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Inauguración de la estación privada de ITV de Don Benito la semana pasada. :
Los jefes de la ITV pública ganan 26.000 euros con los cursos de la privatización

Los jefes de la ITV pública ganan 26.000 euros con los cursos de la privatización

Más de 200 alumnos pagaron 800 o 1.200 euros en formación para poder trabajar en las privadas

J. López-Lago

Domingo, 1 de febrero 2015, 00:44

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La semana pasada en Don Benito se inauguró una ITV privada. Este miércoles es el turno de la de Jerez de los Caballeros. En apenas un año, Extremadura va a multiplicar por dos, hasta veinte, el número de estaciones fijas de ITV. Estos actos son una oportunidad única para los políticos, que se retratan con los jóvenes mecánicos en sus puestos de trabajo. Un pequeño grupo de empleados públicos que no salen en esas fotos han jugado también un papel importante. Entre cinco se han embolsado más de 62.000 euros por cuatro cursos que realizaron más de 200 personas, casi todas desempleadas, y abrían un carril laboral casi directo hasta estas estaciones.

Tanto es así que el 95% de la plantilla de Itevebasa (empresa adjudicataria de las nuevas ITV privadas de la región desde octubre de 2013) procede de estos cursos específicos que finalizaron en diciembre. Cada alumno pagó entre 800 y 1.200 euros por la matrícula. En un momento en que proliferan los cursos gratuitos para desempleados, especialmente si son de larga duración, los mecánicos e ingenieros que no dispusieran de estas cantidades o no llegaran a tiempo a ocupar una plaza vieron esfumarse una gran oportunidad.

En España, sólo Extremadura ha organizado de este modo su salto al modelo privado de estaciones de ITV. Aquí la Administración participa primero publicando un decreto marco, adjudicando luego el concurso, cediendo a la Universidad sus instalaciones de ITV públicas para cursos específicos de los candidatos y aportanto a sus propios técnicos como profesores. En el resto de las comunidades son las empresas adjudicatarias las que se encargan de formar a las personas que contratan.

El presidente de Itevebasa, Ramón Pérez, confirma que suele ser así. De hecho, tras el curso al que obliga el decreto de la Junta para suplir la falta de experiencia, Itevebasa proporciona una formación extra de unas dos semanas a los seleccionados. Dice Pérez que descartaron promover ellos mismos el primer curso específico porque la Universidad de Extremadura, en convenio con la Consejería de Fomento, ya se encargó de organizarlo.

Todo en un decreto

¿Pero por qué en Extremadura es necesario ese curso para acceder a un empleo en las ITV privadas? Esa obligatoriedad se establece en un decreto publicado el 9 de julio de 2013 en el Diario Oficial de Extremadura. Ahí está el origen de todo. Ese decreto 113/2013, de 2 de julio, regula la instalación y el funcionamiento de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos gestionadas en régimen de concesión administrativa.

En el apartado de requisitos de personal se propone intercambiar la experiencia para los principales perfiles profesionales -director técnico de la ITV, mecánico supervisor y mecánico inspector- por un curso de formación teórico práctico «expresamente reconocido por la Dirección General competente». Es decir, la Junta de Extremadura ha amparado legalmente el proceso de formación.

A las pocas semanas de publicarse el decreto empezó a ofertarse el primero de los cursos que se han celebrado, organizados por la Universidad de Extremadura (UEx). De este monopolio se ha beneficiado un reducido número de empleados públicos. Uno de ellos es Pedro Cupido Fernández, responsable de las ITV de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura. Ha cobrado más de 12.900 euros por dar clase en cuatro cursos. Una hija suya trabaja, por lo demás, en la ITV de Almendralejo, gestionada por Itevebasa. Aunque quien más cobró fue otra persona vinculada a la Junta, como director de la ITV pública de Villanueva de la Serena. José Antonio Gil Cacho se embolsó más de 13.400 euros, una cantidad muy similar a la percibida gracias a estos cursos por el número dos de la jefatura de servicio de las ITV públicas en la Consejería de Fomento, Francisco Carlos Castilla López. Tampoco es desdeñable la cantidad cobrada, más de 10.900 euros, por Rafael Nieto Barco, técnico de la ITV de Mérida que ejerce labores de coordinación entre las distintas estaciones públicas. Junto a ellos figura el director del curso, Diego Carmona, profesor en la Escuela de Industriales de la Universidad de Extremadura (UEx), que cobró más de 11.700 euros.

