Oposiciones en la Junta

La sentencia del TSJ es taxativa: no solo pide que se abra el turno de ascenso antes del libre -porque, dice, ni una comisión paritaria podría suprimir un paso contemplado expresamente en el convenio-, sino que suspende la convocatoria para evitar precisamente lo que plantea la Junta: hacer oídos sordos y arriesgar cara al futuro, cuando el TS se pronuncie, con un problema más complejo si dicho pronunciamiento defendiera las tesis actuales del TSJ. Conviene recordar el laberinto jurídico en el que se ha visto inmersa la oposición de enfermería de 2007 a cuenta, precisamente, de que en su día la administración -entonces del PSOE- no detuvo a tiempo y prudentemente un proceso de selección, es decir, cuando todavía no había damnificados. El fondo de estos asuntos es que la administración debe velar por la seguridad, la equidad y la legalidad de sus procesos de selección, independientemente de lo que planteen sindicatos o cualquier organización profesional. No puede ocurrir que la administración actúe como si fuese parte interesada, papel que tienen sindicatos, trabajadores y opositores, por ejemplo. Sin embargo, es lo que ayer cabía deducir a la luz de la decisión adoptada en este caso en particular.

Mención aparte merece la propia sentencia del TSJ de Extremadura. Cuesta creer cómo la sección primera de la Sala de lo Social ha dejado abierta una puerta tan desprotegida a los intereses de una de las partes, en este caso la Junta, para que se salte precisamente el fondo de uno de los contenidos sustanciales del fallo -que no es firme- y, en todo caso, el más comprometido ante un recurso al Supremo. En la medida que la suspensión cautelar de las oposiciones forma parte del fallo y éste no es firme, un recurso como el anunciado ayer por Checa lo convierte en latente o inaplicable. La Junta puede seguir adelante. Este panorama dibuja un espacio de incertidumbre ciertamente inquietante, pues cabría la posibilidad de que el TSJ por sí mismo -o a instancia de otra de las partes, que podría ser incluso un trabajador afectado- emitiese un auto de suspensión específico que garantizaría el respeto a lo que plantea al final de sus fundamentos de derecho: es decir, que la suspensión «es una consecuencia lógica de su estimación [de la demanda de CC OO y CSIF] porque puede que plazas que estén comprometidas en esas posibles convocatorias tengan que ser ofrecidas antes en el turno de ascenso en cumplimiento de lo que, como se ha razonado, exige el convenio».