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Efe
Martes, 3 de marzo 2015, 14:07
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El Ejecutivo autonómico afirma que la Junta de Extremadura ha reducido el gasto público entre 2012 y 2014 en 165 millones de euros con medidas como la eliminación de 17 entes públicos, a los que se sumarán otros cuatro en las próximas semanas.
El consejero de Hacienda y Administración Pública, Clemente Checa, compareció ayer en la Asamblea para informar sobre la reestructuración del sector público autonómico, que ha sido una de las prioridades de la Junta para «hacer frente a una fuerte crisis económica».
La Junta señala que el Ministerio de Hacienda calcula un ahorro de 101 millones de euros en la región. Sin embargo, considera que la cifra estaría más cerca de los 165 millones, ya que afirma que el Gobierno sólo tiene en cuenta que con la supresión de doce entes se han liberado 11,3 millones por año, pero al llegar a 21 serán 32 millones (aunque en realidad los datos de Hacienda son por todo el periodo 2011-2015 e incluyen a 17 organismos).
La Administración regional señala que, además de la supresión de entes, se ahorra gracias a la reducción de consejerías; la supresión de altos cargos, eventuales y puestos directivos; los límites salariales para directivos de empresas públicas; la rebaja de gastos de alquiler y las compras centralizadas de gasolina y de suministros hospitalarios.
Desahucios y renta básica
Según recoge Efe, el Pleno aprobó, con los votos del PSOE, IU y Prex-Crex y la oposición del PP, instar al Gobierno regional a «paralizar la apertura de expedientes administrativos de desahucios contra familias que tramitan la renta básica».
La diputada socialista María Isabel Moreno, que presentó la propuesta, explicó que en el último año se ha incrementado el número de desahucios un 46% y que, al cierre de 2014, había 222 expedientes sobre viviendas públicas de Extremadura.
Por su parte, la parlamentaria del PP Gema Cortés afirmó que el gobierno regional defenderá siempre a quienes tienen necesidades reales de vivienda y que se han recuperado numerosos inmuebles en beneficio a los afectados.
Por otro lado, tras una pregunta de IU sobre la situación de la renta básica, la consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, María Ángeles Muñoz, afirmó que ya hay 8.519 expedientes con una resolución favorable y que la Junta ha incrementado notablemente el número de trabajadores encargados de la gestión de las demandas.
Por otra parte, el parlamentario socialista Luciano Fernández preguntó a la Junta sobre la situación de la enseñanza pública en la región, ya que considera que «hay menos calidad y más desigualdad». La consejera de Educación y Cultura, Trinidad Nogales, criticó lo que considera falta de rigor del PSOE, puesto que Extremadura es una de las regiones con mayor subida de los presupuestos educativos.
Además, a preguntas de IU y del PSOE sobre el nuevo currículo de Religión y la supuesta irrupción de las creencias religiosas en la educación pública, Trinidad Nogales explicó que este tema no es competencia de las regiones y que, en todo caso, esa materia es «voluntaria y opcional», al igual que sucedía en otras legislaturas.
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