Entre cuatro personas vinculadas a la Junta, según consta en la UEx y ha comprobado HOY, facturaron más de 51.000 euros gracias a unas clases en las que participaron 205 alumnos. Solo en matrículas se estima que los ingresos sumaron más de 180.000 euros. Las clases se impartieron en Badajoz, Mérida y Cáceres, la mayor parte del tiempo en instalaciones universitarias. En el sector privado de las academias califican estos cursos como «pelotazo».

Este diario contactó con Pedro Cupido, pero optó porque respondiera la Consejería de Fomento. Hecha la petición, la Junta se limita a decir que autorizó a determinados funcionarios a impartir estos cursos fuera de las horas de trabajo y que sus retribuciones están reguladas por ley.

Con demanda asegurada

El famoso decreto se publicó cuando la región tenía una tasa de paro del 34% (175.000 personas). Esto aseguraba una demanda altísima para recibir unas clases por las que cualquier extremeño debía pasar si aspiraba a ser mecánico o ingeniero director de estas estaciones de IV.

«Los chavales me llamaban (para interesarse por el curso) porque muchos de ellos estaban en una situación de desempleo muy agobiante», ha reconocido esta semana a HOY Diego Carmona, quien opina que la formación ha salido muy barata a los inscritos y que los profesores han cobrado muy poco por impartirlos. Por su parte, Ramón Pérez añade que hay demanda de este tipo de profesionales, especialmente para los puestos de director técnico, al alcance únicamente de ingenieros superiores o técnicos.

Empezaron 32 alumnos en Badajoz, pero las peticiones superaron las 900, por eso se organizaron más cursos en Cáceres y Mérida. Muchos de los alumnos ya han encontrado trabajo en algunas de las nuevas estaciones privadas.

Según la empresa adjudicataria, el número de personas que ya ha contratado en la región supera el centenar. Y espera llegar a 142 en total cuando abran las estaciones restantes. Su presidente afirma que sólo hay «unas cuatro o cinco personas» a las que les ha bastado la experiencia en el sector. Por tanto, el porcentaje de gente que no ha tenido que gastarse dinero en el curso no llega al cinco por ciento.

Clausura del consejero

Como se sabe, en la región hay ahora diez estaciones públicas de ITV. Antes de marzo se espera que las otras diez privadas previstas estén ya funcionando en régimen de concesión administrativa. Faltan por abrir las de Jaraíz, Castuera y Jerez de los Caballeros.

Varios de los alumnos consultados dejaron claro que desde el primer momento se les informó de que superar el examen no significaba entrar a trabajar.

Los cursos eran de varios tipos: de 360 horas para ser director técnico (53 apuntados); de 225 horas para quienes quisieran trabajar de mecánicos supervisores o mecánicos inspectores (152). Los clausuró el consejero de Fomento de la Junta, Víctor del Moral, el pasado mes de septiembre cuando aún no habían finalizado. Según Carmona, era necesario entregar los primeros diplomas porque la empresa Itevebasa iba a empezar a contratar gente.

Los cursos empezaron en 2013, han durado entre dos y tres meses cada uno, y los últimos concluyeron a finales de 2014. Se realizó un convenio entre la UEx con Fomento para que los alumnos pudieran realizar prácticas en las ITV públicas. Esto último molestó a los trabajadores de las ITV de la región, muchos de los cuales se negaron a tutelar la formación de los alumnos.

Avalancha de peticiones

Según el decreto de la Junta, cada estación de ITV debe contar con un director técnico con titulación de ingeniería superior o técnica, y de no tener una experiencia superior a dos años en el sector, es obligatorio haber superado un curso homologado (cualquiera de los organizados por Junta y UEx) para optar a este trabajo.

El Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales no ha participado en el proceso. Ni aportando profesorado ni colaborando en la elaboración del programa de estudios. Nunca fueron consultados. Únicamente han divulgado el curso, explican desde su sede en Badajoz. El secretario técnico de este colegio profesional, Félix Arroyo, habla de avalancha de peticiones de información para participar en él, no solo de ingenieros superiores, sino también de titulados de FP que pensaban que el curso lo organizaban ellos, probablemente debido a que el primero tuvo lugar en la Escuela de Industriales.

