CAZA, PARTIDOS Y PRESUPUESTOS

MANUEL GALLARDOVicepresidente de la Federación Extremeña de Caza

Los acuerdos, desacuerdos y los juegos políticos, propios de los malabaristas más afamados, son los que están caracterizando la agenda política de nuestro país en estos últimos tiempos.

Las frágiles mayorías o débiles minorías, obligan a las fuerzas políticas a buscar, rebuscar, justificar y legitimar acuerdos que a priori pueden antojarse poco verosímiles. Éste es el caso de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado Español para el ejercicio 2017, donde en su tramitación parlamentaria, al igual que en tiempos pretéritos con gobiernos tanto del PSOE como del PP, se hacen grandes y sustanciales concesiones a partidos de corte nacionalista, que poco o nada van a beneficiar a otras regiones, sobre todo a las más desfavorecidas.

Aunque en esta ocasión no vamos a entrar a valorar estas cuestiones, por no ser el objeto de este artículo. Pero... ¿por qué se traen estas circunstancias al entorno de la caza?, se preguntarán ustedes. Pues intentaremos responder a la cuestión de la mejor y más didáctica manera.

En las últimas Elecciones Generales los partidos políticos animalista obtuvieron un importante número de votos, al igual que en las celebradas en 2016. Gracias a la Ley Electoral, estos partidos no obtuvieron representación en el Congreso, pero con un sistema de circunscripción única, y manteniendo la Ley D´Hont, la cosa hubiese sido diferente y el desembarco habría sido una realidad.

Entre las propuestas esgrimidas en los programas electorales de más de un partido de los que concurren a las elecciones, se encuentra poner fin a la tauromaquia y a la caza. Y aquí es donde toda esta historia viene a enlazar, de forma muy preocupante, con lo que ha ocurrido en el proceso de negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Solamente hay que imaginar un hipotético escenario, fruto de los resultados de la próxima convocatoria de Elecciones Generales, donde desafortunadamente, para nosotros cazadores, los partidos políticos que nos ocupan pudiesen obtener uno o dos diputados en el Congreso. Partidos, que no parece que tenga una ideología definida, ni un modelo claro de desarrollo y gobierno de un país, y por tanto es más que probable su buena disposición para llegar a acuerdos con cualquier fuerza política que sustente a un Gobierno, probablemente en minoría.

¿Se imaginan ustedes qué ocurriría si para aprobar una ley tan importante como la de presupuestos, el gobierno de turno necesitase uno o dos votos de los partidos que hemos comentado anteriormente, para sacar adelante su iniciativa legislativa? Pues que quizás obtendría el apoyo parlamentario de esos grupos, pero lógicamente pagando el peaje correspondiente. Aunque esto entra en el universo de las conjeturas, una de las peticiones, como contraprestación, podría ser la prohibición de la caza o de alguna de sus modalidades ¿por qué no, si están entre sus prioridades? No es la pretensión hacer un artículo apocalíptico, pero si algo hemos aprendido de la última crisis vivida en nuestro país, aun por resolver, es que los derechos no son para siempre y que hay que estar atentos a los posibles escenarios que pudiesen producirse y sobre todo anticiparse a ellos.

El futuro llegará inexorablemente y hay dos opciones: dejar que llegue y lo hará, no sabemos cómo, o por el contrario trabajar para configurarlo. Así que queda mucha tarea por hacer, siempre desde la perspectiva del diálogo, la perseverancia y la razón argumentada. La caza necesita ser conocida y aceptada socialmente como una actividad que contribuye a la biodiversidad y al desarrollo y mantenimiento de la población en el mundo rural. Una actividad sostenible, realizada por personas respetuosas con el medio natural, conocedoras de su entorno y amantes de sus tradiciones y su cultura. Por otro lado, es cierto que la caza o la no-caza no es el mayor de los problemas que aquejan a España, pero es seguro que si la intención de algún grupo es anteponer los intereses de los animales por encima de los derechos de las personas, mal vamos. Las decisiones políticas, se vote o no se vote en las urnas, tienen una repercusión directa en la sociedad y la caza no es ajena al proceso. Una iniciativa legislativa puede cambiar de un día para otro nuestro entorno.

Hemos visto en demasiadas ocasiones ya, cómo se han perdido derechos y no ha sido posible recuperarlos por mucho que se haya salido a la calle a toro pasado. Conviene llegar a acuerdos, provinciales, autonómicos o estatales con los partidos políticos que entre sus propuestas no esté cercenar el derecho a cazar. Acuerdos claros porque necesitamos saber quien va a defender y apoyar la cacería y quien no, de esa manera nuestro voto puede irse construyendo desde este mismo momento y evitar sorpresas de última hora.

Otro pequeño problema que tenemos que resolver al calor de esta cuestión, es quién es el interlocutor o interlocutores que representan legítimamente a los cazadores y a la caza. Una representación muy atomizada o excesivamente corporativista no parece que sea lo más útil. Siempre será mejor una unidad de acción sólida y solvente que, por encima de intereses particulares, defiendan la actividad cinegética y lo que supone. La caza no tiene ideología... pero vota.

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