Transparencia, explicaciones y una dimisión

La retirada de la exclusividad en competencias de política financiera a la Consejería de Economía y Hacienda es una medida de hondo calado que puede tener numerosas repercusiones. A pesar de ello, no ha merecido ninguna explicación pública por parte de la Junta de Extremadura, exceptuando un frío y burocrático decreto en el DOE. En contra de lo que pudiera creerse, no se trata de un asunto anecdótico o tangencial. Al margen del uso concreto que vaya a hacerse de la medida, esta afecta a uno de los pilares de la Consejería encargada nada menos que del déficit, del ajuste de gastos, de la contención del endeudamiento o su planificación, es decir, a la columna vertebral de la política económica del Gobierno extremeño en estos momentos, y con posibles repercusiones en el día a día del sector empresarial, financiero y demás sectores productivos de la región. ¿Cómo es posible que un requiebro organizativo de esas dimensiones solo se sostenga con cuatro líneas en un boletín oficial? La iniciativa, además de crear una onda expansiva de interrogantes e incertidumbres, siembra el desconcierto y la sorpresa. No se entiende que el titular de Economía y Hacienda pueda verse privado discrecionalmente de competencias sustanciales y especialmente técnicas en las que entiendan y se atribuyan la capacidad de decisión otras consejerías. Introducir en esa parcela de gestión una suerte de arbitrariedad que en primera y en última instancia puede determinar el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura es una manera de 'sustraerle' al titular de Economía y Hacienda el grado de autonomía y responsabilidad de que debe disponer un consejero. Dicho sin ambages, es una manera de convertir a su actual titular, el catedrático Antonio Fernández, en un hombre de paja, en una figura postergada, capitidisminuida. Por tanto, es comprensible que el hombre al que le han quitado de hecho la llave de las finanzas de la región ponga punto final a su etapa en el Gobierno de Extremadura. Otros lo harían quizás dando un portazo. Los ciudadanos precisarían una explicación antes incluso de que esta venga 'forzada' por la marcha del consejero Antonio Fernández. Las explicaciones deberían preceder a su retirada, no convertirse en una consecuencia o una justificación a posteriori, impuesta por las circunstancias.