Guareña y Torrefresneda pugnan por 5.000 hectáreas

La sentencia no es firme y el Ayuntamiento de Guareña ya ha anunciado que piensa recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. Dado el calado del asunto, el Consistorio estudia convocar un pleno extraordinario esta semana para marcar las líneas a seguir ante esta decisión.

La importancia de esta decisión no está en los términos municipales en sí mismos, sino en las repercusiones económicas. La Ley obliga al Ayuntamiento matriz a entregar a sus entidades menores todos los bienes de su propiedad ubicados dentro del término de influencia. En el caso concreto de Torrefresneda, esto incluye la finca municipal.

Asimismo, Guareña debería entregar la recaudación de IBI dentro de este área, que según el PP local asciende a 120.000 euros anuales.

El alcalde-pedáneo de Torrefresneda, el socialista Gaspar Morillo, asegura que es un triunfo importante en el camino de conseguir el reconocimiento de derechos que «desde la misma creación de nuestro pueblo los vecinos hemos venido defendiendo». Añade que no es el triunfo definitivo, «pero sí una victoria importante que consolidaremos cuando la Junta de Extremadura nos adjudique la delimitación de ámbito territorial en ejecución de esta sentencia», dice en un comunicado.

Por su parte, el alcalde de Guareña, Abel González (PSOE), recuerda que ya en julio de 2012 su Ayuntamiento recibió una notificación de la Consejería de Administración Pública para que realizara una propuesta de delimitación del área de influencia de Torrefresneda. En octubre de ese mismo año se propuso mediante un acuerdo plenario sobre dicha delimitación. Pero ni esta propuesta ni las siguientes que se llevaron a cabo en los años 2013 y 2014 llegaron a término. La consecuencia es que en marzo de 2015 Guareña recibió un emplazamiento por recurso contencioso-administrativo de Torrefresneda. «El resultado de aquello es la comunicación que recibimos el pasado 29 de diciembre: la sentencia del TSJEx dictaminando sobre la delimitación de la zona de influencia», recuerda González.

El fallo insta a la Junta de Extremadura a delimitar esa zona según el plano realizado en el año 1969, teniendo en consideración lo informado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) al respecto.