Así son los recortes en empleo... en el país del desempleo

Trabajadores de la cooperativa Fagor. :: r. c.

El Gobierno justifica el 'tijeretazo' por el menor gasto en prestaciones a los parados, que, aunque han disminuido un 42%, no compensan el ajuste

LUCÍA PALACIOS

madrid. «Más y mejor empleo». Ésta es -dejando a un lado el conflicto catalán- la gran prioridad del Gobierno y, más concretamente, del Ministerio de Empleo. Una consigna que repite en cada intervención la ministra Fátima Báñez casi a modo de rezo. Y si la primera parte parece que avanza a buen ritmo -se han creado más de 600.000 puestos de trabajo en el último año-, más dudoso es que el empleo que se esté creando sea de calidad, puesto que nueve de cada diez nuevos contratos son temporales y solo en el último día de agosto se destruyeron más de 260.000.

Queda claro, por tanto, que el elevado nivel de desempleo (en agosto había casi 3,4 millones de parados registrados) y la precariedad de los nuevos puestos de trabajo son los dos talones de Aquiles del mercado laboral español. Y, para ello, el Gobierno debe destinar todos los recursos posibles para combatirlo.

LA CIFRA

Sin embargo, resulta contradictorio que precisamente el país con la segunda mayor tasa de paro de Europa (17,2%) haya reducido de forma considerable en estos últimos años el presupuesto dedicado al empleo. Así, el Ministerio encargado de lidiar con el toro más bravo ha visto mermada su cartera en casi 10.000 millones de euros desde 2010, lo que supone una caída del 40%, según los datos extraídos de los Presupuestos Generales presentados anualmente por el Ministerio de Hacienda. En aquel año el departamento que entonces dirigía el socialista Valeriano Gómez contaba con 22.600 millones, mientras que en la actualidad Báñez dispone de 14.000 millones, casi la mitad del presupuesto que tenía este organismo en 2014 (26.500 millones).

El Gobierno justificó el tijeretazo del año pasado en «la recuperación del mercado laboral, que permite reducir el gasto en prestaciones por desempleo». Sin embargo, esta partida supuso un ahorro de 1.300 millones en 2017 y no justifican, por tanto, los 2.500 millones de recorte, que proviene en su mayor parte de lo que denominan 'gestión y administración de la Seguridad Social', con un 31% menos de dinero público disponible.

Y de la misma manera, el presupuesto destinado a los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SEPE) también ha sufrido el 'castigo' de los tijeretazos. En este caso, ha visto mermada su partida en casi 15.000 millones desde 2010, cuando contaba con cerca de 39.000 millones. Una caída del 38%, prácticamente idéntica a la del Ministerio. Y es que el SEPE ha ido reduciendo en los últimos años su partida progresivamente, algo que choca con la necesidad de abordar este problema del paro y del empleo precario con eficacia y determinación.

Porque no es solo que su recorte se deba a lo que es puramente prestaciones por desempleo, tal y como defiende el Gobierno. Efectivamente, esta factura fue una de las que más creció durante la crisis. Pasó de 15.300 millones en 2007 a superar holgadamente los 32.000 millones en 2010, según los datos del Ministerio de Empleo. Y a partir de 2012, cuando alcanzó el máximo, comenzó a menguar. A este respecto, 2016 trajo una buena noticia: por primera vez en la última década el gasto en protección social contra el desempleo bajó de los 20.000 millones: se situó en los 18.638 millones, un 42% menos que en 2010.

En buena medida se debe al descenso del número de desempleados: de los 4,7 millones de parados registrados en las oficinas del INEM en 2013, el año más duro de la crisis, se ha pasado a los 3,4 millones actuales. Pero no es solo esto. Esta reducción del presupuesto público se debe también a que casi la mitad de los desempleados lo son de larga duración, es decir, llevan más de un año intentando encontrar un trabajo sin éxito, por lo que o bien su prestación se ha ido reduciendo (cuanto más tiempo en el paro, menos cobras) o ya han agotado los 24 meses de prestación. Y, al mismo tiempo, las reformas del Gobierno del PP de los años 2012 y 2013 trajeron requisitos más duros de acceso a los subsidios y recortaron la cuantía de las prestaciones.

Recorte de derechos

Como consecuencia de esa situación, la tasa de protección frente al desempleo supera a duras penas el 55%, 11 puntos porcentuales menos que en 2007, pero con una diferencia sustancial: aquel año tuvo una media de dos millones de parados registrados y en 2016, 3,7 millones. Además, está tremendamente alejado de la cobertura del 78% que existía en 2010 y toca mínimos de toda la serie histórica. En definitiva, que casi la mitad de parados están sin prestación, una de las denuncias más potentes que hacen los sindicatos.

«Hay una serie de derechos que se han recortado y de entrada habría que revertir todas esas reformas», denuncia Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, que también apuesta por un incremento de las políticas activas de empleo y una reorientación de las mismas.

Y es que precisamente las políticas destinadas a la inserción laboral también han visto recortado su presupuesto desde 2010 un 29,1%. Y eso que en los últimos cuatro años han aumentado, pues llegaron en 2013 al mínimo de 3.700 millones. En la actualidad cuentan con cerca de 5.500 millones. «Una partida por debajo de la media europea», denuncia Andreu Cruañas, presidente de Asempleo. La patronal de las agencias de colocación coincide con UGT y CC OO en que es necesario dedicar más dinero a esta materia, modernizar los servicios públicos de empleo y dotarles de los recursos humanos suficientes para poder desempeñar sus funciones (puesto que esta partida se mantiene congelada desde hace años).

«Y avanzar en la senda de los países vecinos», explican desde UGT. Es decir, que se les proporcione a los desempleados un itinerario personalizado de inserción, para que sepan por qué no tienen trabajo y qué necesitarían para conseguirlo. «Esto debería ser un derecho por ley», sostiene Barrera, algo que «a día de hoy suena a utopía».

es el nivel de intermediación de las agencias públicas de empleo. Es decir, que apenas colocan a una persona de cada cien contratos firmados. Un porcentaje inferior al 2,1% que tenían en 2007 y al 15,3% actual de las ETT.

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