Borrar
¿Qué ha pasado hoy, 27 de marzo, en Extremadura?
Los desahucios de viviendas han llevado a la movilización a miles de personas en todo el país en los últimos años.
Un desahucio por cada 850 familias

Un desahucio por cada 850 familias

Extremadura es la segunda comunidad con menor tasa de viviendas desalojadas por orden judicial

ANTONIO ARMERO

Domingo, 14 de febrero 2016, 00:15

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

El asunto capitalizó buena parte del debate público durante toda la legislatura pasada, apareció repetidamente en los mítines de los políticos extremeños a lo largo de la última campaña electoral, y ha seguido ocupando un espacio destacado de la actualidad durante los últimos meses. Casi no hay semana en la que la palabra desahucio no salga a la palestra. Y a menudo, lo hace acompañada de algún número. El pasado 29 de enero, el presidente de la Junta afirmó en la Asamblea que desde que él ocupa el cargo se han parado en la comunidad autónoma 41 casos en viviendas sociales. Y tres días antes, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales detalló que el Gobierno regional tenía en ese momento en tramitación 61 desahucios. ¿Esos 41 que mencionó Guillermo Fernández Vara y esos 61 a los que aludió José María Vergeles son muchos o pocos?

Planteado el asunto desde la óptica de los nombres y apellidos que aparecen en esa lista, o sea, familias que podrían quedarse sin vivienda, no cabe la duda de que son muchos. Pero obviando esta cuestión, enfocando el asunto solo desde la óptica de los números, para tratar de situarlo en su contexto, la respuesta es justo la contraria: son pocos.

Entre enero y septiembre del año pasado, en Extremadura se practicaron 512 lanzamientos, que es el nombre legal de lo que la mayoría denomina desahucios. Esta cifra equivale a uno por cada 2.134 personas. O lo que probablemente, resulta más ilustrativo: uno por cada 850 familias (tomando como referencia que el hogar medio en la región está compuesto por 2,51 personas, según la última Encuesta Continua de Hogares del INE).

Solo mejor en el País Vasco

Esa proporción está lejos de la media nacional, que es de uno por cada 366 hogares. De hecho, en los nueve primeros meses del año pasado solo hubo una comunidad autónoma donde la ratio de desahucios por familia fue más baja: País Vasco.

Estos números no son una novedad. En el año 2014, la región fue la tercera con la menor proporción de lanzamientos practicados por habitante;y en 2013, la segunda, a partir de los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fuente solvente, pues todo desahucio pasa antes por el juzgado. Si la vista se extiende más hacia atrás en el tiempo, las conclusiones no cambian, ya que la cifra de lanzamientos recibidos por los servicios comunes de los tribunales concepto diferente al de lanzamientos practicados, pues este último sí engloba a todos los partidos judiciales y el otro no refleja que desde el año 2008, la región figura entre las que menos desahucios realizan.

No obstante, hay que tener en cuenta un matiz: entre esos 512 lanzamientos practicados por los juzgados extremeños durante los nueve primeros meses del pasado ejercicio hay viviendas habituales, pero también segundas residencias, locales de negocios, naves industriales, plazas de garaje o parcelas rústicas.

No hay forma de que la estadística oficial aclare cuánta gente se queda sin su techo principal cada año en España. De hecho, este asunto, el de la falta de claridad de las cifras oficiales sobre esta materia, ha generado cierta polémica en los últimos años. Tanto es así que el Gobierno central atendió las peticiones que le llegaban desde distintos frentes e incluyó un apartado concreto en su Plan Estadístico Nacional 2013-2016. Anunció que el INE publicaría informes específicos, pero lo cierto es que a día de hoy, esta fuente de referencia no dispone de análisis en los que aparezcan las palabras desahucio o lanzamiento. Se limita a recopilar los números sobre ejecuciones hipotecarias, que es como se llama al proceso que comienza cuando el acreedor lleva al deudor al juzgado porque ha dejado de pagar. O sea, es solo el inicio del trámite judicial, que puede o no acabar en desahucio.

Esta diferencia se refleja claramente en la estadística: en los nueve primeros meses del año pasado, Extremadura sumó 1.161 ejecuciones hipotecarias iniciadas, según el INE. Pero se practicaron 512 lanzamientos, según el CGPJ. Con un segundo matiz: esa cifra incluye lanzamientos en fase de ejecución y resoluciones que ordenan la entrega inmediata. En estos dos casos cabe la posibilidad de que al final, no llegara a producirse el desahucio, que es solo uno de los finales posibles a la historia que comienza con el procedimiento de ejecución hipotecaria.

Los registradores

Otra de las formas de finiquitar este tipo de asunto es la dación en pago, una solución minoritaria en Extremadura, que sumó 53 casos en los nueve primeros meses del año pasado es decir, una cada cinco días, según los datos del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

En una aproximación a la radiografía sobre el contexto de los desahucios, hay una cuarta fuente posible: la Plataforma de Afectados por Hipotecas (PAH), colectivo de implantación nacional que hace tres años elaboró un informe para tratar de poner luz sobre la oscuridad de la estadística en materia de desahucios. Lo firmaron Ada Colau (actual alcaldesa de Barcelona) y Adrià Alemany, su pareja y que ahora trabaja para Barcelona en común, el partido al que pertenecen los dos.

Ese análisis de la PAH tuvo en cuenta variables como la población o la organización judicial, e introdujo factores correctores de sesgo, que sirvieron, entre otras cosas, para elaborar varias clasificaciones. En casi todas ellas, Extremadura aparece en la última o la penúltima posición. En el ranking titulado Lanzamientos en función del número de hogares ocupa el farolillo rojo, con una tasa cuatro veces inferior a la de Cataluña, que ocupa el primer puesto.

La multiplicidad de instituciones (INE, CGPJ, Registradores) que publican números sobre lanzamientos permite conocer otros detalles. Por ejemplo: en Extremadura hay más casos de familias que se quedan sin vivienda por no abonar el alquiler que por dejar de pagar las letras del crédito hipotecario. De los 512 lanzamientos practicados entre enero y septiembre del año pasado, el 48 por ciento lo fueron como consecuencia de procedimientos acogidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Un 45 por ciento fueron consecuencia de ejecuciones hipotecarias, y un siete por ciento por otros motivos no especificados.

En cuanto al tipo de inmuebles afectados por ejecuciones hipotecarias, la mitad son viviendas nueve de cada diez, nuevas, y las fincas rústicas representan el catorce por ciento de los casos, según el INE, que también detalla que de cada diez de estas casas, ocho están a nombre de personas físicas y dos son de personas jurídicas.

Por último, la mayoría de quienes no pueden seguir pagando su hipoteca llegan a ese punto cuando les quedan 24 años y medio para cancelar su crédito, qe les fue concedido a un interés que ronda el tres por ciento.

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios