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REDACCIÓN
CÁCERES.
Miércoles, 20 de junio 2018, 07:52
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IQ Finanzas Europa, S.L., la firma que desea hacerse con el 98 por ciento del accionariado del Cacereño, es un 'chiringuito financiero'. Así lo ha alertado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un documento público fechado el pasado día 11 de junio en el que se «advierte» que la mercantil no está autorizada para prestar servicios de inversión ni asesoramiento en esta materia, al no estar registrada en este organismo dependiente del Ministerio de Economía y Empresa. Tal advertencia puede ser consultada en su web.
Según recoge la Ley del Mercado de Valores, las empresas no registradas en la CNMV, como es el caso de IQ Finanzas, no pueden prestar servicios de recepción, transmisión y ejecución de órdenes de clientes, así como gestión de carteras o asesoramiento en materia de inversión. Tampoco pueden realizar actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva. Este último concepto es una de las razones de ser de la mercantil cuyo socio único es el chileno Álvaro López. Se trata de una empresa que cuenta con Luis Puebla, oficioso gerente del Cacereño, como administrador único.
Las competencias de la CNMV se circunscriben al ámbito meramente administrativo. Es por ello por lo que desde el organismo estatal aconseja a los posibles damnificados acudir a la justicia ordinaria en el caso de que se hayan podido sentir perjudicados por la actuación de este tipo de entidades no registradas y que pueden desembocar en estafas. IQ Finanzas Europa, que en la red opera bajo el dominio 'clubiqdesarrollo.com', desembarcó en Cáceres el 12 de septiembre de 2017, cuando se anunció que el club de inversiones se hacía con todo el paquete accionarial del Cacereño de Antonio Martínez Doblas. Sin embargo, este cambio de titularidad en el accionariado no llegó a hacerse efectivo, pese a que el propio Álvaro López se erigió públicamente en máximo accionista en varias ocasiones, en contra de la realidad y de lo que rezaban las instancias oficiales. Todo con la permisividad de Martínez Doblas, quien continúa ostentando el 98 por ciento del accionariado a través de la mercantil Nuevos Desarrollo Financiero 2005, S.L.
No fue hasta el 16 de febrero cuando IQ Finanzas envió al Consejo Superior de Deportes la documentación para solicitar la autorización previa para proceder a la compra del 98 por ciento. El 7 de marzo, el organismo estatal dio luz verde a dicha operación. Sin embargo, el cambio de titularidad no se ha hecho efectivo, pues no existe constancia de que la entidad haya comunicado al CSD cambio alguno en el libro de registro de acciones nominativas. Una notificación de obligado cumplimiento. El plazo para hacer efectiva la autorización previa expirará en septiembre. Tampoco se ha establecido cambio en el consejo de administración de la sociedad anónima deportiva, aunque este paso es independiente del cambio de titularidad y no es obligatorio.
La irrupción de IQ Finanzas en España se remonta a diciembre de 2016, cuando este sello de origen mexicano se hizo cargo de la gestión del Real Avilés a través de la sociedad Real Avilés Gestión Deportiva. En julio de 2017 el entramado encabezado por Álvaro López fue apartado por los propietarios del club asturiano debido a un incumplimiento de contrato. Un hecho probado posteriormente en septiembre en sede judicial en el procedimiento de medidas cautelares. Ya el pasado abril, cuando IQ Finanzas estaba gestionando el Cacereño, el sello de inversiones colectivas renunció a luchar judicialmente por recuperar la gestión del decano del fútbol asturiano tras llegar a un acuerdo con la propiedad.
La gestión de IQ Finanzas en el Cacereño durante el presente ejercicio ha arrojado dudas, con impagos a proveedores y al cuerpo técnico despedido el pasado mes de diciembre. Tampoco se ha respetado el acuerdo alcanzado en el acto de conciliación judicial. Una falta de liquidez que también ha afectado a la plantilla, que ha acumulado retrasos. Además, el Cacereño se enfrenta a una demanda de José Luis Tamargo. El exdirector deportivo reclama vía judicial los 150.000 euros de una cláusula de su contrato en caso de despido improcedente.
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