Hoy

Prevenir la pobreza energética

El drama ha conmovido a todos: una anciana de 81 años de Reus -Tarragona- murió asfixiada en un incendio provocado por las velas que utilizaba para alumbrarse dos meses después de que se le hubiera cortado el suministro de luz por falta de pago. Hasta el momento, la protección a las familias vulnerables que se arriesgan al corte del suministro está a cargo de los ayuntamientos; las compañías firman convenios con ellos en las distintas comunidades, y se calcula que la protección alcanza actualmente a unas 64.000 familias. Un número irrisorio si se piensa que la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) ha consignado en un estudio reciente que 1,6 millones de hogares acumula retrasos en el pago de los recibos, lo que puede dar lugar al corte automático. Los servicios sociales son competencia autonómica y municipal, pero el problema se extiende a todo el Estado, por lo que no son de recibo las evasivas del Gobierno sobre el particular: en relación al drama de Reus, el nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha manifestado que el suceso es sólo un caso de normativas de servicios sociales, por lo que la responsabilidad incumbe a quienes tienen la competencia, cuando parece absurdo que para prevenir y atacar de raíz un problema homogéneo como este sea preciso que las 17 comunidades y los más de 8.000 ayuntamientos generen normas específicas y pacten uno a uno con las eléctricas. El Estado moderno ha de ocuparse seguramente de pocas cosas, pero sí de la regulación y el control, sobre todo en asuntos colindantes con los derechos humanos. Existe una directiva europea de 2009 que obliga a identificar a los consumidores energéticos vulnerables, algo que no se ha hecho en España, y la solución del problema que ha estallado con el drama de Reus pasa sin duda por la promulgación de una norma estatal que prohíba el corte del suministro a cualquier familia sin la previa autorización del servicio social municipal o autonómico. Porque es intolerable que se aproveche la compleja fronda legislativa autonómica española para eludir responsabilidades allá donde están en juego el bienestar y la vida de los ciudadanos.