El cerdo ibérico entra en los tribunales

Desde hace tres semanas, la ventanilla de la Sala Tercera, Sección Primera, del Tribunal Supremo no ha parado de recibir recursos contra el Real Decreto 4/2014, de 10 de enero de la nueva norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico. Hasta la fecha, se han presentado en el juzgado nueve asociaciones e instituciones, agrupando las demandas en cuatro recursos conjuntos. El primero, anunciado desde el momento en el que se aprobó la normativa, ha llegado por la Junta de Castilla y León, en manos del PP, que asume los postulados de su potente industria.

Tras la demanda avanzada por la comunidad vecina han acudido al Supremo un enjambre de siglas y asociaciones. En primer lugar, todas sus organizaciones agrarias (COAG, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos y Asaja). Después la Unión Regional de Cooperativas Agrarias, Ibercyl (Asociación de Productores del Cerdo Ibérico de la región) y la Asociación Jamón de Salamanca. Incluso lo ha hecho Asacriber (Asociación de Criadores de Porcino Ibérico), cuando al poco de aprobarse la normativa de calidad la valoraba como positiva. Fuera del territorio castellano-leonés también se ha sumado al recurso la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino.

Pata negra

En el territorio colindante hablan de que la denominación pata negra, cuyo uso queda regulado nítidamente por el decreto, restringe sus expectativas de venta no tanto en España como en las exportaciones realizadas a Europa o Asia, donde el ibérico se asocia al pata negra.

Gran parte del producto ibérico de esa región no llevaría esa denominación al no derivar de guarros ibéricos puros que pasan los últimos 60 días de vida en la dehesa. Además, se quiere que el tanto por ciento de la pureza racial que debe ir en el etiquetado de los productos vaya en un tamaño de letra más pequeño. Es decir, se pretende que el consumidor no vea en letras más visibles si el ibérico es puro o cruzado.

Cañete ha dicho que se oponen a la norma de calidad quienes no quieren que haya información al consumidor y califica de aberración llamar pata negra a todos los jamones al margen de que sean o no ibéricos de bellotas y pasten en dehesa. En Extremadura, la Junta, a través de su director general de Agricultura y Ganadería, Jesús Barrios, lamenta que «algunos tratan de desacreditarla a base de recursos y de declaraciones inadecuadas». Es llamativo, dice, que «siempre sean los mismos descontentos, los que no digieren que este cambio es necesario para que el sector se estabilice».

El alto cargo del Ejecutivo regional sostiene que los recursos, declaraciones y otras manifestaciones críticas sólo ponen en evidencia las deficiencias que en el cumplimiento de la norma tienen determinados modelos productivos. El director general de Agricultura y Ganadería defiende que todos los modelos del ibérico tienen cabida en la norma «aunque sin olvidar que el final de los productos del cerdo ibérico es que alguien los consuma, y el consumidor tiene derecho a saber qué consume y cómo se produce».

Para Javier Solano, presidente de la Asociación de Productores de Cerdo Ibérico de Extremadura, es normal el rechazo de ciertos sectores y la presentación de recursos porque cuando una norma es hecha por políticos y no fundamentalmente por técnicos pasa esto. «Sin consenso está abocada a ser problemática desde su comienzo», afirma.

Solano entiende de forma general que en todo caso a la normativa hay que darle su tiempo para valorar su efectividad plena. Sin embargo, el colectivo que representa es partidario de cambiar algunos aspectos, como el que fija una edad más tardía para el sacrifico de los cerdos de cebo de campo, doce meses por los diez fijados para los de cebo normal. «Todos sabemos en Extremadura que un cochino de campo tiene ya peso y forma para ser sacrificado a los diez meses», agrega.

También Solano cree que perjudica más que beneficia a los intereses generales de Extremadura el requisito para llamarse pata negra. «La inmensa mayoría del cochino que se mata y comercializa aquí es 50/50 (madre ibérica pura, padre no, o al revés). En ese aspecto estamos más cerca de lo que pide Castilla y León que lo que ha conseguido Andalucía y su influyente minoría de productores de guarros puros, a los que Arias Cañete les ha hecho más caso».

Reconversión del cebo

Mientras, Antonio Prieto, responsable del sector de ganadería de la organización UPA-UCE, explica que la proliferación de recursos viene de una consecuencia política, la decisión del Gobierno de Castilla y León de recurrir la norma. «Una vez que lo ha anunciado, todas las demás asociaciones de la región han seguido el camino, pero dudo mucho que todas al final sigan adelante con el recurso».

Para Prieto, Castilla y León y los que defienden un modelo de cebo más o menos intensivo pretende conseguir en los juzgados lo que no han logrado en la negociación con el Ministerio. «Lo que quieren es que algún juez se ablande y diciéndole que si la norma de calidad sigue como está llevaría a la ruina a muchos ganaderos, industrias y explotaciones», explica.

Para el responsable ganadero de UPA-UCE, lo que deben hacer allí es adaptarse a la nueva normativa. «Tienen un plazo más que prudencial». afirma. Aunque se aprobó en el mes de enero pasado, no entrará en vigor plenamente hasta 2017. Los productores de intensivo son los que tienen ese plazo.

La norma establece un número de cerdos por hectárea en función de la superficie arbolada cubierta. Será entre 0,25 y 1,25 cochinos por hectárea, según la bellota disponible. También regula las instalaciones intensivas a las que se exige una mayor superficie para la crianza de guarros en cebaderos: dos metros cuadrados mínimo para los de más de 110 kilos de peso.