Hoy

Enfermeros piden al Constitucional que anule el proceso judicial de la oposición de 2007

Ángel Manuel Antúnez, Paz Montero, Beatriz García y Javier Cayetano, cuatro enfermeros de atención continuada con plaza / Andy Solé
  • El TSJEx debe decidir ahora sobre la imposibilidad de ejecución que ha solicitado la Junta de Extremadura

Están dispuestos a quemar su último recurso. Es el de amparo y se presenta ante el Tribunal Constitucional. Su objetivo es el mismo que el del resto de escritos judiciales que llevan presentados hasta la fecha, desde que conocieran que el Supremo, con sentencia del 25 de junio de 2013, había ordenado repetir la oposición de 2007, en la categoría de Enfermería de Atención Continuada, a partir del segundo examen.

Desde entonces luchan en la vía judicial por conseguir que la sentencia no se ejecute. Porque ello supondría perder su puesto de trabajo. Son los 267 enfermeros que en esa Oferta Pública de Empleo (OPE) lograron una plaza en propiedad. Tomaron posesión de ella en enero de 2010 y hoy, cuatro años después, están luchando por mantenerla.

Una de las opositoras en ese examen recurrió, primero en vía administrativa y después en judicial, al entender que el tribunal de la OPE no había cumplido las bases de la convocatoria porque modificó la nota de corte del segundo examen después de que los aspirantes lo realizaran. El Tribunal Supremo le dio la razón y el pasado septiembre, cuando el fallo se hizo público, se acabó la tranquilidad laboral para los 267 enfermeros que lograron una plaza en esa oposición.

Aseguran que no tuvieron conocimiento del proceso judicial en el que están inmersos, sin quererlo, hasta que el asunto saltó a los medios de comunicación y, por ello, pidieron al Supremo que lo declarara nulo y que retrotrajera las actuaciones al momento en que el asunto llegó al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Sin embargo, el Supremo ha desestimado los incidentes de nulidad presentados y, por tanto, el asunto de nuevo está en manos del TSJEx, que debe decidir si declara la imposibilidad de ejecutar la sentencia, como ha solicitado la Junta de Extremadura. En caso contrario, debe determinar la fórmula de ejecución.

Pero antes de que ello ocurra, o de forma paralela, 35 de los 267 enfermos con plaza presentarán un recurso de amparo ante el Constitucional. Es el último recurso que les queda en un intento por lograr que este tribunal, a diferencia del Supremo, declare nulo el proceso judicial que sigue en marcha. Los recurrentes mantienen que no fueron informados personalmente del mismo -aunque sí eran identificables- y que, por tanto, han estado indefensos durante la tramitación.