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Todas las partes están citadas mañana para decidir qué se hace con Isla de Valdecañas

Un visitante del complejo fotografía la zona de la playa artificial / HOY
Un visitante del complejo fotografía la zona de la playa artificial / HOY
  • Ecologistas, Junta, Diputación, promotora y propietarios de los chalés están llamados por el TSJ a una vista para plantear el futuro del resort de lujo, sobre el que pesa una orden judicial de derribo

Ocho meses después de que el Tribunal Supremo confirmara la ilegalidad de Marina Isla de Valdecañas este jueves se celebra en el TSJEx (Tribunal Superio de Justicia de Extremadura) una vista judicial para determinar el futuro del complejo de lujo construido en un espacio protegido. Ecologistas en Acción recuerda en una nota de prensa que las sentencias obligan a la restitución de los terrenos a su estado original, por más que se intente retrasar esa medida con argumentos engañosos.

El TSJ reúne mañana a representantes de las dos organizaciones que denunciaron el complejo desde un principio, Ecologistas en Acción y Adenex, así como a la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, la empresa promotora de Marina Isla de Valdecañas y los 6. El complejo de ocio más exclusivo de Extremadura junta muchos fines de semana algunos de los apellidos más ilustres del país (Aznar, Cisneros, Gómez-Acebo, Spínola, de Senillosa...).

La vista se celebra después de que la promotora declarara un concurso de acreedores y después de que la Junta de Extremadura presentara "numerosas excusas para evitar la demolición del complejo", denuncian.

Los ecologistas presentaron ante el tribunal escritos avalados por estudios que desmentían los argumentos de la Junta para evitar la demolición y restitución de terrenos en el espacio protegido. Aseguran que "el complejo de lujo no ha generado empleo de forma significativa y el impacto de la construcción en la avifauna ha sido dramático". Según ellos, la demolición no costaría la cantidad astronómica calculada por el gobierno autonómico.

La Junta aseguró que el coste de la demolición ascendería a 34 millones de euros. Pero incluyó en este presupuesto tareas innecesarias como el desmantelamiento de la estación depuradora y el desbroce y tala de toda la superficie vegetal. Solo este arranque de vegetación supone un gasto de 14 millones de euros, algo a todas luces innecesario y contraproducente puesto que en gran parte se trata de especies autóctonas, que deberían permanecer en la isla recuperada.

La Junta argumentó, detallan los ecologistas, que la demolición acabaría con la generación de empleo promovida por la urbanización. Pero los datos son demoledores en sentido contrario: la creación de puestos de trabajo ha sido mínima y a un coste insostenible. Un informe pericial elaborado por diversos expertos y académicos, concluye que el empleo generado ha sido a costa de inversiones disparatadas. Al menos, 1,8 millones euros de inversión por empleo generado. "Estos puestos de trabajo adolecen de una altísima temporalidad, es decir, son de corta duración".

Los estudios presentados por las organizaciones ecologistas demuestran, según explican en una nota de prensa, que 13 de las 14 especies de avifauna más importantes del espacio protegido han disminuido sus poblaciones, en algunos casos de forma dramática. Tal es el caso de los tres patos más representativos de Valdecañas en invierno, el silbón europeo, el ánade friso y el azulón, que entre 2003-2005 y 2012-2014 han dividido sus poblaciones por 13, 116 y 11, respectivamente.

Ecologistas en Acción recuerda también que el resort "nunca debió levantarse, como la organización reclamó antes de que esa construcción comenzara". Ahora, aseguran, "deben cumplirse las sentencias de una vez por todas".

El Gobierno regional aprobó en 2007 el Proyecto de Interés Regional (PIR) Marina de Isla de Valdecañas, recalificando unos terrenos protegidos para construir un complejo turístico de lujo. Pero el PIR pasó por alto el valor ecológico de estos parajes, incluidos dentro de la Red Natura 2000.

El proyecto fue recurrido por Ecologistas en Acción y Adenex ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que les dio la razón en 2011. El pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo refrendó el fallo, declarando la nulidad del proyecto y la obligación de restituir los terrenos a su estado anterior.