su aprobación definitiva.

El jefe de servicio de Interior y Espectáculos Públicos de la Junta cree que la aprobación definitiva podría tener lugar en la primera quincena de abril, aunque luego la ley tendrá que ser expuesta para su entrada en vigor definitiva.

Hasta entonces, todas las denuncias que se pongan en la región por incumplir los horarios de funcionamiento o celebrar espectáculos o actividades recreativas careciendo de autorización quedarán sin castigo.

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