Borrar
Acceso al Servicio de Urgencias del Hospital Infanta Cristina de Badajoz. :: hoy
La Junta propone reconocer al personal sanitario como autoridad pública

La Junta propone reconocer al personal sanitario como autoridad pública

La propuesta de ley que se ha presentado en la Asamblea extiende la condición a sanitarios, directivos y personal de administración

JUAN SORIANO

Miércoles, 28 de enero 2015, 13:40

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

MÉRIDA. Todos los trabajadores de los centros sanitarios públicos de Extremadura serán considerados autoridad y, como tal, estarán especialmente protegidos ante cualquier agresión. Así lo recoge el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo autonómico a través del Grupo Popular en la Asamblea.

La propuesta de Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario Público de Extremadura sitúa a la legislación autonómica a la altura de otras comunidades que ya han regulado esta cuestión, como Aragón y Castilla y León. Surge ante el aumento de las agresiones en los últimos años y tras un acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud. El presidente extremeño, José Antonio Monago, anunció este proyecto en mayo del pasado año.

La norma que propone la Junta será de aplicación tanto al personal sanitario, desde licenciados (médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos y especialistas en Ciencias de la Salud) a diplomados (enfermeros, fisioterapeutas, podólogos, ópticos, terapeutas ocupacionales, logopedas, nutricionistas y otros) y a los actuales graduados; como a trabajadores de administración y servicios. Asimismo, se extenderá al personal directivo que preste servicios en los centros sanitarios.

Tal como recoge la exposición de motivos, con esta ley «se pretenden reforzar los instrumentos jurídicos necesarios que permitan conseguir que los profesionales sanitarios puedan desempeñar sus tareas en un ambiente de máxima confianza, respeto y seguridad para ellos y para el sistema sanitario».

Para ello, se reconoce la condición de autoridad pública a los trabajadores de centros sanitarios de la administración, «lo que supone que todos ellos gozarán de presunción de veracidad en sus informes y declaraciones». Esto implica que, en caso de duda, su palabra tendrá prioridad. Asimismo, contarán con la especial protección que se reconoce en la legislación vigente para casos de agresiones.

Entre otras cuestiones, se reconocerá que los profesionales siempre estén en el ejercicio de sus funciones cuando se produzca un ataque a su integridad física o moral derivado de su condición, ya sea dentro o fuera del centro sanitario. Además, tendrán derecho a la protección jurídica adecuada. Esta asistencia consistirá en la representación y defensa en juicio. También contarán con ayuda psicológica, médica y para garantizar su derecho a la intimidad.

Demandada por el sector

La norma que plantea la Junta de Extremadura cumple con las expectativas del sector, que demandaba una ley que permita mejorar la protección a los profesionales que sufren agresiones.

Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, destaca que el Ejecutivo autonómico ha atendido las peticiones de los profesionales, pero recalca que una ley de este tipo no debería aprobarse nunca, ya que surge ante el aumento de las actitudes violentas. También resalta que con esta norma una agresión contra un profesional sanitario será considerada delito y no falta, lo que permitirá endurecer las penas.

En el mismo sentido, Carlos Arjona, presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, subraya que con esta norma la Fiscalía podrá actuar en casos de agresiones a profesionales del sistema sanitario, desde los médicos a los administrativos. Asimismo, recalca que en estos casos es importante reconocer la autoridad porque los trabajadores actúan en nombre de la administración.

Felipe Bachiller, del sindicato UGT, espera que la norma tenga efectos disuasorios. «Ningún tipo de agresión está justificada, porque existen cauces administrativos y legales para denunciar una mala praxis».

Damián Cumbres, de Satse, aplaude la puesta en marcha de una norma que lleva años demandándose. «Nos parece positivo, es mejor tarde que nunca», indica. «Si no hay cultura de respeto, que exista la ley».

Por último, Emilia Montero, de CSI-F, incide en que la norma proteja por igual a los profesionales médicos y a los de administración y servicios, ya que «en un centro sanitario se trabaja en equipo».

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios