Anticorrupción pide dos años y medio de cárcel para los dos principales ejecutivos de Caja Castilla-La Mancha

Se trata de Juan Pedro Hernández Molto, expresidente de la caja y también exdiputado del PSOE, junto a su 'número dos' en la entidad, el ex director general Ildefonso Ortega. En el auto con el que daba por finalizada la instrucción e iniciaba los trámites para juzgarles, dictado a principios de mes, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz les acusaba de urdir una serie de operaciones que causaron «un grave perjuicio económico» a la entidad, que posteriormente sería cuantificado en 253,8 millones de euros por el Banco de España.

La mayoría de esas actuaciones fueron créditos otorgados en 2007 y 2008 donde se constata «una notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación» para CCM. Los beneficiados de esos préstamos fueron varias inmobiliarias como Grupo Luis Portillo (por importe de 59 millones de euros), Renovalia (56,3 millones) o Whiteness y Promogedesa (15,3 millones), si bien la Fiscalía pone su acento en las líneas de financiación concedidas a las compañías Afirma, Colonial y Parquesol, que provocaron unas minusvalías de 196 millones.

Los peritos del Banco de España concluyeron, al analizar esas operaciones, que se realizaron «sin observar las reglas de la praxis habitual bancaria y de la propia normativa interna de la entidad respecto a las garantías exigibles» para la autorización de préstamos. La consecuencia es que desde la cúpula de la caja se dio «un trato de favor» a esos deudores, que se vieron «liberados de las obligaciones» habituales para estos casos, no tuvieron que reponer avalistas e incluso obtuvieron «importantes ventajas» en las renegociaciones posteriores.

Beneficios irreales

Y es que, según la Fiscalía, los dos principales ejecutivos de la caja de ahorros en esa época hicieron caso omiso de de los requerimientos que les hizo el Banco de España en octubre de 2008, pese a que el propio consejo de CCM acordó dos meses después encomendar a su Dirección General que diera cumplimiento a todas las instrucciones que daba el supervisor bancario. El problema -continua su escrito de acusación- es que Ildefonso Ortega, "con la aquiescencia de su superior" (Hernández Moltó) presentó finalmente unas cuentas anuales que no reflejaban para nada los cambios demandados. Con esa "maniobra contable" se logró que los resultados "reflejaran beneficios (29,8 millones) en lugar de perdidas" (1.066 millones antes de impuestos), y no precisamente pequeñas, como comprobaron tiempo después los nuevos administradores nombrados por el FROB.

Por todo ello, Anticorrupción considera que ambos incurrieron en un delito societario en su modalidad de "falseamiento de las cuentas anuales, u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad de forma idónea, para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero". Y en consonancia con ello reclama que sean condenados a 30 meses de cárcel (el Código Penal permite llegar hasta los tres años en este caso), además de la pena accesoria de inhabilitación para ejercer cargos en el sector financiero.

El instructor del caso, sin embargo, había abierto la puerta a acusarles en el juicio también de un delito de apropiación indebida (castigado con hasta tres años de prisión), aunque esta posibilidad dependerá ahora de que así lo hagan en su escrito el FROB u otros perjudicados. Lo que sí es seguro ya es que los dos exejecutivos de CCM se sentarán en el banquillo, aunque el magistrado admite que ni uno ni otro obtuvieron una «compensación económica como contraprestación a supuestos tratos de favor». Al menos, así se desprende de las pesquisas hechas tiempo atrás sobre su patrimonio.