El presidente de la Asamblea y el delegado del Gobierno pidieron amparo para Monago

La decisión fue tomada en la junta provincial de fiscales que se celebró el lunes, un encuentro en el que fueron consultados los fiscales que trabajan en la provincia pacense a excepción de los adscritos a Mérida. En ese encuentro se decidió solicitar el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, una decisión que fue interesada por el fiscal encargado del caso, Diego Yebra, y que contó con el visto bueno del fiscal jefe de Badajoz, Juan Calixto Galán.

El escrito enviado por la Fiscalía al juzgado de instrucción recoge la cronología de los hechos desde que el presidente denunció a Antonio Chacón Monge, que es responsable de la Asociación para la Recuperación de los Colorines y Suerte de Saavedra y actúa como portavoz del Campamento Dignidad en Badajoz.

Monago refería en esa primera denuncia una serie de actuaciones dirigidas por Chacón "hacia su persona y ámbito familiar que pudieran ser constitutivas de un delito de coacciones por la persistente intimidación y acoso al que se ve sometido su núcleo familiar, afectando sobre todo a sus hijos menores".

El presidente extremeño dijo que en las concentraciones participaba un grupo de personas "perfectamente organizado, de entre 15 y 20 componentes, que acampaban delante de su vivienda, donde permanecían día y noche hostigándole cuando salía y entraba al domicilio familiar". "Intentaban seguirle a escasa distancia cuando paseaba a su perro. Supuestamente le han obligado a cambiar sus hábitos de vida. Cuanto menos la situación creada era muy tensa".

Desde un primer momento, la Fiscalía trató de deslindar claramente "las servidumbres" que conlleva el trabajo del presidente "de lo que es el ámbito legalmente irreductible de su vida privada, que no puede ser constreñido por ninguna acción particular y que debe ser inalcanzable a las presiones que pudieran derivar por sus decisiones políticas".

Ahora se ha sabido que en los inicios del proceso también fue incorporado a la causa un escrito enviado por el presidente de la Asamblea de Extremadura, Fernando Manzano, en el que pedía amparo para el presidente Monago. Desde la Delegación del Gobierno en Extremadura fue remitido otro escrito en el mismo sentido.

Tras analizar la primera denuncia, la Fiscalía entendió que los hechos podrían constituir un delito de coacciones continuadas, por lo que solicitó a la Delegación del Gobierno en Extremadura, como responsable de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que informase de las acciones realizadas por Antonio Chacón y el Campamento Dignidad en el domicilio de José Antonio Monago. Esa misma solicitud se envió a la Policía Local de Badajoz.

La Policía Local de Badajoz contestó con "un amplísimo" informe en el que se indicaba que Antonio Chacón, junto a Manuel Cañadas y Rodolfo Jaime Corella, habían mantenido una actitud que, "a la vista de la documentación enviada, claramente parecía exceder de lo que es el ejercicio de un legítimo derecho de reunión o de una petición lícita de una demanda social, constituyendo en principio una acción claramente coercitiva al desarrollarse delante de una vivienda privada y afectar no solo a un cargo público, sino a su familia".

Por su parte, la Delegación del Gobierno remitió otro informe en el que destacaba que las concentraciones habían obligado a reforzar la vigilancia policial. También aportaba otro detalle: la Policía Nacional tuvo que montar un dispositivo policial particular cuando el denunciante celebró el cumpleaños de su hijo de nueve años. "Refieren los agentes que tienen constancia de lo mucho que han llegado a incomodar y molestar al presidente estas personas y sus acciones", se recoge en el escrito de la Fiscalía.

Motivación política

José Antonio Monago presentó días después, el 2 de marzo, una denuncia ampliatoria dirigida ya contra todas las personas que participaban en las concentraciones "al ser la situación insostenible para él y su familia". Entonces informó a la juez de que le seguían por la calle con carteles cada vez que salía de su domicilio y que "le acosaban pidiendo una vivienda".

Esta ampliación fue analizada por la Fiscalía de Badajoz, cuya conclusión fue que dentro de la protesta del Campamento Dignidad había personas que se encontraban "en una grave situación de desamparo social tras ser desahuciadas" y también otras "que no se hallan en esa situación extrema y que se aprovechan de quienes están en esa grave situación de desamparo para intentar extraer un supuesto rédito político".

Esta apreciación se hace de Antonio Chacón, a quien la Fiscalía señala como "principal instigador de la protesta", y también de Manuel Cañada y Rodolfo Jaime Corella. De ellos se dice que "no tendría justificación que se concentrasen permanentemente en el domicilio" y que su vinculación política "podría ser la razón de su presencia y no el mero apoyo ?siempre respetable? a quien se encuentra en una delicadísima situación".

Como conclusión, la Fiscalía consideró en ese momento procesal que había indicios suficientes de la existencia de un delito de coacciones y acusó como supuestos responsables a Chacón, Cañada y Jaime. Después, el juzgado citó a los tres acusados para que declarasen como imputados el próximo 28 de abril. Para un día antes también citó a José Antonio Monago, que debía ratificar la denuncia.

Esa era la situación del proceso judicial cuando el presidente de la Junta de Extremadura retiró las denuncias el pasado viernes. Su decisión dio un giro al proceso, pero la Fiscalía de Badajoz ya había llegado para entonces a la conclusión de que los hechos denunciados por el presidente regional podrían suponer "un delito de coacciones continuadas", por lo que cabía la posibilidad de que fueran "perseguibles de oficio por el fiscal" incluso sin la denuncia del afectado.

Esa posibilidad es la que se analizó en la junta provincial de fiscales del lunes, una reunión en la que se decidió que "dada la naturaleza del delito de coacciones, que es una infracción contra las personas, subjetiva e íntima, que se basa principalmente en que el afectado se encuentre realmente coartado en su libertad (...) y ya que retira ahora la denuncia, entendemos que no es preciso continuar la investigación porque es el propio denunciante el que considera que los hechos no tienen la acción de entidad penal para entenderla como criminalmente relevante".

La decisión de la Fiscalía pone fin al proceso judicial abierto. Ya no hay acusación, por lo que la causa deberá ser archivada.