Desestimada una demanda de un afectado del Popular por la ampliación de 2016

El presidente del Popular hasta febrero de 2017, Ángel Ron./EFE
El presidente del Popular hasta febrero de 2017, Ángel Ron. / EFE

Una juez de Bilbao considera que la compra de acciones no es una inversión compleja y que el folleto de la operación no recogía errores sobre la situación del banco

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

El juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao ha desestimado la demanda presentada por un inversor minoritario, quien había comprado acciones de 5.265 euros en la ampliación de capital del Popular, en junio de 2016, y que solicitaba anular esa contrato por las consecuencias que había tenido en su patrimonio personal alegando errores en el folleto informativo.

La juez rechaza esta pretensión al considerar que "no se ha acreditado que los datos económicos recogidos en el folleto contengan graves inexactitudes" bajo las que se pueda admitir un "información errónea o inveraz". La sentencia, fechada el pasado 19 de enero, indica que, ante esta circunstancia, no se podía "viciar el consentimiento" prestado por el demandante en la compra de sus acciones.

Además, el fallo reconoce que, en el caso de la ampliación de capital "no estamos ante un producto complejo, como lo han sido las preferentes". La juez considera que los riesgos de las acciones "son de conocimiento público, al tratarse de un producto sencillo" que cotiza en la Bolsa. Y explica, recogiendo diferentes sentencias de casos similares del Supremo y del Tribunal de Luxemburgo, que la información que se incluye en los folletos, se lea o no, "no es decisiva", menos aún si el demandan "era conocedor de esos riesgos" que podía asumir.

La sentencia expone la evolución financiera por la que atravesó el Popular desde mediados de 2016, cuando se lanzó la ampliación por 2.500 millones de euros, hasta su rescate, un año después. Y sostiene que, a la vista de los acontecimientos, al no haberse reformulado las cuentas -"como ocurrió con Bankia", se indica-ni al conocerse en el momento del fallo el informe de Deloitte que marcó la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR), no se puede comprobar "la incerteza" de los datos del folleto.

Después de hacerse con el Popular en junio de 2017, el Santander asume las posibles reclamaciones judiciales que le puedan llegar como banco comprador de la entidad presidida hasta febrero del año pasado por Ángel Ron, el responsable de la corporación en el momento de la ampliación de capital. Los riesgos legales de Banco Santander por la compra de Banco Popular más los ajustes por el impacto de la operación en las alianzas de la entidad quebrada ascienden a entre 1.200 millones y 4.100 millones de euros, con un escenario central de 2.700 millones de euros, según se desprende del informe de valoración económica de Banco Popular publicado este viernes por la Junta Única de Resolución (JUR).

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