El Gobierno se plantea facilitar el traslado de la sede de CaixaBank y otras empresas

Sede de CaixaBank en Barcelona. / Albert Gea (Reuters)

La antigua caja debate hoy en consejo si traslada su sede social fuera de Cataluña

JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid Viernes, 6 octubre 2017, 08:15

El consejo de ministros podría aprobar hoy a propuesta del Ministerio de Economía un decreto-ley de carácter urgente para facilitar el traslado exprés de la sede social de empresas que quieran salir de Cataluña ante la deriva independentista. Se trataría de una norma que permitiría a aquellas empresas que, como CaixaBank, se vean obligadas a someter a votación de su junta de accionistas este traslado, poder saltarse este paso y que sea su consejo de administración el que lo haga.

De hecho, la antigua caja prevé convocar hoy un consejo de administración extraordinario para debatir el traslado de su sede social, según han confirmado hoy fuentes financieras.

Un portavoz oficial de CaixaBank ha afirmado hoy que la entidad adoptará las "decisiones necesarias, en el momento oportuno, siempre con el objetivo de hacer prevalecer los intereses de los clientes, accionistas y empleados".

Con un cambio de sede social el banco catalán garantizaría que, ante cualquier eventualidad política, seguirá bajo el auspicio del Banco Central Europeo (BCE), garantizando así los intereses de clientes, empleados y accionistas.

Esta semana, en una nota interna remitida a sus empleados, el banco explicaba que "es importante comunicar proactivamente" a sus clientes su compromiso en la defensa de sus intereses, que "guiará las decisiones futuras que, en caso de ser necesario, hayan de tomarse".

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Al igual que otras firmas en su misma situación, el decreto-ley del Gobierno permitiría a CaixaBank modificar su domicilio social para trasladarlo a otra comunidad autónoma ajena a Cataluña. Porque, a día de hoy, lo tendría mucho más complicado que Banc Sabadell. Los estatutos de la entidad presidida por Jordi Gual establecen que para materializar ese cambio de sede es necesaria la aprobación de la junta de accionistas, y no solo la autorización del consejo de administración, como ha ocurrido con el grupo presidido por Josep Oliú.

A la antigua caja de ahorros catalana se le complicaría cualquier decisión al respecto y tendría que esperar varias semanas si quisiera ponerla en marcha. El Gobierno cambió la ley de Sociedades de Capital en 2015 habilitando la posibilidad de que cualquier compañía pudiera trasladar su sede social a cualquier punto de España con la mera aprobación del consejo de administración de la firma. Fue una de las novedades incluidas en esa normativa, anticipándose a lo que pudiera ocurrir en Cataluña. Pero el artículo 285 de esa ley establece que se podrá hacer así "salvo disposición contraria de los estatutos" de la compañía. Mañana, se podría modificar este párrafo, anulándolo, para dar prioridad a la ley frente a los estatudos sociales que así lo establezcan.

En los estatutos sociales de CaixaBank se deja bien claro que cualquier cambio de domicilio tiene que pasar por la junta de accionistas, y no sirve solo la autorización del consejo. En el artículo 4 de esa norma, se indica que "para proceder a su traslado a un término municipal distinto (a Barcelona) se precisará el acuerdo de la junta". El domicilio sí puede cambiar con el beneplácito de los consejeros siempre que sea "dentro del mismo término municipal".

Si el máximo órgano de dirección del banco quisiera hacerlo, tendría que convocar una junta de accionistas extraordinaria, que prolongaría los plazos. En concreto, se debería convocar "al menos un mes antes" de su fecha de celebración para cumplir con las reglas estatutarias.

Mucho más fácil lo tiene Banc Sabadell para dar vía libre al cambio de sede social, como tiene previsto estudiar esta tarde su consejo de administración. En sus estatutos sociales no se exige la necesidad de que sea la junta de accionistas la que autorice la operación, salvo que el cambio de domicilio sea a otro país extranjero. En menos de 24 horas, Sabadell podría fijar su domicilio social en cualquier otro punto de España.

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