El SES planea ahorrar 2,3 millones al año en el IBI de sus centros sanitarios

La propuesta está incluida en el anteproyecto de la Ley de Medidas Tributarias y Financieras de Extremadura, que en la actualidad se encuentra en fase de exposición al público y que se espera aprobar antes del próximo verano. Este documento recoge la reforma fiscal por la que se pretende recaudar 7,5 millones de euros, pero también distintas modificaciones en una serie de normas autonómicas.

Una de ellas consiste en añadir una disposición adicional a la Ley de Patrimonio, aprobada en 2008. La propuesta establece que «todas las dependencias, instalaciones y edificios afectos al Servicio Extremeño de Salud, organismos autónomos y consejerías de la Junta de Extremadura en las que se impartan enseñanzas regladas y no regladas, de grado o postgrado, tendrán por ministerio de esta ley la afectación simultánea y directa a servicios educativos».

Con esta modificación se pretende volver a la redacción original de la Ley de Patrimonio, que fue aprobada por el Ejecutivo del socialista Guillermo Fernández Vara en su primera etapa al frente de la Junta. En concreto, se quiere recuperar de forma literal la disposición adicional duodécima, que fue derogada en el año 2012 por el gobierno del popular José Antonio Monago en otra Ley de Medidas Tributarias.

El trasfondo de ambos cambios es el pago de la contribución urbana a los grandes ayuntamientos de la región. Según establece la Ley de Haciendas Locales, los bienes afectos a servicios educativos están exentos de pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), tal y como sucede como los edificios dedicados a la defensa nacional.

Aunque la reforma que quiere llevar a cabo la Junta afecta a todos los edificios de la Administración regional, en la práctica sólo beneficiará al Servicio Extremeño de Salud. Este organismo indica que la exención abarcaría a los 13 hospitales y a los 109 centros de salud de la comunidad autónoma. Según sus cálculos, supondría un ahorro anual de 2,3 millones de euros.

Más de un millón a Badajoz

El municipio más afectado por esta medida sería Badajoz, que al tratarse de la ciudad más grande de la región no sólo tiene un mayor número de centros de salud y hospitales, sino que también cuenta con la referencia sanitaria en la región, el Infanta Cristina.

Según los cálculos del Ayuntamiento pacense, el SES debe abonar cada año más de un millón de euros en concepto de IBI. La mayor parte, más de 775.000 euros, corresponde al Infanta Cristina. Por su parte, el complejo del hospital Perpetuo Socorro y el Materno-Infantil supone más de 280.000 euros al año.

Estos cálculos se hicieron públicos cuando la Junta de Extremadura, con el gobierno del PP, decidió pese a la norma abonar a los municipios de la región los atrasos por la contribución urbana entre los años 2008 y 2012, cuando estuvo en vigor la Ley de Patrimonio en su redacción original hasta la citada derogación de la disposición adicional duodécima.

El Ejecutivo autonómico anunció en 2013 su intención de pagar atrasos del IBI por los cuatro ejercicios anteriores a los ayuntamientos extremeños. Según expuso entonces, más allá de esa fecha la obligación de abono había prescrito, a pesar de que aseguró que había recibos pendientes desde el año 2002. En un primer momento se estimó que sería necesaria una aportación de 24 millones de euros, aunque en 2014, cuando el ingreso se llevó a efecto, esa cifra se rebajó a 18,1 millones de euros.

La mayor parte de esta deuda correspondía a edificios de uso sanitario adscritos al SES. En concreto, la Administración regional estimó que el organismo autónomo debía 8,5 millones de euros a las entidades locales. Con el Ayuntamiento de Badajoz el montante a liquidar ascendía a 5,1 millones de euros por los años de demora entre 2008 y 2012, periodo en el que estuvo en vigor la Ley de Patrimonio regional. En segundo lugar se encontraba Cáceres con 1,1 millones de euros y a continuación Mérida con alrededor de un millón de euros.

Con este pago la Junta no sólo liquidaba lo que consideraba una deuda con el centenar de municipios de la región donde hay hospitales y centros de salud, sino que aportaba una financiación extraordinaria para las entidades locales tras varios años de crisis y caída de ingresos. Pero también supuso una merma para las arcas de la Junta de Extremadura, que desde el año 2008 contaba con una norma para evitar este pago. Ahora se pretende regresar a esa disposición legal y ahorrar cerca de 2,5 millones de euros al año.