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La Junta destina 7,8 millones a asegurar el servicio de TDT en la región

Antena en la urbanización Las Vaguadas en Badajoz, una de las que se beneficiará del contrato. :: PAKOPÍ
Antena en la urbanización Las Vaguadas en Badajoz, una de las que se beneficiará del contrato. :: PAKOPÍ
  • El contrato tendrá una duración de diez años y garantiza la señal en 124 núcleos de población con problemas de cobertura

La Junta de Extremadura ha adjudicado por algo más de 7,8 millones de euros a la empresa Retevisión el contrato para la difusión de canales de Televisión Digital Terrestre (TDT) en diversas zonas de la comunidad. Con este servicio, que tendrá una duración de diez años, se garantiza la señal en zonas de deficiente cobertura.

La Administración regional convocó en abril del pasado año este concurso con una dotación de 10,5 millones de euros de fondos de la comunidad. Mediante esta licitación se pretendía extender la cobertura en determinadas áreas geográficas para garantizar el acceso a la señal de televisión digital en condiciones óptimas.

Según indica la Dirección General de Administración Electrónica y Tecnologías de la Información de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, esta actuación está destinada a asegurar la calidad del servicio a 124 núcleos de población de 88 localidades de la región.

En su mayor parte se trata de zonas de ámbito rural alejadas de grandes áreas urbanas, como alquerías de diversas localidades de Las Hurdes, así como pequeñas poblaciones de las dos provincias. Pero también se incluyen municipios grandes como Alburquerque, Aceuchal, Hervás, Valverde de Leganés y Zalamea de la Serena, así como barrios diseminados como Las Vaguadas, en Badajoz. Según las estimaciones del gobierno regional, este contrato beneficiará a más de 100.000 extremeños, casi la décima parte de la población de la comunidad autónoma.

Zonas en sombra

La Consejería de Hacienda explica que la digitalización de la radiodifusión ha sido fomentada por la Comisión Europea desde 2002 por comportar grandes ventajas con respecto a la radiodifusión analógica en cuanto a la difusión de servicios adicionales y la optimización del espacio radioeléctrico disponible, lo que por ejemplo permite más espacio para tecnologías móviles.

Entre 2005 y 2009, las autoridades españolas adoptaron una serie de medidas para permitir la transición de la televisión analógica a la digital. Este cambio supuso que los citados servicios dejaron de tener la consideración de servicio público y pasaron a ser de interés general en régimen de libre competencia por parte de los distintos titulares de las licencias de comunicación audiovisual.

En este escenario, los radiodifusores nacionales -distintas cadenas de televisión- tenían la obligación de cubrir el 96% de la población en el caso del sector privado y el 98% en el caso del sector público.

A fin de gestionar la digitalización, las autoridades españolas dividieron el territorio español en tres zonas distintas para solventar las consecuencias del fallo de mercado surgido a raíz de la evolución del sector. En la zona I, que abarca el 96% de la población española y que se consideró comercialmente rentable, el coste de la transición a la tecnología digital fue asumido por los radiodifusores públicos y privados. En la zona II, que comprende regiones remotas y menos urbanizadas que representan el 2,5% de la población española, las cadenas, a falta de interés comercial, decidieron no invertir en la digitalización, lo que llevó a las autoridades españolas a poner en práctica diversas iniciativas públicas para la extensión de la cobertura de la televisión digital. Por último, en la zona III, con el 1,5 % de la población española, la orografía del terreno hacía inviable la transmisión digital terrestre, de modo que se optó por la emisión por satélite.

En definitiva, el objetivo era que el nuevo servicio de televisión digital alcanzara una cobertura del 98% de la población española para igualar el porcentaje cubierto por la televisión analógica en 2007. Sin embargo, dado que las obligaciones de cobertura a operadores privados podían dar lugar a que no se alcanzaran estos porcentajes, se hizo necesario garantizar el servicio en la zona II, para lo cual las autoridades españolas concedieron financiación que permitió la puesta en marcha de iniciativas públicas, de carácter autonómico y local, para apoyar el proceso de digitalización terrestre.

Sin embargo, en junio de 2013 la Comisión Europea declaró ilegal e incompatible con el mercado interior las mencionadas iniciativas públicas y ordenó la devolución de las ayudas, concedidas mediante licitaciones a distintas empresas. Esto dio pie a la convocatoria de nuevos concursos, adaptados a la normativa europea, para llevar a cabo la extensión de la cobertura de la televisión digital en la zona II.

La Junta de Extremadura obtuvo el visto bueno a sus pliegos de condiciones en octubre de 2014, siendo una de las primeras comunidades autónomas en iniciar este proceso. En marzo de 2015 se convocó el concurso público, que salió a licitación en abril. Durante el proceso de resolución y adjudicación, la Administración regional ha podido garantizar gracias a los contactos con las autoridades nacionales y europeas el mantenimiento del servicio de televisión digital en las zonas afectadas, que a partir de ahora tendrán una garantía mayor.