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Una trabajadora de una empresa acreditada para la ley de la Dependencia atiende a una mujer. :: armando
Cerca de 4.000 trabajadoras tendrán  acreditación para la ley de dependencia

Cerca de 4.000 trabajadoras tendrán acreditación para la ley de dependencia

El Sepad diseña un conjunto de medidas hasta 2017 para que ese empleo no se pierda al no cumplir con la normativa aprobada en 2006

CELESTINO J. VINAGRE

Sábado, 28 de noviembre 2015, 00:32

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Las expectativas de nuevas prestaciones y empleos que generó hace nueve años la ley de la dependencia se han rebajado bruscamente. A pesar de ello más de 300 empresas en Extremadura pueden desarrollar esta norma que, a pesar de los recortes, da trabajo a miles de personas en la región. Sin embargo, unas 4.000 están en serio riesgo de irse al paro. Son las que a día de hoy no tienen la acreditación necesaria para desempeñar trabajos vinculados a la ley de la dependencia. En el próximo diciembre su situación debía estar regularizada. No será así. Las comunidades autónomas han conseguido una moratoria del Gobierno para hacerlo a más tardar en un plazo de dos años.

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Educación y Empleo, va a impulsar una serie de iniciativas formativas imprescindibles para que esas 4.000 empleadas no sean expulsadas del mercado laboral por un certificado del que carecen . En abril, último dato oficial que tenía Sanidad, eran 3.102 las que estaban en esa situación, pero las estimaciones de la consejería a cierre de año pasan por alcanzar casi las 4.000 trabajadoras en activo.

«Tienen que tener un certificado de profesionalidad, que es lo que te permite acceder a la acreditación. Pero no lo tienen. Y hablamos básicamente de mujeres mayores, de más de 55 años, sin la ESO aunque con muchos años ya de experiencia profesional en el tema de la dependencia», explica a HOY la directora gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), Consolación Serrano.

1.200 horas de cursos

Cuando se aprobó la Ley de la Dependencia se contempló la obligada acreditación y habilitación profesional. Para facilitar su desarrollo se permitió el trabajo para mujeres provisionalmente sin esos requisitos. Eso sí, debían ponerse al día en una fecha límite. La última era diciembre de 2015, pero visto que los gobiernos autonómicos apenas habían hecho nada en ese sentido, se ha ampliado el plazo hasta 2017.

«Estamos estudiando con Educación y Empleo cómo ejecutar, por ejemplo, 1.200 horas de cursos de formación para esas mujeres que están trabajando. Será la mejor fórmula posible para conseguir la ESO pendiente. Es una necesidad que existe», comenta Serrano.

La gerente del Sepad incide en que «la mayoría de la gente que está en el sector» no tiene la cualificación profesional requerida, pero sí la experiencia básica. Si, por ejemplo, en el caso de las mayores de 55 años justifican una experiencia mínima de tres años, tendrán superada la parte de la habilitación profesional, aunque les siga faltando en todo caso la acreditación de tener la ESO.

«Nos vamos a volcar en esta formación porque el sector de la dependencia sigue siendo potente y, desde el punto de vista del trabajo, una buena opción a pesar de las dificultades que existen», agrega. La creación de cooperativas de mujeres que, entre su cartera de servicios, esté la atención a la dependencia será potenciada. «Es una fórmula muy interesante», resume. Este periódico dio a conocer este mes el caso de la de Valencia del Ventoso.

En la actualidad, la Junta destina anualmente 80 millones solo en prestaciones económicas por la dependencia. «Si sumanos infraestructuras o personal es mucho mayor nuestra aportación. La Administración regional soporta el 60% de la financiación de esta ley y, tras los recortes en esta legislatura del Gobierno de Rajoy, otro porcentaje muy grande, del 19% lo soportan los usuarios a través del copago. El Estado se ha desentendido. Ha huido de su responsabilidad», expresa Serrano.

Pone como ejemplo que la región ha perdido desde 2012 hasta ahora 32 millones (8 por año) al eliminar el Gobierno el llamado nivel acordado, dinero en función de determinadas características de la región como su dispersión, envejecimiento o pensiones bajas.

Para la responsable del Sepad, la ley de la dependencia «está estrangulada, en la práctica derogada», desde 2012, tras el decreto 20 de 13 de julio, de estabilidad presupuestaria. «Extremadura va a intentar recuperar derechos, desarrollar otros y aumentar la financiación», finaliza.

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