La Justicia europea estudia el primer recurso colectivo contra el rescate del Banco Popular

Entrada a una sucursal del Banco Popular. / Virginia Carrasco

La Corte de Luxemburgo admite a trámite la querella de la OCU por la intervención de la UE, a la que ya se le acumulan varias acciones legales

José María Camarero
JOSÉ MARÍA CAMAREROMadrid

El laberinto judicial tras la intervención del Banco Popular por parte de las autoridades europeas, y su posterior venta al Santander, se hace cada día más complejo a tenor del desarrollo de las acciones interpuestas por todo tipo de afectados, tanto minoritarios como grandes inversores. La última iniciativa fue la de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), con un recurso que presentó a principios de mes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) instando a anular la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) por la que se rescató a la entidad en junio.

Ahora esa corte ha admitido a trámite el recurso colectivo de la organización, en lo que supone el inicio del análisis pormenorizado de las condiciones de la operación, para determinar si se ajustó a la legalidad comunitaria y si la JUR, cuya presidenta es Elke König, no contravino ningún derecho de los perjudicados.

Se abre así otra vía que podría ensombrecer la integración del Popular en la que ya trabaja el Santander. Para la OCU, la decisión del Tribunal de Luxemburgo supone «un paso más» para conseguir que los pequeños inversores que perdieron su capital invertido en el Popular puedan recibir una compensación por el perjuicio sufrido. La organización ha mostrado su «satisfacción» por esta decisión del TJUE.

La iniciativa se une a otra similar que se encuentra en manos de la Audiencia Nacional, también impulsada por esta asociación contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cuya decisión sobre adjudicar la entidad fue considerada contraria a Derecho. Este tribunal ya admitió a trámite a mediados de julio el recurso, lo que podría poner en cuestión el papel del Estado.

El paso que dio la Audiencia Nacional -como el que ahora se conoce sobre el Tribunal de la UE- no implica ninguna responsabilidad judicial, pero sí abre la puerta a un proceso que podría acabar en un hipotético fallo contrario a los intereses de la Administración, ya sea la española o la europea.

El reguero de recursos, demandas y todo tipo de actuaciones judiciales activadas en apenas dos meses y medio ha puesto en duda los pilares de aquella intervención bancaria. Fue la propia OCU la que actuó pocos días después de aquel rescate contra la cúpula del Popular que estuvo encabezada por Ángel Ron hasta el pasado mes de febrero. Lo hizo por presuntos delitos de falsedad contable ye estafa al pequeño ahorrador.

Entre otras iniciativas puestas en marcha se encuentra la de la Asociación Independiente de Afectados del Popular (AIAP), al iniciar un recurso de reposición contra la resolución de la Junta Única de Resolución. Además, uno de los que fueran accionistas del banco, Félix Revuelta -también presidente de Naturhouse-, se ha organizado en torno a un proyecto que ya aglutina a unos 11.000 afectados. La Asociación de Minoritarios del Popular ha decidido actuar por la vía civil mediante demandas individuales.

Accionistas de referencia

En la lista de agraviados se encuentran los grandes accionistas del Popular, que también perdieron sus acciones en la corporación tras su intervención. Hace apenas un mes, un grupo de grandes inversores liderados por el mexicano Antonio del Valle -entre todos poseían un 4,2% del capital de la entidad antes de que fuera intervenida-, también presentó un recurso ante el Tribunal de la Unión Europea para impugnar la decisión de la JUR.

En su escrito, los demandantes consideraban que la decisión de las autoridades comunitarias fue «ilegal» por ir en contra de los derechos de la UE al no reconocer el pago de compensación a los accionistas y acreedores, ni conferirles trámite de audiencia.

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