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Juan Soriano
Viernes, 16 de enero 2015, 11:39
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«Respuestas concretas a problemas concretos y fechas concretas». El secretario general del PSOE extremeño y candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara , presentó de esta forma su agenda por el cambio, una batería de 60 medidas a poner en marcha en los seis primeros meses de su gobierno en caso de que se imponga en las próximas elecciones autonómicas. De no cumplir, aseguró que renunciaría al cargo y dejaría su puesto a otro compañero de partido.
Fernández Vara refrendó su compromiso con una puesta en escena en dos actos. Por un lado, con la firma ante notario de un acta de manifestaciones en la que afirma que renunciará al cargo de presidente si no cumple con las 60 medidas en el plazo establecido. Por otro, con la presentación pública de esa agenda del cambio ante el Templo de Diana de Mérida retransmitida vía satélite y arropado por una nutrida representación de su partido.
Buena parte de las medidas ya fueron adelantadas por Fernández Vara en el debate de la moción de censura que presentó el pasado año contra José Antonio Monago. La novedad es que ahora se recogen en un documento firmado ante notario y con un compromiso de ejecución.
El secretario general del PSOE extremeño reconoce el riesgo de su acto ante notario y las posibles comparaciones con los incumplimientos en que incurrió durante su etapa de gobierno entre 2007 y 2011. «Asumo la responsabilidad de decir qué vamos a hacer, y si no me voy».
En la práctica, no se necesita un acta oficial para refrendar un compromiso con la ciudadanía. El incumplimiento se produce cuando no se lleva a cabo una promesa, se haya hecho en un acto público o en una notaría. Pero la decisión de Fernández Vara implica exponerse a una evaluación de sus medidas. Por ese motivo, pide que Monago haga lo mismo y se comprometa a renunciar al cargo si no cumple con su programa electoral.
240 millones de euros
Las 60 propuestas implican un gasto de 240 millones de euros, aunque la mayor parte no supondría ningún coste añadido. El grueso de la inversión corresponde a un plan de estímulo de la economía y empleo local dotado con 150 millones de euros, pero también se incluye la implantación del transporte escolar gratuito, la gratuidad de los libros de texto, la ampliación de las becas universitarias, la devolución del copago farmacéutico, la reapertura de las urgencias rurales y la recuperación de las campañas de sanidad animal y vegetal. También propone una nueva ley de renta básica con una dotación de 40 millones de euros y una ley contra la pobreza energética dotada con 12 millones.
Los 150 millones del plan de estímulo se obtendrían mediante una reasignación del Presupuesto de la Junta para este año, aunque no precisó qué partidas cambiaría. Del resto no se indica la procedencia de las fuentes de financiación.
El candidato del PSOE destacó en su presentación la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para facilitar la presentación de iniciativas ciudadanas, crear un registro de programas electorales para velar por su cumplimiento y eliminar los aforamientos. La medida incluye negociar con el Estado la devolución de las competencias en materia de epidemias, vacunas y control sanitario de las industrias.
También plantea que ningún político pueda tener más de un cargo, excepto los que son ineludibles (por ejemplo, para presidir la Junta hay que ser diputado autonómico). Y sugiere reducir de siete a cinco el número de consejerías y de nueve a cinco el número de consejeros (en la actualidad hay dos cargos asimilados); así como eliminar el Consejo Consultivo y que el director general de Canal Extremadura se elija por concurso público abierto.
En materia de administración, se compromete a establecer el silencio positivo, de modo que si la Junta no responde en plazo a una petición se considerará aprobada automáticamente. También propone fijar antes de finales de este año un calendario de oposiciones con fechas concretas para los próximos cinco años, y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados públicos.
En fiscalidad plantea un modelo que tenga en cuenta el patrimonio disponible para que pague más quien más tiene; y en el apartado social y sanitario un plan contra el consumo de alcohol por parte de menores y la elaboración de una ley de emergencia social de la vivienda. «Respuestas concretas a problemas concretos y fechas concretas», afirmó.
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