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El TSJEx pide un informe pericial antes de decidir si Isla Valdecañas es demolido

Paca Blanco (Ecologistas en Acción) pasa junto a los representantes de Marina Isla Valdecañas, ayer. :: l. c.
Paca Blanco (Ecologistas en Acción) pasa junto a los representantes de Marina Isla Valdecañas, ayer. :: l. c.
  • La Junta propone que el estudio lo haga la Uex, los promotores prefieren a alguna empresa privada, y Adenex, a la estación biológica de Doñana

Habrá que seguir esperando para saber si Marina Isla de Valdecañas, el complejo de ocio más lujoso de Extremadura, es demolido, a priori la única forma de «restituir los terrenos a su estado originario». Eso es lo que ordenó primero el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el 9 de marzo del año 2011, y después el Tribunal Supremo, el pasado 29 de enero. Ayer, en la sede del primero de esos órganos se vieron las caras representantes de las ocho partes: los promotores, la Junta, las dos asociaciones conservacionistas que llevaron el asunto a los tribunales (Ecologistas en Acción y Adenex), los dos ayuntamientos en cuyos términos municipales se asienta el proyecto (El Gordo y Berrocalejo, a unos 160 kilómetros de Madrid) y dos asociaciones de propietarios de inmuebles en Marina Isla de Valdecañas, donde se siguen vendiendo apartamentos a partir de 450.000 euros.

En total, veinte personas se reunieron ayer en Cáceres, en una cita presidida por el magistrado Casiano Rojas. A las puertas de la sede, una veintena de manifestantes, la mayoría de ellos de Ecologistas en Acción pero también miembros de las formaciones políticas Podemos y Equo, que exhibieron una pancarta pidiendo la demolición inmediata. Dentro, en un salón, cada una de las partes expuso sus argumentos. De la cita a la que les había convocado el alto Tribunal salieron varios acuerdos, ninguno de ellos de carácter resolutivo para la causa.

La más concreta de las novedades es que se encargará un informe pericial, del que la sala de lo contencioso-administrativo se servirá, junto a los razonamientos de carácter jurídico, para resolver si el complejo debe ser demolido. Que Marina Isla de Valdecañas es ilegal ya lo han dicho dos sentencias muy parecidas. Despachado ese extremo, el asunto primordial que queda por aclarar es si el fallo se hará cumplir y de qué forma. La Junta ha alegado que no es posible echar abajo el complejo, entre otros motivos porque le costaría unos 34 millones de euros, y le compete resolver el asunto al TSJEx, que ayer expuso la necesidad de tener más datos antes de tomar una decisión. De ahí viene el encargo de un informe pericial, que está por ver quién lo hará.

Las distintas opciones

Al Ejecutivo autonómico le gustaría que ese estudio lo firmara la Universidad de Extremadura. Los promotores del complejo prefieren a empresas privadas, mientras que Ecologistas en Acción propuso a algún organismo público y Adenex concretó en la estación biológica del Doñana, adscrita al CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas), o un equipo de la organización conservacionista WWF. Finalmente, decidirá el Tribunal.

También está por perfilar qué aspectos concretos abordará esa prueba pericial, aunque la pretensión es que responda a cuestiones como qué efectos ha tenido la construcción del complejo sobre el hábitat de la zona y el coste y consecuencias de la demolición. Está abierta la posibilidad de que el informe trate también otras cuestiones, como las alternativas al derribo o una explicación de cómo ha de realizarse la regeneración ambiental de la zona.

Mientras la Junta y los promotores mantienen que el complejo ha mejorado el hábitat del lugar, que estaba deteriorado, las dos asociaciones conservacionistas afirman lo contrario. Entre otros argumentos, Adenex citó ayer un informe de SEO (Sociedad Española de Ornitología)/Birdlife que asegura que catorce de las quince especies más significativas del área en el que se asiente el recinto -terrenos protegidos medioambientalmente que la Junta recalificó en el año 2007- están ahora en peor situación que antes. Además, en la comparecencia de ayer, el magistrado pidió a las partes que abran un espacio para el diálogo e intenten acercar sus posturas, a día de hoy muy alejadas. Uno de los pocos puntos en los que hay cierto consenso es en que se mantengan en pie las depuradoras que se construyeron para abastecer al complejo y de las que se han beneficiado los vecinos y empresas de El Gordo y Berrocalejo.

«Nuestra postura es defender el interés general por encima del particular y hacer valer que las resoluciones judiciales deben cumplirse», valoró al término del encuentro José María Trillo, abogado de Ecologistas en Acción. Para María Ángeles López, letrada de Adenex, «no se puede aceptar nada que perjudique al medioambiente». Javier Gaspar, abogado de la Junta, declaró a Efe que la demolición «es imposible material y legalmente». José María Gea, gerente de Marina Isla Valdecañas, declinó pronunciarse.