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Antonio J. Armero
Domingo, 29 de marzo 2015, 08:29
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El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha tumbado uno de los argumentos de la Junta para oponerse a que Marina Isla Valdecañas sea demolido. El Gobierno autonómico planteó varias razones para defender que el complejo de ocio más lujoso de la región debe seguir en pie, pese a las dos sentencias -del propio TSJEx y del Supremo- que declaran ilegal el PIR (Proyecto de Interés Regional) que permitió la construcción y ordenan «la restitución de los terrenos a su estado original». Y uno de esos razonamientos para pedir que la sentencia no se ejecute fue que echarlo abajo tendría unas consecuencias económicas, sobre todo en cuanto a empleo, por valor de 33.892.890 euros. Pero esta cuestión no tendrá ningún peso en la decisión que tome el alto tribunal de la comunidad, según queda claro en su auto del pasado 10 de marzo.
En ese texto, la Sala de lo Contencioso Administrativo explica que «se considera inútil toda la prueba propuesta sobre contenido económico (coste de demolición, razones socioeconómicas en general y posible responsabilidad patrimonial), por cuanto no cabe ponderar, a los efectos de la inejecución de las sentencias, las consecuencias de esta índole que para la Junta de Extremadura (y los ayuntamientos y propietarios) conllevaría su cumplimiento». Lee le información completa en edición impresa y Kiosko y Más.
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