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Paneles solares en la finca Los Maderos en Cáceres. :: hoy
Los pequeños inversores en fotovoltaica pierden hasta un 50% por el recorte de primas

Los pequeños inversores en fotovoltaica pierden hasta un 50% por el recorte de primas

La situación empeorará este año para los 4.600 propietarios de plantas en la región, vaticina la asociación que los agrupa

Celestino J. Vinagre

Lunes, 2 de febrero 2015, 00:16

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Los pequeños inversores en fotovoltaicas, que son mayoría en el mercado de las renovables en Extremadura, ya saben el coste real del último tijeretazo. Cuando el año pasado se aprobó el nuevo sistema retributivo, 4.600 familias extremeñas desconocían el impacto real de esa medida, en realidad el último del catálogo de recortes desarrollado por el Gobierno. Ya lo saben. Según coinciden Anpier (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica) y el Clúster de la Energía de Extremadura, han perdido entre un 30% y un 50% de ingresos que garantizaba el Estado. Las perspectivas para este año son peores porque se acumulan las pérdidas del año pasado y la de ejercicios anteriores tras la puesta en marcha de otras medidas restrictivas por parte del Ministerio de Industria.

El pasado 6 de junio el Gobierno aprobó el cambio de primas del régimen especial (renovables, cogeneración y residuos) que sustituye el sistema de primas por una «rentabilidad razonable» a lo largo de la vida útil de la planta. Con este cambio habrá instalaciones que dejarán de recibir esa retribución, inciden desde el sector. Con eso el Estado prevé ahorrar anualmente 1.700 millones de euros. En 2013, las primas al régimen de todas las instalaciones de energía renovable, no solo la fotovoltaica, sumaron 9.000 millones en España. En 2014 bajó a 7.300.

Límite

El impacto ya ha sido evidente en el bolsillo de decenas de pequeños inversores extremeños que decidieron poner sus ahorros en plantas fotovoltaicas de reducida producción pero que eran rentables cuando se pusieron en marcha. Esos 4.600 pequeños inversores llevan instalaciones con 600 megavatios de potencia. El tamaño de cada planta pequeña fotovoltaica, también conocida como huerto solar, oscila entre los 5 kilovatios y los 100 de potencia instalada.

En 2008, en el momento más esplendoroso de este subsector de la renovables, por cada 10 kilovatios se desembolsaban 70.000 euros. Lo normal es que la inversión realizada oscile entre los 200.000 y los 800.000 euros. Se acudió a los bancos para lograr el dinero y se avaló normalmente con bienes patrimoniales esos préstamos.

«Hemos llegado a un punto en el que muchos se están planteando vender plantas porque las dificultades son ya extremas no solo para tener rentabilidad sino siquiera cubrir gastos», resume Juan José López Vivas, delegado territorial de Anpier en Extremadura. «Con un descenso de entre un 30% como mínimo y un 50% en otros casos no hay negocio que lo soporte y menos las economías de pequeños inversores. La situación ya es límite. En 2014 se ha aguantado como se ha podido pero veremos quiénes pueden soportarlo en 2015», agrega Vicente Sánchez, presidente del Clúster de la Energía de Extremadura.

Desde 2010, el rosario de decretos, en algunos casos con carácter retroactivo, ha dejado tocadas no solo a las grandes empresas sino a las pequeñas instalaciones de fotovoltaicas en un territorio tan atractivo por sus condiciones climatológicas como Extremadura.

El primero fue el que impuso la reducción de horas subvencionables, especialmente dañino para las instaladas en la región. Después se han instaurado otras disposiciones y más costes para los pequeños propietarios como la obligación de ejecutar diversas medidas de carácter técnico en las plantas.

«Esto es insostenible. Solo queda aguantar, pero eso es algo que algunos podrán hacer y la mayoría no», sentenció hace unos meses a HOY Amalia López, uno de esos inversores fotovoltaicos. Hace seis años pidió un crédito por 700.000 euros para hacer frente a la inversión en un huerto solar que puso en marcha en 2008. Los dos primeros años las cuentan salieron para ir amortizando el préstamo. Ahora la planta le cuesta dinero: 60.000 euros en los últimos tres años y una previsión de 21.000 euros anualmente en los siguiente nueve años.

Obstáculos

«Se están producido refinanciaciones de los préstamos con los bancos pero eso no solventa el problema», añade López Vivas. «El problema no es solo para los 4.600 inversores extremeños sino para los bancos porque si alguien no paga la hipoteca de su casa, la entidad financiera se queda con el activo inmobiliario y lo puede colocar en el mercado. Pero eso no es tan fácil con una fotovoltaica», resume Sánchez.

Por la propia tipología de las pequeñas plantas fotovoltaicas, en la que hay decenas de propietarios en muchos casos, no resulta fácil venderlas salvo que se acepten precios que desde el sector se califican como denigrantes. Tampoco los bancos desean quedarse con esas instalaciones. «Han hecho todo lo posible para acabar con las renovables y lo han conseguido. Se han cargado el oro que para Extremadura suponían este tipo de energías», finaliza López Vivas.

A estas severas dificultades por el descenso en las retribuciones del Estado por producir energía a través de las renovables, Anpier añade un último obstáculo legal. La asociación denuncia la «complejidad» normativa y técnica impuesta por el Ministerio de Industria para «expulsar a las familias productoras del sistema».

A esa normativa quedan sujetas las instalaciones fotovoltaicas y las de otro tipo tras la última reforma del sector eléctrico. «Son unos imperativos en la gestión inasumibles para los particulares», resume el colectivo que agrupa a 62.000 familias, pequeñas inversoras en producción fotovoltaica.

Los pequeños productores, dicen, fueron atraídos por el Estado hacia este sector por la bondad social y medioambiental que aportan estas energías, así como por la garantía y seguridad que ofrecían dichas inversiones y la sencillez en la gestión de estos activos. Pero ahora «se encuentran inmersos en una maraña de disposiciones, procedimientos y condicionantes, que disuaden a nuevas iniciativas empresariales particulares y agotan las capacidades de los que operan con modestia en este sector. Ahora se les pretende expulsar por asfixia económica y requerimientos desproporcionados en la gestión».

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