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¿Qué ha pasado hoy, 18 de abril, en Extremadura?
Alfonso Barquilla, presidente para Extremadura de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
Unos 6.000 ‘sin papeles’ podrán acceder a atención primaria

Unos 6.000 ‘sin papeles’ podrán acceder a atención primaria

El SES cree que el impacto en la región de la rectificación del Gobierno será mínimo gracias a las tarjetas sociales que implantó en 2013

J. López-Lago

Jueves, 2 de abril 2015, 00:26

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La decisión del Ministerio de Sanidad, que en 2012 retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes ilegales y ahora permitirá que sean atendidos en atención primaria, ha provocado múltiples reacciones. La oposición al PP opina que la rectificación es positiva, aunque califican la medida de electoralista, mientras que el propio colectivo de atención primaria en la región la considera incompleta. Se basa en que no se prevé nada más allá de la atención primaria, cuando el seguimiento de la salud de un paciente tiene un recorrido más largo. Aún así, el presidente para Extremadura de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), Alfonso Barquilla, cree que el efecto será anecdótico en la comunidad, pues aquí no existe una población tan alta de inmigrantes en situación irregular como en otras grandes urbes del país.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) calcula que la flexibilización del Gobierno afecta a unas 6.000 personas, y coincide en que reabrir el sistema para que los extranjeros sin papeles puedan acceder a la atención primaria (nunca se cerró en Urgencias, Maternidad y Atención Infantil) es algo que no tendrá ningún impacto asistencial repentino.

Lo dice porque cuando en septiembre de 2012 el ministerio que entonces encabezaba Ana Mato dejó sin tarjeta sanitaria a 153.000 inmigrantes en España, en julio de 2013 el SES activó el Programa de Atención Sanitaria de Seguimiento en Extremadura (Pascaex), con el que pretendió atenuar los efectos de la medida de ahorro del ministerio con el fin de ofrecer una atención sanitaria lo más normalizada posible a este colectivo de la población, y de paso no colapsar los servicios de Urgencias, como se temía.

Según el SES, en la base de datos de tarjetas sanitarias de Extremadura figuran cerca de 9.000 ciudadanos extranjeros entre comunitarios y no comunitarios con su tarjeta en situación de baja y pendiente de acreditación ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, de los que unos 6.000 tienen caducado el permiso de residencia o carecen de él.

Desde Semergen, su presidente en Extremadura, Alfonso Barquilla, que es médico en Trujillo, opina que la rectificación es positiva, pero critica que la medida se enmarca en el contexto preelectoral en el que está el país, y que a efectos prácticos no sea más que un «parche».

Resto de tratamientos

Barquilla destaca que el gobierno aclare desde el principio que no les van a devolver la tarjeta sanitaria. «Esto me resulta extraño prosigue porque no se sabe qué pasaría con la prescripción de medicamentos, con la petición de pruebas complementarias como análisis o radiografías. ¿Cómo los vamos a derivar a un segundo nivel si es necesario?, ¿van a tener acceso al hospital o solo a la atención primaria? Nada de esto queda claro», critica.

Según dijo el martes el consejero de Salud de la Junta, Luis Alfonso Hernández Carrón, el Ministerio de Sanidad ha adoptado una medida similar a la que su departamento ideó para devolver la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular.

Se refiere a las tarjetas Pascaex, para las cuales hay que acreditar, entre otros requisitos, que el peticionario lleva seis meses empadronado en algún municipio extremeño, o que no tiene ingresos económicos anuales superiores a 7.455 euros ni en España ni en su país de origen.

Esta tarjeta se puede tramitar en las direcciones generales de Salud y Política Social de Mérida y Cáceres, en tres oficinas de Cáritas y en dos de Cruz Roja y en siete sedes de instituciones y asociaciones relacionadas con la protección de inmigrantes y los derechos humanos.

Según Barquilla, no ha habido ningún tipo de saturación desde que se implantó ese sistema, pero ve deficiencias en esta especie de salvoconducto sobre el que asesoran voluntarios y trabajadores sociales. «Parece que para que los podamos atender necesitan un salvoconducto que tiene que ser expedido por el trabajador social porque va a servir solo en una comunidad. Si cambia de residencia tendrá que volver a empezar los trámites de nuevo».

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