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Celestino J. Vinagre
Martes, 17 de junio 2014, 07:28
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«Nos están criminalizando y aún muchos todavía se creen que vamos en Rolls-Royce». La frase es de la cacereña Amalia López, actualmente desempleada, y titular desde 2008 de un huerto solar. Como miles de extremeños, Amalia decidió invertir parte de sus ahorros y patrimonio en un negocio que se vendió como rentable, seguro (estaba el Estado detrás) y socialmente comprometido al basarse en energías limpias. Pero el rosario de decretos, cada cual peor, ha dejado tocadas no solo a las grandes empresas sino a las pequeñas instalaciones de fotovoltaicas en un territorio tan atractivo por sus condiciones climatológicas como Extremadura. 4.600 pequeños inversores en este tipo de renovables se encuentran ya en una situación límite.
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