Las trabajadoras a tiempo parcial, discriminadas

El Tribunal Europeo ha dictado una sentencia que considera que el sistema español para el cálculo de las prestaciones por desempleo se opone a la Directiva Europea de Igualdad por lo que España debe corregir su legislación

GUADALUPE MUÑOZAcadémica Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

El pasado mes de noviembre, el Tribunal Europeo de la Unión Europea ( TUE) dictó una sentencia en la que consideraba que el sistema español para el cálculo de las prestaciones por desempleo se opone a la Directiva Europea de Igualdad de trato al tener en cuenta que los trabajadores a tiempo parcial llamado vertical, el trabajo que se realiza por días a la semana o por horas, es realizado mayoritariamente por mujeres.

La sentencia estima la denuncia de una limpiadora española que trabajó dos horas diarias tres día a la semana durante varios años. Al solicitar una prestación de desempleo se le concedieron 120 días, si bien por el cómputo igualitario le correspondía 720 días. La denunciante recurrió esta Resolución alegando que la diferencia de trato es discriminatoria respecto a la jornada completa y perjudica a las mujeres que solicitan con frecuencia este trabajo para atender a los menores, personas dependientes y familiares.

Hay que recordar la historia laboral no muy lejana. El liberalismo fue una época terrible para los trabajadores. Las jornadas de trabajo eran agotadoras denunciadas en Francia por Villarmé en 1840. Implantar la jornada de ocho horas parecía inalcanzable.

El Tratado de Versalles de 1919 que selló la paz de Europa después de la devastadora guerra de 1914 introdujo una serie de principios de derecho laboral que incluían recomendaciones a los miembros de la Sociedad de Naciones con la finalidad de que intentaran asegurar unas condiciones de trabajo equitativas y humanas, eliminando los contratos que plasmaban algún grado de injusticia y miseria.

Se creó para ello la Organización Internacional de Trabajo (O.I.T), una institución de gran trascendencia que ha facilitado la aprobación de Convenios con extraordinarias mejoras sociales.

Precisamente el Tratado de Versalles instauró la jornada máxima legal de ocho horas diarias, 48 semanales. En España se implantó mediante el Decreto de 3 de abril de 1919, que se llamó de las ocho horas y las ocho firmas, porque fue firmado por ocho miembros del Gobierno.

Una nueva modalidad fue el trabajo a tiempo parcial, definido como «aquel trabajo efectuado de manera regular y voluntaria durante un período sensiblemente más corto de lo normal».

En la actualidad, según la citada organización, el trabajo a tiempo parcial ha aumentado en los últimos años en los países desarrollados, excepto en Estados Unidos. El Convenio 175 exige que los trabajadores no reciban un trato menos favorable que los que trabajan a tiempo completo.

Nuestro Tribunal Constitucional ha dictado numerosas sentencias manteniendo el criterio de igualdad respecto a los trabajadores a tiempo parcial.

La ley 1/2014, de 28 de febrero corrigió el modelo existente que eliminó la discriminación, mejorando las prestaciones de más de dos millones de trabajadores. Modificó también la Ley de Seguridad Social, reduciendo el número de años requeridos para acceder a las prestaciones

Estableciendo que el periodo mínimo de cotización exigido debe ajustarse a un coeficiente de parcialidad global que compute lo cotizado por el trabajador a lo largo de toda su vida laboral.

El pasado noviembre, el Tribunal Europeo ha ido más lejos señalando la discriminación indirecta que se advierte en las normas españolas respecto al tipo de trabajo a tiempo parcial vertical, el que se realiza por días de la semana, y no por horas, al excluir los días no trabajados del cálculo de la cotización a la Seguridad Social, lo que significa reducir el cómputo de cotizaciones para obtener la prestación por desempleo, cuando se comprueba que entre el 70% y el 80% de los que realizan este trabajo son mujeres.

El citado Tribunal considera evidente que la normativa española perjudica en mayor medida a las trabajadoras en el caso que mencionamos, por tanto debe corregirse en la legislación social.

Es un paso más para eliminar cualquier discriminación que se haya incluido silenciosamente en algunas leyes y tiene que erradicarse, sin ambages.

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