Otro perfil necesario para trabajar en las nuevas ITV es el de mecánico supervisor. Según el decreto de la Junta, para optar a un puesto en la plantilla de Itevebasa es necesaria la titulación de maestro industrial, FP II o un ciclo superior de la rama de automoción. Igualmente se pide experiencia, en este caso superior a un año. De no tenerla, se exige haber superado el curso reconocido por la Junta. Algo similar ocurre con el perfil profesional de mecánico inspector, para el que se exige titulación mínima de FP I o ciclo medio en automoción. De no tener experiencia superior a medio año se exige este curso igualmente.

«Sacado de la manga»

En el sector de las academias privadas llamó la atención la amplia publicidad que se dio a estos cursos. Aparecía en anuncios en prensa y en decenas de portales de Internet, muchos de ellos de ayuntamientos. Pero los profesionales de la formación vieron que el decreto prácticamente acotaba la celebración del mismo a la administración.

Un empresario del sector de las academias privadas que prefiere no desvelar su nombre se fijó en el decreto y lo analizó. Su conclusión: «Se ha montado únicamente con la excusa de la reciente privatización del servicio». Él, como otros, en cuanto vieron que la Junta y la Universidad estaban detrás, desistieron de intentar homologar su centro para impartirlo pues preveían obstáculos de todo tipo. Según la Consejería de Fomento, solo una empresa se interesó por impartir este curso, pero desistió cuando se le informó de los trámites a seguir y no formalizó su petición. Pero es que según este mismo empresario, el curso sería totalmente prescindible. «Bastaría ajustar los requisitos de la plantilla a la titulación universitaria o ir a la familia profesional correspondiente en el Sexpe y lanzarlo como curso gratuito. Pero por alguna razón han decidido sacárselo de la manga». La otra opción que plantea es que sea la propia empresa que contrate a la plantilla la que imparta el curso para asegurar la calidad del trabajo que se haga, al modo alemán de la formación dual.

En los decretos de otras comunidades autónomas que ha revisado HOY no se contemplan cursos promovidos por la Administración regional con el fin de poder entrar a trabajar en las ITV que prestan su servicio en régimen de concesión. Lo habitual para los aspirantes a ese trabajo suele ser acreditar una titulación -de ingeniero o FP en la rama de automoción- y a veces experiencia tras haber trabajado en otras estaciones de ITV del país.

Ramón Pérez, de Itevebasa, lo confirma, pero añade que la fórmula ideada por la Junta es buena, y de hecho puede que la copien otras comunidades, dice. De no existir más cursos de este tipo, incluso se plantearían intentar homologar ellos como empresa este tipo de formación, para lo cual contratarían personal de todo tipo, incluido técnicos y funcionarios de la administración pública. Su argumento es que hay muy pocos profesionales de este sector.

La AECA es la Asociación de Entidades colaboradoras de la administración en las inspecciones técnicas de vehículos. Su secretario general, Luis Rivas, explica que lo habitual y más recomendable es que sea la empresa la que forme a los trabajadores, pero justifica los cursos promovidos desde la Junta porque, según dice, la situación de Extremadura era especial al tener que construir y dotar ocho estaciones de ITV en muy poco tiempo. La fórmula elegida aquí es, a su juicio, la acertada.

Rivas explica que la normativa estatal establece requisitos generales sobre formación básica de las plantillas, pero estos hay que llevarlos a una formación específica y cada comunidad autónoma desarrolla la ley a su manera.

Esta es la razón por la que la AECA pone a disposición un extenso manual de 462 páginas (se descarga gratis en Internet) que aborda esta formación relacionada con el procedimiento de inspección de vehículos, un libro de referencia que se actualiza periódicamente y que revisa el Ministerio competente. «Si se tiene experiencia se puede suplir esa formación», admite Rivas, quien dice que la responsabilidad de la formación del personal que tienen contratado las empresas, ya sean privadas o públicas, recae en esa empresa.

La historia del otro gran negocio de las ITV se resume o enumera en un innovador decreto de privatización que ampara unos cursos de formación inexistentes e innecesarios hasta el momento en la región -como bien se detalla en la información que completa esta página- de los que se beneficia particularmente la empresa adjudicataria; en unos cursos que se preparan con una urgencia tal que cualquiera diría que Extremadura era un clamor en demanda de nuevas estaciones de ITV; en unos cursos que cuestan 800 y 1.200 euros, no favorecen a los desempleados y cuentan con plazas limitadas, lo que genera un notable agravio para cientos de posibles candidatos; y por último, en unos cursos de los que cuatro empleados vinculados a la ITV pública obtienen más de 50.000 euros por clases y dietas.

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