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La Seguridad Social tirará de los impuestos para cubrir su déficit

La Seguridad Social tirará de los impuestos para cubrir su déficit
  • El Pacto de Toledo tendrá que someter a escrutinio todas las prestaciones, en especial las de viudedad

Desde hace seis años, la Seguridad Social atraviesa una crisis de ingresos que se ha ido agudizando en cada ejercicio; este año registrará un déficit récord de casi 19.000 millones de euros -en 2015 superó los 16.000 millones- y el año que viene el Fondo de Reserva se agotará, según las previsiones del Gobierno remitidas a Bruselas. La pérdida de tres millones y medio de afiliados entre 2007 y 2013, la devaluación salarial y la precariedad en el empleo han provocado que, desde 2012, los ingresos por cotizaciones sociales ya no cubran los pagos en pensiones contributivas. La brecha ha ido a más porque desde 2007 se han incorporado más de un millón de nuevos pensionistas, que perciben pensiones más altas.

Esta insuficiencia financiera ha obligado a sacar del Fondo de Reserva casi 57.000 millones de euros desde el año 2012 para abonar las pagas extra a los pensionistas. A la hucha le quedan 24.207 millones, y a un ritmo de más de nueve mil millones de euros cada vez que se paga la extra (en junio y en diciembre) no llega para cubrir la de diciembre de 2017.

¿Quiere eso decir que podría no abonarse la extra de Navidad el año que viene? En absoluto. Las prestaciones se seguirán pagando aunque se agote el fondo de reserva. Hasta el año 2000 no hubo 'hucha' de las pensiones y la Seguridad Social tuvo déficit desde 1992 hasta 1998, y en todos esos años se abonaron las 14 pagas a los pensionistas. Si la Seguridad Social no tenía dinero suficiente pedía un préstamo al Banco de España o a las entidades financieras. De hecho, José María Aznar pidió a los bancos uno de 500.000 millones de pesetas (unos 3.000 millones de euros) en 1996 que, a día de hoy, todavía se está devolviendo, aunque sólo queda una cantidad residual.

En estos momentos, el Gobierno podría también pedir un préstamo al Tesoro, pero en realidad lo que pretende es que el Pacto de Toledo (la comisión parlamentaria que debe acordar los cambios en pensiones) apruebe en los próximos meses medidas que aporten más ingresos para las pensiones y eso consiste, básicamente, en que desde el presupuesto del Estado, es decir, de los impuestos se transfiera más dinero a la Seguridad Social.

Urge adoptar medidas inmediatas. Los diez meses de Gobierno en funciones han impedido que el Pacto de Toledo se pusiera en marcha antes. Esta semana ha tenido su primera reunión y la posibilidad de que finalmente haya investidura este mes permite pensar que dará tiempo a pactar la fórmula para restituir el equilibrio financiero a la Seguridad Social.

El portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso, Antonio Roldán, cree que el problema es que hay un mercado laboral «roto» con excesiva temporalidad. El partido de Albert Rivera propugna el contrato único para equiparar derechos, lo que redundaría en ingresos por cotizaciones. Desde el PSOE se plantea crear un nuevo impuesto vinculado a la riqueza; en Podemos abogan por recuperar las ayudas a la banca y destinarlas a las pensiones así como utilizar parte de la recaudación tributaria para pagar las prestaciones de viudedad y la revalorización. También coinciden, curiosamente, CC OO y el PP en que sea el Estado quien financie las pensiones de viudedad y orfandad, aunque desde el sindicato matizan que sin sacarlas del sistema de contributividad. De los más de 140.000 millones de euros a que asciende el presupuesto de la Seguridad Social, 23.000 millones se destinan al pago de las prestaciones a viudas, viudos y huérfanos. Trasladar su financiación al Estado resolvería de un plumazo el déficit y los problemas de liquidez del sistema que tiene ahora. Sin embargo, una medida de este tipo se tendría que implementar gradualmente; no es factible trasladar de golpe un gasto de más de 20.000 millones a los Presupuestos Generales del Estado, y menos con la presión para reducir el déficit.

