El Tribunal de Cuentas critica a la Seguridad Social por el descontrol de las empresas colaboradoras

Fachada de la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid. :: JOSé RAMóN LADRA/
Fachada de la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid. :: JOSé RAMóN LADRA

Acusa al organismo de «no ejercer de forma eficiente la tutela» sobre este modelo de gestión de las bajas laborales y pide suprimir el sistema

D. VALERA MADRID.

El Tribunal de Cuentas dio un tremendo tirón de orejas a la Seguridad Social por la falta de control en la gestión de las empresas colaboradoras de las bajas laborales (aquellas que asumen el coste de las prestaciones por incapacidad temporal del trabajador y posteriormente retienen la parte correspondiente de las cotizaciones). En un informe muy crítico publicado ayer el organismo fiscalizador analiza los resultados de esta modalidad correspondientes al ejercicio de 2015, y acusa a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social de «no haber ejercido de forma eficiente la competencia relativa a la coordinación y tutela» de esta modalidad de colaboración.

A 31 de diciembre de 2015 un total de 314 empresas estaban autorizadas para colaborar voluntariamente en la gestión con la Seguridad Social. Básicamente este sistema consiste en que las compañías asumen las prestaciones económicas o los gastos sanitarios derivados de las bajas laborales de los trabajadores y, en compensación, retienen la parte de cuota correspondiente (contingencias profesionales) o aplican unos coeficientes reductores en sus cotizaciones aprobados por el Ministerio de Empleo (contingencias comunes).

Pues bien, el Tribunal de Cuentas detecta en su informe un desfase «no justificado» de 5,8 millones de euros entre el importe comunicado por las empresas a la Seguridad Social y la reducción aplicada en las cuotas del ejercicio 2015. Una diferencia que supone el 5,5% del total de los 105 millones reducidos de las cuotas por las empresas colaboradoras. Un desajuste que el informe del organismo fiscalizador presidido por Ramón Álvarez de Miranda apunta que se debe «tanto a la falta de remisión» de la información, como al envío de la documentación sin datos por parte de 52 empresas «sin que la dirección de la Seguridad Social hubiera realizado ninguna actuación efectiva tendente a exigir su reenvío».

De hecho, el documento insiste en la absoluta falta de control de los datos por parte del departamento que dirige el Secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos. Así, el Tribunal de Cuentas asegura que el organismo público no revisó la información remitida por las empresas «limitándose a elaborar unos documentos resumen, dando por ciertos los datos recibidos, aun cuando existían errores detectables con la mera observación de los importes consignados en las mismas».

Gastos sanitarios

Otro de los agujeros negros que señala el documento hace referencia a los gastos imputables a la asistencia sanitaria derivada de las bajas de los trabajadores. En concreto, el Tribunal de Cuentas recuerda que la ley recoge que esta atención médica por parte de los centros médicos de las empresas deben coordinarse con los servicios públicos sanitarios de las comunidades autónomas. Sin embargo, tan sólo el 4,45% (2,4 millones) de los gastos asistenciales comunicados por las empresas se prestaron conforme a esta fórmula. Ante tal cúmulo de desbarajustes el organismo fiscalizador aboga en sus recomendaciones por «derogar la modalidad» de empresas colaboradoras.

Frente a unas conclusiones tan demoledoras, la dirección de ordenación de la Seguridad Social expuso en sus alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas -remitidas a finales del pasado enero- que sí revisa los importes del gasto que le remiten las empresas, pero explica que su comprobación resulta complicada dada la «ingente cantidad de datos». Asimismo, defienden los problemas de control y vigilancia por la «desproporción» en las funciones de dirección y tutela y «los medios personales con que cuenta para su ejecución». Además, frente a la crítica por la falta de modificaciones de la normativa -el Tribunal de Cuentas ya fue muy crítico con este sistema en informes anteriores- la Seguridad Social explica que en los cambios normativos se ha dado «prioridad» a los proyectos relativos a las mutuas «dada la mayor trascendencia en la gestión de la Seguridad Social». El organismo admite las «carencias» detectadas sobre las instalaciones sanitarias y la prestación de las mismas por parte de las empresas, y anuncia que trabaja en un cambio normativo para resolverlo.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos