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El consejero delegado de Popular, Pedro Larena, deja el cargo después de ocho meses

El ya exconsejero delegado de Popular, Pedro Larena.
El ya exconsejero delegado de Popular, Pedro Larena.
  • La entidad reconoce ahora que tendrá que provisionar otros 630 millones por los activos en riesgos, y que impactarán en el resultado del primer trimestre.

Apenas ocho meses después de que pronunciara sus primeras palabras sobre la entidad que comenzaba a controlar -«esto es un bancazo», indicó ante los medios-, el consejero delegado de Popular, Pedro Larena, abandona el cargo. En julio del año pasado llegaba a la corporación de la mano del anterior presidente, Ángel Ron, para salvar al banco de una situación que ya por entonces resultaba compleja. Ahora, con esta dimisión, el nuevo presidente, Emilio Saracho, tendrá que designar a su segundo de abordo para afrontar la nueva etapa en la que se encuentra Popular, según explica la entidad en un hecho relevante a la CNMV en el que indica que Larena seguirá en el cargo hasta que se designe a su sustituto.

En este periodo, Larena ha tenido que afrontar las cuantiosas pérdidas con las que Popular cerró el año pasado, cuando se dejó casi 3.500 millones, además de la renuncia del propio Ángel Ron después de 12 años al frente de la corporación, así como la llegada de Saracho, procedente de la banca de inversión JP Morgan. En este periodo, los rumores sobre posibles operaciones corporativas que otros bancos podrían lanzar sobre Popular, así como conflictos como el de las cláusulas suelo o la posible salida para resolver el problema de sus activos tóxicos, han marcado el corto mandato de Larena.

El relevo en la cúpula de la entidad llega después de que esta misma mañana Banco Popular afrontara un nuevo bache en su camino al asumir ahora que debe contabilizar unas "insuficiencias" en determinadas provisiones que había realizado para cubrirse ante el riesgo de sus activos. En concreto, la entidad tendría que digerir unos 633 millones de euros en nuevas dotaciones después de que cerrara el año pasado con unas pérdidas de 3.485 millones, precisamente como consecuencia de las provisiones que tuvo que realizar en ese ejercicio, que ascendieron a 5.692 millones.

Esta actualización proviene de los cálculos que ha reelaborado su firma auditora, cuyos responsables han encontrado desviaciones en cuatro aspectos puntuales del balance del banco, aunque "en ningún caso" representan un impacto "significativo" para las cuentas de 2016. De hecho, el banco no reformulará esos resultados, aunque sí incluirá las correcciones que ahora ha asumido en los resultados del primer trimestre de este año, lo que implicará una nueva sangría para el grupo, cuyas cuentas terminarán previsiblemente en negativo.

En concreto, el auditor observa "insuficiencia" en determinadas provisiones constituidas respecto a riesgos que deben ser objeto de provisiones individualizadas, que afectarían a los resultados de 2016, y por ello, al patrimonio neto, por un importe de 123 millones. A ello se suma una "posible insuficiencia" de provisiones asociadas a créditos dudosos en los que la entidad se ha adjudicado la garantía vinculada a estos créditos que, estimada estadísticamente, ascendería, aproximadamente, a 160 millones de euros.

También ha detectado la "posible obligación" de dar de baja alguna de las garantías asociadas a operaciones crediticias dudosas, siendo el saldo vivo neto de provisiones de las operaciones en las que se estima que pudiera darse esta situación de, aproximadamente, 145 millones de euros, lo que podría tener un impacto, aún no cuantificado, en las provisiones correspondientes a esas operaciones. Además, existen, según la auditoría, determinadas financiaciones a clientes que pudieran haberse utilizado para la adquisición de acciones en la ampliación de capital llevada a cabo en mayo de 2016, cuyo importe, si se verificara, debería ser deducido de acuerdo con la normativa vigente del capital regulatorio del banco, sin efecto alguno sobre el resultado ni el patrimonio neto contable. La estimación estadística del importe de estas financiaciones es de 205 millones de euros, siendo el importe total objeto de este análisis de 426 millones de euros.

La entidad ha asegurado que, si se consideran todos los efectos detectados hasta este momento por la auditoría interna en el cálculo de capital, cumple con los requerimientos mínimos de capital regulatorio, tanto a cierre del ejercicio como a 1 de enero de 2017, fecha en la que se produjo un incremento de la exigencia de ratios.

Asimismo, el banco estima que también cumple con la ratio de capital regulatorio a cierre de marzo de 2017. Se prevé que la ratio de capital total a 31 de marzo se sitúe entre el 11,70% y el 11,85%, siendo el requerimiento aplicable al grupo, por todos los conceptos, del 11,375%. No obstante, este nivel es inferior a la ratio de capital total del banco del 13,14% del cierre de 2016.

El consejo de administración de la entidad ha considerado oportuno informar públicamente de estas circunstancias teniendo en cuenta que la junta general ordinaria se reunirá el próximo 10 de abril, en segunda convocatoria, para decidir, entre otras cosas, sobre la aprobación de los estados financieros del primer semestre.

Las acciones del Popular iniciaban la sesión con una caída superior al 3% que, minutos más tarde, pronunciaban hasta cerca del 5%, intercambiándose a un precio de 0,867 euros. En la media sesión, los títulos de la entidad ceden en el entorno del 5,5%.