Las inmigrantes cuidan a nuestros ancianos

Si pudieran regresarían a sus países. Si hubieran tenido otra opción, no habrían llegado al nuestro. «Si tuviera la posibilidad de cambiar mi vida, lo haría ya», deja claro María Luisa.

Porque allá, en Bolivia, la esperan sus 11 hijos. Son los mayores los que cuidan a los pequeños allí. Ella lo hace desde aquí, mandando el dinero que les permite estudiar. Quiere pensar que en dos años podrá regresar a su casa. «Es muy duro estar separada de mis hijos, quiero volver en cuanto ahorre lo suficiente para hacernos una pequeña casita de madera y tengamos para comer».

Por darle una vida mejor a sus hijos se han venido también hasta Extremadura, normalmente de la mano de algún pariente que ya emprendió antes la aventura, Meri, Marisol, Ingrid, Casilda, Faviola... Todas bolivianas que trabajan como internas cuidando a personas mayores en Plasencia. Su historia se repite en otros muchos rincones extremeños, donde inmigrantes llegadas desde el otro lado del charco, pero también desde Marruecos, Senegal, Rumanía, Rusia, Ucrania..., asumen un trabajo que no quiere la inmensa mayoría de las extremeñas.

«Sentimos el rechazo, claro que sí, en cómo se nos mira, se nos trata en algunos casos, como si fuéramos un bicho raro, como si fuéramos inferiores», deja claro María. «También en lo que se nos dice, cosas como que aquí hay muchos españoles sin trabajo y venimos a quitarlo». Un trabajo con muchas horas de servicio y pocas libranzas por un sueldo que ronda los 800 euros. «Por eso yo les digo aclara Luisa que no quitamos nada, que nosotras trabajamos por menos dinero».

Lo cierto es que encontrar a una mujer que quiera trabajar como interna cuidando mayores es harto complicado en Extremadura. «Los usuarios las reclaman, esta es la verdad, prefieren a las nacionales especialmente por las comidas, pero lo cierto es que es casi imposible encontrar a una extremeña que quiera ser interna», reconoce Felisa Briz, responsable de una empresa de ayuda a domicilio.

«Ni extremeñas ni de otros puntos del país, las nacionales no quieren trabajar como internas. Dicen directamente que no y las que empiezan pueden durar como mucho dos o tres meses», corrobora Maite Marín, desde otro centro autorizado por la Junta para prestar servicios en el marco de la Ley de Dependencia. «Las extremeñas tienen familia aquí y en estos trabajos se libra un día y medio, por lo que no les da para estar con los suyos, por lo que es muy complicado que quieran un trabajo de interna».

Marta, con su familia aquí, sí lo ha aceptado sin embargo. Esta boliviana casada con un español y madre de una niña de cuatro años trabaja de interna en una casa en la que cuida a personas mayores. «Mi marido no tiene trabajo, así que yo estoy de interna desde el lunes hasta las doce del mediodía del sábado, cuando voy a casa para estar con ellos; hasta el domingo por la noche, claro, que vuelvo a entrar». Por eso, están estudiando la opción de vivir en Bolivia. «No sabemos si invertir allí un poquito y montar un negocio, un bar... Yo regresaría a mi país y podría ver a mi familia, a la que no veo desde hace diez años».

También Alima está pensando regresar a Senegal. Esta mujer de 50 años lleva 27 trabajando de interna en Badajoz, cuidando a ancianos. «Estoy muy bien aquí, pero mis hijos están en Senegal y por eso quiero ir con ellos, o conseguir que ellos vengan conmigo, porque estar separada de tus hijos, de tus seres queridos, de tu familia, es algo muy duro».

Su trabajo, el que no quieren las nacionales, no está reconocido por la sociedad, pero lo cierto es que se ha convertido en un pilar de la dependencia en España, en general, y en Extremadura, en particular. Porque la infraestructura con la que cuenta nuestra región para atender a las personas dependientes es insuficiente.

La dependencia se define como un estado en el que se encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de ayuda importante para poder realizar las actividades de la vida diaria y, de modo particular, las referentes al cuidado personal.

Para dar una atención a estas personas se puso en marcha la llamada Ley de Dependencia, según la cual la Administración autonómica es la que tiene primero que reconocer la situación de dependencia de los ciudadanos y facilitarles después el acceso al catálogo de servicios y prestaciones que se contemplan en la norma para atender a los dependientes.

