Un diputado de Podemos será juzgado por interrumpir el informativo de TVE

Según la Fiscalía, sobre las 14.00 horas del 11 de febrero del pasado año un grupo de 19 personas acudió al centro de RTVE en Mérida para impedir la emisión en directo del informativo. Pese a los intentos del vigilante y de varios trabajadores, accedieron al plató, momento en el que uno de ellos propinó un golpe al director del centro.

Después se colocaron tras la presentadora y, frente a las cámaras, desplegaron una pancarta y realizaron a gritos varias reivindicaciones. La emisión fue interrumpida y tras veinte minutos fueron detenidos.

La Fiscalía considera que los 19 implicados son responsables de delitos de desorden público y coacciones, por los que pide una pena de 25 meses de multa a razón de 12 euros diarios, 9.000 cada uno. Entre ellos se encuentra Eugenio Romero, para quien no solicita inhabilitación, ya que la calificación es anterior a su cargo en la Asamblea.

Dos de los acusados son además reincidentes, por lo que añade otros siete meses de multa con la misma cantidad, lo que supondría un total de 11.520 euros. En cuanto al considerado responsable de dar un manotazo al director del centro, se le achaca una falta de maltrato, por la que corresponde un mes de multa a razón de diez euros al día. Es decir, debería sumar 300 euros a los 9.000 euros citados.

El juicio está señalado para el próximo mes de octubre en el Juzgado de lo Penal número 1 de la capital autonómica.

Usurpación de viviendas

Entre los 19 acusados se encuentran integrantes de La Corrala Dignidad, un grupo de viviendas del barrio de La Calzada de Mérida ocupado desde abril. Asimismo, también figura Manuel Cañada, excoordinador regional de Izquierda Unida.

Cañada está además incluido en otro proceso contra el Campamento Dignidad, el juicio por usurpación de viviendas por la ocupación en el verano de 2013 de varios pisos y un local del residencial Los Álamos en Mérida.

Tres personas, entre las que también se encuentra el concejal emeritense Ramón Carbonell, se enfrentan a una petición de condena por parte de la Fiscalía de cinco meses de multa a razón de 9 euros diarios, un total de 1.350 euros.

Este juicio, que debió celebrarse en diciembre, se suspendió ayer por cuarta vez. La defensa planteó como cuestión previa que, tras la reciente reforma del Código Penal, el delito de usurpación de viviendas pasa a ser considerado como falta. Por ese motivo, el enjuiciamiento de estos hechos corresponde a un juzgado de Primera Instancia e Instrucción, no al Juzgado de lo Penal.