La idea que barajan en el PP es que podría hacerse en un periodo de diez años, como ocurrió con los complementos a mínimos. De ser acordado así por el Pacto de Toledo a tiempo de incluirlo en los presupuestos de 2017 -que podrían aprobarse en torno al mes de marzo si hay investidura-, esta medida allegaría unos 2.000 millones de euros a la Seguridad Social el próximo ejercicio. Seguiría siendo insuficiente para restablecer el equilibrio financiero del sistema en ese año, pero solventaría parte de la crisis de tesorería que va a sufrir la Seguridad Social en diciembre del año que viene cuando se agote el fondo de reserva y le falten cerca de 4.000 millones para abonar la extra. El resto requerirá otras medidas, un préstamo del Tesoro o una transferencia del Estado.

Fuentes del Gobierno en funciones señalan que ha llegado la hora de que el Estado acuda en ayuda de la Seguridad Social. Durante años las cotizaciones sociales cubrieron gastos que no le correspondían como la sanidad pública, pensiones no contributivas o complementos a mínimos. El año pasado, las transferencias del Estado superaron los 13.000 millones de euros, tras casi duplicarse en 2013 al culminar la separación de fuentes y asumir desde el presupuesto estatal todos los complementos a mínimos. Al final de la legislatura de Zapatero, el Estado sólo pagaba el 37% de esas aportaciones. Ahora, el Estado ya aporta el 100% y eso se logró en plena recesión, lo que demuestra que sería asumible volver a aumentar las transferencias del Estado para las pensiones. Claro que eso supondría recortar ese dinero de otros ámbitos porque también hay que cumplir el objetivo de déficit comprometido con Bruselas. «Es una decisión política y corresponde al Parlamento», señalan desde el Ejecutivo en funciones, que esta vez que no tiene mayoría absoluta sí busca el mayor consenso .

UGT rechaza sacar las pensiones de viudedad de la Seguridad Social por temor a que se modifiquen sus condiciones, pero admite que «de forma inmediata es necesario un crédito presupuestario o que vengan ingresos directamente de los impuestos», explica la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, María del Carmen Barrero. Recalca que UGT no pide subidas de impuestos, sino una reorganización de los mismos «para que haya una cesta que cubra el déficit y, además, proporcione un excedente para nutrir la hucha».

Desde el Ministerio de Empleo subrayan que la medida que se acuerde en el Pacto de Toledo debe proporcionar unos «ingresos estables y uniformes a lo largo del año». Por eso, descartan que las aportaciones procedan de un único impuesto que pueda tener vaivenes de recaudación. La ventaja de que se apruebe una aportación definida del Estado en lugar de un impuesto finalista como propone el PSOE -aunque el dinero procedería igualmente de los tributos-, es que a la Seguridad Social llega la misma cantidad cada mes. En todo caso, el Gobierno dice estar abierto a negociar cómo instrumentar esa mayor financiación: ya sea para destinarla a todas las pensiones, que se vincule con las de viudedad, o que lo que se pague con impuestos sean las bonificaciones.

Escrutinio a las prestaciones

Pero el Pacto de Toledo tendrá que someter a «escrutinio» todas las prestaciones para adaptar el sistema a tiempos futuros. Medidas no tan urgentes, pero sí de gran impacto. Y tanto en el PP como en el PSOE tienen en mente futuros cambios en las pensiones de viudedad, que no afectarían a los derechos adquiridos. España es el único país del entorno donde las pensiones de viudedad son vitalicias y compatibles con un salario u otra pensión, amén de no estar vinculadas al nivel de ingresos. La incorporación de la mujer al mercado laboral y el consiguiente derecho a cobrar pensión de jubilación hará que, cada vez más, la Seguridad Social tenga que hacer frente a una duplicidad de prestaciones: trabajadoras que se queden viudas pueden ahora cobrar su salario y la pensión o dos pensiones cuando se jubilen; y lo mismo ocurre con los viudos. En otros países no se pueden cobrar dos pensiones o la prestación de viudedad es temporal. Un marco por el que casi con seguridad avanzará España.