El pago del verano de 2012 a los interinos supera los 2,4 millones de euros

Los más de 800 interinos que trabajaron más de 165 días el curso 2011-2012 podrían ahora cobrar las nóminas de julio y agosto de ese verano. Una media de 3.000 euros que conllevaría un desembolso a la Junta de más de 2,4 millones de euros.

Es el cálculo del sindicato PIDE, cuyos servicios jurídicos han defendido a interino que inició el proceso judicial cuando constató que tras trabajar más de 165 días durante el citado curso, no le abonaron las nóminas correspondientes a los meses de julio y agosto.

Primero el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y ahora el Supremo le han dado la razón frente a la Junta, obligada por tanto a abonarle las nóminas del verano de 2012, porque rechaza que se apliquen normas con carácter retroactivo.

Tras el decreto de racionalización del gasto del Gobierno central, la Junta acordó que el verano de 2012 solo se pagaría a los interinos que hubieran trabajado 280 días, a diferencia de los 165 que erán válidos hasta entonces. Y aplicó la medida a aquellos que llevaban trabajando desde el inicio del curso.

Los servicios jurídicos de PIDE, que han ganado la batalla judicial, entendieron que el decreto se podría aplicar en los cursos siguientes a partir de su entrada en vigor pero no con carácter retroactivo, como así ha corroborado el Supremo.

El sindicato ha solicitado ahora por registro, una vez ha recibido el auto del alto tribunal, que se proceda de forma urgente a la extensión de oficio a todos los interinos docentes de Extremadura que, teniendo al menos 165 días de cotización durante el curso 2011-2012, no fueron dados de alta durante los meses de julio y agosto, de manera que les sean abonadas las nóminas de dichos meses y el correspondiente reconocimiento administrativo de ese periodo a todos los efectos.

En caso de no extenderse de oficio la aplicación de la sentencia por la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura, el sindicato avisa: «Gestionaremos y solicitaremos judicialmente las extensiones de la sentencia individualmente a los más de 800 interinos afectados, con lo que habrá un nuevo despilfarro de recursos económicos, judiciales y administrativos innecesarios al ser una sentencia firme y no recurrible».