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José Antonio Sánchez, que perdió casi 60.000 euros, descorcha una botella ante la estatua que recuerda a los colonos. :: pakopí
Caval, una ruina y 23 años de cárcel

Caval, una ruina y 23 años de cárcel

Los afectados por la quiebra de la cooperativa de Valdelacalzada celebran la condena con el temor a nuevos embargos

Evaristo Fernandez

Domingo, 17 de enero 2016, 00:24

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En Valdelacalzada (Badajoz, 2.805 habitantes) se ha brindado estos días con champán. Y se han lanzado cohetes al aire. Pero no se celebraba una boda, ni tampoco una victoria futbolística. Lo que se festejaba era una sentencia largamente esperada por los socios de la cooperativa de frutas Caval que pidieron que se investigara su ruina. Ahora, la audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a 23 años de cárcel a Manuel García, el hombre que durante años fue considerado un 'dios' por quienes ahora lo critican.

  • Manuel García.

  • Tres delitos contra la Hacienda Pública (tres años de prisión para cada uno de ellos), un delito de falsedad contable (dos años de cárcel), un delito continuado de administración desleal (cuatro años de prisión), dos delitos de apropiación indebida (tres años para cada delito) y un delito de fraude de subvenciones (dos años). En total, 23 años de prisión, más sendas multas de 500.000 euros (1 millón en total) y el abono de indemnizaciones millonarias 348.171 a la cooperativa Caval, 960.628 euros a la Agencia Tributaria, y 530.979 a la Junta de Extremadura. De las dos últimas cantidades es responsable civil subsidiaria Caval. También es inhabilitado para el ejercicio del comercio, la industria y para la profesión de administrador o gerente durante seis años.

  • uManuel Corrales. C

  • ulpable de un delito de apropiación indebida para el que se imponen cuatro años de prisión. Además, deberá indemnizar a Caval con 815.637 euros.

  • uCarmen Teixeira.

  • La esposa de Manuel Corrales ha sido condenada a tres años de prisión por un delito de apropiación indebida. Tendrá que indemnizar a Caval con 104.000 euros.

«¿Que si me gustaría que estuviera entre rejas? Es donde tiene que estar. No es lo mismo causar un accidente de tráfico de forma inconsciente que arruinar todo un pueblo a sabiendas», clama Juan Miguel Gasco, el cooperativista que se ha leído las actas, los libros de cuentas y los contratos firmados por la cooperativa desde su fundación.

La condena está ahí, pero Manuel García insiste: «Yo no me he quedado ni un duro de nadie en mi vida». Alcalde de Valdelacalzada por un partido independiente entre 1991 y 1999, el exgerente de la cooperativa dijo en 2011 que «se vive tremendamente desesperado cuando estás absolutamente convencido de que no hay nada que ocultar».

Entonces el caso Caval estaba en fase de instrucción y quien fuera gerente de la cooperativa desde el mismo momento de su fundación, en 1993, tiró de papeles para tratar de demostrar que era inocente. Pero los denunciantes no le creyeron y persistieron en la acusación.

Seis años después de que explotara el caso, una sentencia pone luz judicial con un veredicto que no deja lugar a interpretaciones: Manuel García ha sido condenado a 23 años de prisión; el que fuera director comercial, Manuel Corrales, a cuatro años de prisión; y la esposa de éste último, Carmen Teixeira, a tres años.

Basta leer la relación de delitos por la que se castiga a Manuel García para imaginar el vértigo que debe sentir un hombre hecho a sí mismo, un gestor que a pesar de no tener estudios universitarios -hizo algún curso por correspondencia- fue alcalde de Valdelacalzada durante dos legislaturas sin formar parte de ningún gran partido y, además, impulsó una cooperativa que en 2006 ocupaba el puesto 104 entre las empresas agrícolas más grandes del país.

Ese ranking elaborado por la Confederación Empresarial Española de Economía Social hablaba de una plantilla de 130 empleados. Caval era la octava empresa agroindustrial de Extremadura y movía el 10% de la producción extremeña de fruta. ¿Qué fallaba entonces?

A esta cuestión trata de responder el fallo firmado por los magistrados José Antonio Patrocinio, Enrique Martínez Montero de Espinosa y el juez que actuó como ponente, Matías Madrigal. Ese tribunal considera probado que Manuel García promovió «una gran defraudación en el ámbito económico».

