Patronal y sindicatos piden a la Junta 2,8 millones por tres años de formación

La Junta de Extremadura anunció la pasada semana que ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción el expediente completo de esa convocatoria después de que una auditoría externa sobre el 10% de los fondos detectara posibles irregularidades por un total de 300.000 euros. De ahí se estima que el alcance del posible fraude sea de 3 millones de euros sólo en los planes intersectoriales, que contaron con 7,85 millones de euros en 2011. El Servicio Extremeño de Empleo (Sexpe) ya ha iniciado un estudio completo de las ayudas de ese ejercicio, así como de las que tuvieron lugar de 2008 a 2010 con una cuantía de 30 millones.

La consejera de Empleo, María Ángeles Muñoz, expuso la semana pasada que los 3 millones de euros presuntamente defraudados corresponden a la Creex (1,5 millones), UGT, CC OO (ambos con 600.000 a 650.000 euros) y Cepes Extremadura (300.000 euros). Al pasar de 120.000 euros, podría tratarse de un delito contra la Hacienda Pública.

Las cuatro entidades negaron la pasada semana cualquier irregularidad y destacaron que la Junta aún debe el 25% de la cuantía que les corresponde por esa convocatoria, así como por otras posteriores. La patronal extremeña situó la deuda total en 1.159.000 euros y CC OO en 590.000. Cepes Extremadura afirma que no ha cobrado 170.000 euros de las ayudas de 2011 y la mitad de las de 2013, 115.800 euros. Por su parte, el secretario general de UGT en la región, Francisco Capilla, señaló ayer que el sindicato reclama 456.000 euros por el plan formativo en cuestión más 293.000 por otras convocatorias. En total, cerca de 2,8 millones de euros, casi la misma cantidad que pone en duda la Junta por los cursos que fueron aprobados en 2011.

Capilla compareció ayer ante los medios de comunicación para indicar que la Fundación Tripartita, la entidad que se encargaba de supervisar la convocatoria de 2011, cifra en 140.000 euros el dinero que debería devolver UGT por esos cursos, lejos de los 600.000 que reclama la Junta. Sin embargo, recalcó que todos los gastos están justificados y que enviarán la documentación que así lo demuestra.

La Fundación Tripartita, presidida por el Ministerio de Empleo y participada por patronal y sindicatos, emitió en junio del pasado año un primer informe sobre la gestión de los planes formativos de 2011. Su propuesta no convenció a la Junta, que encargó una auditoría externa.

Como recogió HOY, la Fundación Tripartita continuó con su trabajo y a comienzos de año culminó su evaluación, que confirmó el correcto uso de las subvenciones en el caso de entidades como la Creex.

Capilla apuntó ayer que el Sexpe ha recibido ese informe, por lo que ha pedido por carta una copia, así como la auditoría externa realizada por una empresa de Mérida.

El secretario regional de UGT señaló que los fondos de formación tienen carácter finalista, por lo que preguntó a la Junta qué ha hecho con unas partidas que no pueden tener otro fin. «Qué casualidad, el dinero que nos reclama es lo que nos debe», afirmó.

Capilla recalcó que «esa formación la hemos pagado ya», por lo que el impago de la Junta se sostiene sobre créditos que suponen un coste a la organización. «Hay muchas familias que lo están pasando mal y hoy están en desempleo», indicó en relación a la veintena de despidos que ha debido realizar el sindicato por su situación financiera. A esto añadió que los trabajadores del Instituto de Formación y Estudios Sociales de UGT se encuentran en un expediente de regulación temporal de_empleo por el que trabajan a media jornada.

Por su parte, el sindicato CC OO aportará a la Fiscalía Anticorrupción toda la documentación de los cursos de formación de 2011 para facilitar su labor investigadora «y que se demuestren lo antes posible las falsedades de las acusaciones del Gobierno extremeño».

Sobre las dudas que ha despertado la facturación de los fondos, afirma que se trata simplemente de un proceso administrativo que todavía sigue abierto «y que Monago ha intentado utilizar torticeramente a través de los medios de comunicación, sin importar el daño y la indefensión que iba a producir a los agentes sociales y en el propio diálogo social».

Proceso administrativo

Por otro lado, el Ejecutivo autonómico afirma que ha puesto en marcha el proceso administrativo para la devolución de los 3 millones presuntamente defraudados, que discurre de forma paralela al procedimiento judicial.

La Junta de Extremadura señala que se llevará a cabo durante aproximadamente los próximos tres meses, a partir de los cuales se harán llegar las propuestas de reintegro a las entidades beneficiarias.

En cuanto a la función de la Fundación Tripartita, la Consejería de Empleo recuerda que simplemente prestaba apoyo técnico a la Administración regional elaborando la correspondiente propuesta de liquidación en base a la certificación y justificación de costes presentadas por cada beneficiario. En este sentido, explica que no verificaba si los servicios o conceptos a los que se refiere habían tenido o no realmente el coste declarado, si resultaban o no estrictamente necesarios para la ejecución de cada acción formativa, ni tampoco si se ajustaban o no al valor de mercado.

La propia fundación ha señalado a HOY que no puede entrar en cuestiones como si los cursos se celebraron o no (lo que corresponde al Sexpe, que no duda de este extremo) o los aspectos concretos que pueda detectar una auditoría. Pero reclama a la Junta que aporte esta información para que pueda hacer su evaluación.