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Ángel Ron, presidente de Popular entre 2004 y 2016.
Un ladrillazo de 36.000 millones acaba con el Popular

Un ladrillazo de 36.000 millones acaba con el Popular

La compleja cartera de activos tóxicos ha lastrado a un banco que intentó sortear la crisis sin ayudas públicas

José María Camarero

Miércoles, 7 de junio 2017, 10:01

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Cuando a finales del pasado mes de abril, el recién nombrado consejero delegado del Banco Popular, Ignacio Sánchez Asiaín, reconoció que la anterior dirección había hecho "algo mal", aventuraba lo que pocas semanas después el mercado bursátil y el sector financiero daba por hecho: que la entidad no había conseguido digerir -esto es, gestionar- adecuadamente los créditos, inmuebles, suelo y todo tipo de propiedades acumuladas durante los años del 'boom' económico y de las que no se ha podido desprender una década después de que estallara la crisis.

El propio Sánchez Asiaín reconocía en su primera -y última- intervención pública que el grupo "se había embarcado en el mercado inmobiliario en un momento desafortunado, al final del ciclo alcista". Así fue, a tenor de las cifras que ofrecen los resultados financieros. De los 36.000 millones acumulados en el balance dentro del 'ladrillo', más de 16.000 millones corresponden a dudosos -créditos impagados o con posibilidad de que registren esa morosidad-; y otros 19.000 millones en activos improductivos. De hecho, sus registros se encuentran completamente distanciados de la realidad por la que pasa el sector bancario: el niveld e activos en riesgo (NPA) con respecto al total es del 25% frente a la media del 11,5% del sector. Y su tasa de cobertura -créditos morosos protegidos por las provisiones- es del 45,5%, tres puntos menos que el resto.

Durante 2016, el grupo planeó sacar a Bolsa una sociedad -Sunrise, como se iba a denominar oficialmente- para gestionar todo ese volumen de propiedades inmobiliarias que el banco consideraba 'ajenas' al negocio puramente bancario, cuyos resultados siguen siendo positivos: hasta marzo, esta división bancaria ganaba 180 millones. Sin embargo, ni el momento por el que pasaba el mercado ni, sobre todo, la complejidad de aclarar cuál era esa realidad inmobiliaria, permitieron esta operación que quedó escondida en el cajón.

Son las cifras que muestran el resultado de no haberse deshecho de todo el lastre inmobiliario que hubiera sido necesario para sanear su balance. La firma presidida entre 2004 y 2016 por Ángel Ron pensó que la crisis no sería tan profunda y que en pocos años rentabilizarían las adquisiciones inmobiliarias. Pero no fue así. De hecho, una solución que ahora apuntan todos los analistas hubiera pasado por traspasar a la SAREB -el banco malo creado por el Gobierno para gestionar el 'ladrillo' tóxico de las entidades- buena parte de su cartera de inmuebles. Pero ni Ron ni su equipo quisieron tener entonces el estigma de contar con esta ayuda pública, aunque fuera de forma indirecta. Popular siempre se ha mostrado satisfecho de haber salido de la crisis sin inyecciones de dinero estatal ni apoyos financieros oficiales, hasta ahora.

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