El Gobierno descarta subir más de un 2% al año el sueldo de los funcionarios

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda./Emilio Naranjo (Efe)
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. / Emilio Naranjo (Efe)

Los sindicatos hablan de posturas «bastante alejadas» y amenazan con movilizaciones en octubre si no se logra un acuerdo

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOSMadrid

Los casi tres millones de empleados públicos que hay en España mantienen la incertidumbre sobre cuánto se les subirá el sueldo el próximo año. Hacienda mantiene el misterio sobre el porcentaje que está dispuesto a ofrecerles para el periodo 2018-2020, que es lo que en estos momentos está negociando con los sindicatos, pero al menos este jueves fijó una cifra que en ningún caso pretende sobrepasar: más del 2% anual. Así lo explicó Antonio Cabrera, representante de CC OO, tras la reunión que ayer mantuvieron las principales organizaciones de trabajadores con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado.

«Esto sería inviable. No hay ni siquiera un mínimo de acercamiento», se lamentó Cabrera, que explicó que el Ejecutivo cifra en unos 1.120 millones de euros el gasto que supondría una subida de un punto porcentual de la remuneración de los empleados públicos. Así, supondría dedicar 2.200 millones más en los Presupuestos que el Gobierno pretende aprobar el próximo viernes y 6.600 millones extra para los próximos tres años. De cualquier modo, el Ejecutivo les ha pedido un poco más de tiempo porque necesitan ajustar todavía los números y les ha citado para una próxima reunión el martes que viene, donde ya les presentará un documento con la propuesta concreta. El siguiente encuentro será el jueves próximo pero ya en la mesa de la función pública, donde participan también las CC AA y los municipios.

Lo que sí está claro es que el acuerdo que quieren alcanzar sería plurianual y llegaría hasta 2020, a final de legislatura. Al igual que habría un incremento que sería fijo y otro variable que estaría condicionado a factores como el crecimiento del PIB. Estas dos propuestas las ven con buenos ojos los sindicatos –siempre dependiendo de las cifras que se manejen–, pero lo que ayer volvieron a dejar claro al Ejecutivo es que no aceptarán que en 2018 los empleados públicos sigan perdiendo poder adquisitivo, como viene sucediendo desde el año 2010, y, es más, quieren que en los próximos tres años haya una «significativa recuperación» del poder de compra que les llevó por delante la crisis. A este respecto, el sindicato más reivindicativo es CSiF, que habla de recuperar el 20% del poder adquisitivo perdido desde 2010, mientras que CC OO lo cifra en una media en el entorno del 13% y UGT lo rebaja a un 12%.

«Estamos bastante alejados de lograr una situación aceptable», sostuvo Miguel Borra, presidente de CSIF, que explicó que si el Gobierno quiere llegar a un pacto, «va a tener que hacer un esfuerzo, el mismo que hemos tenido que hacer estos años los empleados públicos». Y amenazó con «salir a la calle» el 1 de octubre si no hay acuerdo.

De igual manera piensa el representante de UGT, Frederic Monell, que se lamentó de «no poder trasladar optimismo» y aseguró que usarán «todas las herramientas» que tienen a su alcance, entre las que citó la movilización. También la posibilidad de una huelga general en la Administración Pública planea en el aire y no la descarta ninguno de los tres sindicatos.

Si la posibilidad de llegar a un acuerdo global parece a día de hoy negra, sí hay más optimismo a la hora de lograr acuerdos parciales. Y es que tan importante como mejorar los salarios es recuperar la jornada laboral de 35 horas semanales, un derecho que les eliminó el primer Gobierno de Mariano Rajoy. El PP modificó el Estatuto Básico del Empleado Público en el cual se establecía una jornada máxima de 37,5 horas a la semana y lo que hicieron fue suprimir la palabra ‘máxima’. Lo que piden los sindicatos es que permita a las CC AA negociar las 35 horas, algo para lo que Hacienda ha prometido «flexibilidad».

Otra petición sindical es eliminar la tasa de reposición, puesto que las plantillas de la Administración publica están muy envejecidas. Y pese a que el Gobierno se negó a hacer esto de manera genérica, ha accedido a estudiarlo por sectores, de forma que en los más afectados pueda haber más de un 100% de reposición. Y para ello creará un grupo de trabajo, que también se ocupará de estudiar si es posible rebajar la temporalidad al 8% en más sectores.

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