Entender el sistema de funcionamiento de Caval no es sencillo, pero el largo juicio que se celebró en noviembre en Badajoz puso de relieve varias cosas. Entre ellas, que los cooperativistas cobraban la fruta con pagarés que se sustentaban en operaciones ficticias. Por tanto, los bancos adelantaban el dinero a los agricultores con la convicción de que Caval terminaría pagando. A cambio, las entidades bancarias cobraban a la cooperativa altos tipos de interés.

El auditor de Caval en los años de éxito, Ignacio Constantino, dice que jamás sospechó de la existencia de una deuda oculta de quince millones de euros porque la cooperativa no le facilitaba esa información. También ofreció otro dato clave: no pudo realizar la auditoría de 2008 porque un incendio en las oficinas de Caval destruyó la documentación.

Ese siniestro, del que muchos sospechan, coincidió con el inicio de la pugna entre quien había dirigido Caval durante los quince años anteriores y el grupito de socios que desconfió de las cuentas.

Manuel García reconoció una deuda de 10 millones de euros, una cifra muy alejada de la que se recoge en la sentencia, donde se habla de unas pérdidas acumuladas de 25,8 millones de euros en el año 2009. Empresas que se han arruinado hay muchas, pero eso no significa que sus responsables acaben en prisión. La diferencia está en que esta ruina va acompañada de la comisión de un delito de falsedad contable (dos años de cárcel) y un delito de administración desleal (cuatro años de prisión). El exgerente también ha sido encontrado culpable de tres delitos contra la Hacienda Pública, dos delitos de apropiación indebida y un delito de fraude de subvenciones.

El tribunal no se cree el «yo no me he quedado un duro de nadie en mi vida» y uno de los delitos que le achacan se basa en la deuda de 703.408 euros que la empresa de Manuel García mantenía con Caval a finales de 2008. Ese apunte contable desapareció sin justificación de la contabilidad de 2009.

Antonio Domínguez, presidente de Caval tras la marcha de García, fue uno de los impulsores de la investigación. Con la sentencia en su poder, no oculta la satisfacción que siente. «Nosotros sabíamos quiénes eran los culpables, pero no es lo mismo que lo diga Antonio Domínguez que leerlo en una sentencia».

Juan Miguel Gasco, otro de los socios que promovieron la demanda, exterioriza su intenso deseo de verlo entre rejas. Este cooperativista vivió muchos años en Cataluña y trabajo en la fábrica de coches de Seat.

Allí se curtió como sindicalista de Comisiones Obreras, una experiencia que le ha permitido soportar la presión de acusar a una persona que, además de haber sido alcalde y gerente de la cooperativa, llevaba la asesoría fiscal más importante de la comarca.

De Gasco habló el martes Rosalía Perera, la abogada de la acusación, cuando recordó los inicios del proceso. «Todo esto comenzó cuando un grupo de vecinos de Valdelacalzada al que llamaban talibanes vino a mi despacho. Teníamos que quedar casi por la noche para que no se supiera que estaban contratando a un abogado».

Reuniones a escondidas

María Lozano, que el jueves no tuvo inconveniente en comprar una botella de espumoso para brindar por la condena de Manuel García, reconoce que al principio tenían que reunirse en el campo. «No tiene sentido que en plena democracia, por temor a los secuaces y al cabecilla de todos ellos, don Manuel García, tuviésemos que escondernos». En su opinión, las concentraciones quincenales que realizaron durante cuatro años terminaron dando sus frutos. «Las conciencias fueron despertando y al final ese señor tuvo que irse del pueblo».

Al otro lado siempre estuvo Manuel García, que aguantó en Valdelacalzada un tiempo pero terminó marchándose. Él también se quejó amargamente de las «atrocidades» que, según denuncia, hicieron con él: «El 26 de febrero de 2010 murió mi madre y profanaron la tumba. Y en enero de 2011 a mi hija le detectaron un cáncer y le cantaron en la puerta 'que te den por culo'».

Esos episodios traslucen la difícil convivencia que han mantenido los vecinos, con algún enfrentamiento físico de por medio. El propio alcalde, Pedro Noriega, contó el jueves que su primera reacción tras conocer la condena fue telefonear a su hermano, que es mando de la Guardia Civil, y al policía local de Valdelacalzada para pedirles que estuvieran atentos a las celebraciones que pudiera haber.

No le faltó olfato: una larga caravana de vehículos recorrió esa noche Valdelacalzada haciendo sonar las bocinas. También fueron lanzados varios cohetes y se descorcharon dos botellas. «Pues dejaros de tanto celebrar, porque cualquier día vienen los bancos y nos piden el dinero», advertía una vecina que no ve clara la victoria. «A mí no me soluciona que lo metan en la cárcel: ¡como si se quiere pasear desnudo! Lo que a mí me preocupa es que nos puedan quitar lo poquito que tenemos».

Su valoración parece sensata, puesto que el fallo no garantiza que los socios queden libres de las deudas acumuladas por la cooperativa. Lo dice una sentencia dictada por la sección tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Mérida, que da la razón a los bancos en su deseo de ejecutar el aval firmado por los cooperativistas cuando en el año 2010 pidieron un crédito de más de 15 millones de euros para tratar de reflotar la cooperativa.

El juzgado de lo Mercantil de Badajoz había fallado que ese crédito se firmó cuando la cooperativa ya no tenía solución, por lo que debía anularse. Sin embargo, la Audiencia Provincial revocó la sentencia y determinó que los bancos que prestaron el dinero tienen derecho a ejecutar el aval por el importe total del crédito. Eso les autoriza a quedarse con la totalidad de los activos de Caval (instalaciones, maquinaria...) y también con bienes de los cooperativistas que avalaron con su patrimonio personal más de 3 millones de euros.

La decisión final está en manos del Tribunal Supremo, que aún no ha determinado si lo razonable es anular el crédito, como solicita la administración concursal de Caval, o dar la razón a los bancos.

Juan Miguel Gasco confirma que ese crédito de 15 millones de euros perjudica ahora a los cooperativistas que trataron de reflotar la cooperativa, pero recuerda que en 2010 la alternativa era dejar en la estacada a los miembros de los distintos consejos rectores que en épocas anteriores habían avalado créditos que tampoco se habían pagado. «Si una solución es mala, la otra es peor. O pagamos todos el aval de 2011, o pagan quienes avalaron en los años anteriores», afirma Gasco.

Antonio Domínguez pone como ejemplo su caso. Él avaló 40.000 euros con su patrimonio personal en el proceso de refinanciación. «Hay gente que avaló 6.000 euros y otra que tiene avalados más de 100.000».

En su caso, cuantifica las pérdidas en muchos miles de euros. «Yo perdí el 50% de la cosecha de 2009, todas las subvenciones concedidas que no llegué a cobrar, y la aportación voluntaria del 2% de la liquidación que dejábamos en la cooperativa como hucha para cuando llegásemos a la jubilación».

José Antonio Sánchez, el socio que descorchó el jueves una botella de lambrusco de la que no salió ni una gota de espuma -en la tienda no tenían cava- cifra en 60.000 euros el dinero que lleva perdido. En su caso, explota 5,5 hectáreas dedicadas al cultivo de ciruelas y, según cuenta, tuvo que pedir un crédito hipotecario para salir adelante. Si se cumple la sentencia, una mínima parte del problema económico de Caval quedaría resuelta, puesto que Manuel García debe indemnizar a la cooperativa con 358.171 euros. A esa cantidad hay que sumar los 815.637 euros que tiene que pagar Manuel Corrales Castellón y los 104.000 euros que solicitan a su esposa.

Pero los cooperativistas desconfían de que esos pagos lleguen a producirse, puesto que Manuel García tendrá que abonar otro millón de euros a la Agencia Tributaria y medio millón más a la Junta de Extremadura, cantidades de las que finalmente tendrá que responder la propia cooperativa si el exgerente no posee bienes suficientes.

Socios afectados, bancos perjudicados... Y la lista de damnificados sigue, puesto que el cierre de Caval dejó sin pagar pedidos realizados a pequeñas y medianas empresas que suministraban a la cooperativa todo aquello que necesitaba para producir. «Ahora sabemos quién nos ha llevado a una ruina durante años, pero nos costará muchos años levantar cabeza», concluye Gasco.

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