Ese catálogo es deficitario en Extremadura. Así lo ha puesto de manifiesto la profesora de la UEx Julia Díaz Calvarro, Premio Ciencias Sociales y Jurídicas de los III Premios Investigación de la Fundación Caja Extremadura 2014, en su libro Ley de Dependencia y su aplicación en Extremadura.

Es el resultado de la investigación que ha llevado a cabo y en el mismo reconoce que la ley ha sido la primera norma con la que se ha definido la dependencia y ha servido por ello para abordar la situación del dependiente y sus familias; sin embargo, mantiene que su aplicación no ha sido la correcta, porque se promulgó sin la red de centros precisa para materializar la atención.

De hecho, esta falta de infraestructuras sigue definiendo la dependencia en la región. Los datos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) dejan claro que en el último año ha aumentado el número de personas atendidas, pasando de 21.191 a 21.741. No obstante, aún quedan 3.297 personas pendientes de valorar de las 49.040 que han solicitado ayudas por dependencia y además, de las valoradas, 12.817 están pendientes de ser atendidas.

El XV dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia, en consonancia con los datos del Sepad, corrobora que Extremadura ha subido su puntuación en el último año y se sitúa por encima de la media española en la atención a la dependencia.

Un grave lastre

Pero en el mismo documento, la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales pone de manifiesto que el incremento en el número de atendidos hasido posible porque ha crecido la llamada prestación vinculada al servicio en detrimento de los cuidados familiares y reitera, al igual que la profesora de la UEx, que la infraestructura para atender la dependencia sigue siendo deficitaria en la región.

«Extremadura mantiene el grave lastre del escaso desarrollo de una red pública de servicios sociales coordinada (local-autonómica)», avisa la agrupación.

La atención a los dependientes se pueda dar a través de diversas prestaciones: una plaza en un centro de día o en una residencia, ayuda a domicilio, teleasistencia o prestaciones económicas: a familiares del dependiente o a terceros, en el caso de la llamada prestación vinculada al servicio, que es la que se ha incrementado en Extremadura y por la que ha crecido el número de dependientes atendidos.

No en vano, según también los datos del Sepad, en el último año la prestación que más ha crecido casi se ha duplicado, hoy la reciben 8.327 usuarios ha sido la vinculada al servicio, en detrimento de la prestación por cuidados familiares, que la reciben menos personas (7.470, con datos cerrados a 31 de julio).

Las ayudas económicas en las que se concreta la prestación vinculada al servicio, según empresas del sector, se sitúan en una horquilla entre los 200 y los 700 euros, en función del grado de dependencia que presenten, y en muchos casos sirven para pagar parte del sueldo de la persona que atiende al mayor de turno; el resto lo aporta la familia. En otras, son las familias las que asumen el gasto total de la trabajadora, al no recibir ayuda alguna o demorarse en exceso la valoración del dependiente y el acceso a la prestación que se establece, en todos los casos, en el Programa Individual de Atención (PIA).

En unos y otros casos son las mujeres inmigrantes las que asumen esa atención. Las que lo llevan haciendo en los últimos años en Extremadura y las únicas que hoy siguen asumiendo la labor de internas.

La mayoría, con el objetivo de mantener a las familias que dejan en su país y ahorrar para poder regresar con los suyos. A punto de hacerlo está Vasi, una rumana que lleva 14 años en España, los últimos nueve en Extremadura. Ahora cuida como interna a Cándida y espera poder regresar pronto a Bucarest, donde la esperan su marido, sus hijas y sus nietas.

«Me tuve que venir porque necesitábamos dinero, mi marido no podía mantenernos con lo que cobraba, y ha sido muy duro separarme de mi familia; pero ahora, después de tantos años, puedo ya volver a casa», afirma Vasi. «Porque en todo el tiempo que he estado en España nunca me ha faltado trabajo, como interna es cierto, es en lo que he estado, pero siempre he tenido», añade esta mujer de 55 años.

Otra compatriota suya, sin embargo, de momento no tienen intención de regresar a Rumanía, porque Otilia ya tiene con ella a su hijo. «Vine hace ocho años por necesidad, por lo que todos venimos en realidad y he estado trabajando como interna cuidando a personas mayores». Ahora, sin embargo, aunque su objetivo es permanecer en España, no se plantea ya un trabajo de interna. «Estoy buscando un trabajo de media jornada que nos permita pagar un alquiler y comer y nada más, porque ya no necesito nada más, mi hijo está conmigo».