Pacto de estado energético

En efecto, fuera de la lucha antiterrorista, pocos son los pactos de estado alcanzados. A escala autonómica, en Extremadura podemos presumir de haber logrado en 2010, durante el gobierno de Guillermo Fernández Vara, el «pacto social y político de reformas para Extremadura», fundamento de todas las políticas desarrolladas con posterioridad. Y, formando parte de él, un pacto sobre la ley regional de educación, quizás el más demandado por los ciudadanos.

Parece que los requisitos básicos para que una materia sea merecedora de un pacto de estado son que se la considere estratégica para el futuro del país, que exista un problema y que las acciones para solucionarlo solo puedan ser eficaces a largo plazo. Y parece también que, claramente, éste es el caso de la energía en España. Tenemos un grave problema, centrado especialmente en la energía eléctrica. La situación actual no es sostenible ni social, ni ambiental ni económicamente. Y sobre todo, falta clamorosamente la visión de a dónde queremos llegar en el largo plazo. Los actuales responsables de la política energética sólo actúan en el corto plazo. Son como un directivo que no se ocupa de fijar los objetivos estratégicos de su empresa y solo se preocupa de que la contabilidad cuadre a final de año.

Estamos en lo más crudo del invierno y quienes están en contacto con los más vulnerables, nos alertan del crecimiento de la pobreza energética. Muchas familias no pueden hacer frente a los recibos de la electricidad y el gas para la calefacción.

Existe también acuerdo general en que España no cumplirá el objetivo europeo de que el 20% del consumo total de energía provenga de fuentes renovables en 2020. Íbamos muy bien, pero en 2012 dimos un frenazo brusco. Y lo peor es que no hay ninguna previsión de hacer algo en los próximos años para alcanzar el objetivo.

Y para colmo, la electricidad es cara y se ha generado un déficit de tarifa superior a los 30.000 millones de euros. Para remediarlo, el gobierno de España se equivoca completamente en el diagnóstico, en mi opinión. Le achaca todos los males a las energías renovables y aplica un tratamiento de choque para intentar impedir su crecimiento. Ignora que en 2013, por ejemplo, las renovables evitaron la importación de combustibles fósiles por un valor superior a 3.000 millones de euros. O que los consumidores nos ahorramos, también en 2013, casi 6.000 millones de euros en las facturas de la luz gracias a las renovables.

Este último fenómeno lo estamos comprobando directamente en nuestros bolsillos en estos días. En la primera mitad de enero hubo poco viento y el precio de la electricidad subió considerablemente al tener que utilizar gas importado para producirla. En cambio, cuando han llegado las borrascas, y con ellas el viento, el precio de la electricidad ha disminuido gracias a los parques eólicos. Y el incoherente ministro de Industria, paladín anti renovables, presumiendo de la bajada de precios.

El mismo ministro que ha actuado con prepotencia y enfrentándose a todos, incluidas las comunidades autónomas gobernadas por su mismo partido, que no dan abasto presentando recursos de inconstitucionalidad. El mismo que no se ha dignado sentarse a dialogar con el resto de grupos parlamentarios ni con las empresas del sector, que se han visto obligadas a recurrir ante instancias internacionales, poniendo a España en la misma categoría que Venezuela.

Se pueden poner muchos ejemplos de la falta de acuerdos. En materia de planificación de infraestructuras energéticas, el gobierno de España ha ignorado a las comunidades autónomas. Así, en Extremadura se han suprimido de la planificación hasta 2020 las subestaciones necesarias para el AVE. En energía nuclear, el gobierno se ha empeñado, en contra de la opinión del resto de grupos políticos, en reabrir la central de Garoña, parada desde 2012 y que ya superó los 40 años de funcionamiento. Y, por último, el incomprensible empecinamiento en impedir el autoconsumo de electricidad.

Siendo realistas, parece difícil que en un año electoral sea posible un pacto de estado. Pero tras las elecciones generales, entiendo que será una necesidad ineludible, en un nuevo escenario sin mayorías absolutas. Ya se han aportado sugerencias interesantes para el debate constructivo y sereno que en su momento se ha de producir.

Avanzar hacia un nuevo sistema de fijación de precios en el mercado eléctrico, de forma que el precio represente el coste medio de la generación y no el coste marginal de la central más cara, lo que provoca que los consumidores paguemos un precio excesivo. Incentivar decididamente, no con la boca chica, el ahorro y la eficiencia energética. Desarrollar todo el potencial en energías renovables de España, con un marco estable, lo que permitiría desarrollar una industria competitiva y reducir nuestra dependencia exterior. Afrontar el problema de la pobreza energética, fijando un servicio mínimo de electricidad y gas. Regular el autoconsumo y el balance neto, derogando el peaje sobre el autoconsumo, que se creó con la Ley del Sector Eléctrico en 2013.

La tendencia es imparable. Vamos hacia un mundo más limpio, sin combustibles fósiles, con generación distribuida y con energía suficiente para todos. Nuestra responsabilidad es planificar la transición con sensatez.